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El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha enviado a los juzgados de Barcelona los informes de los Mossos d’Esquadra y del Ministerio del Interior sobre los motivos por los que Carles Puigdemont no fue detenido cuando apareció públicamente en la capital catalana el pasado 8 de agosto. Llarena destaca que estos informes no reflejan "impedimentos" concretos que expliquen el fracaso del "dispositivo policial", por lo que remite la información “a los efectos legales oportunos” y con el aviso de que no se puede "excluir la participación de otros responsables no aparentes" en la huida.
Llarena apunta en concreto a dos posibles delitos. El primero establece que "la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años". El segundo apunta a que "será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años el que, con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, interviniere con posterioridad a su ejecución, (...) ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca o captura".
El magistrado remite estos informes a los juzgados de Barcelona porque él carece de competencia para investigar los hechos. “Pese a expresarse en el informe autonómico la dificultad de abordar la detención del procesado en el seno de la aglomeración de personas a la que se incorporó y pese a indicar la posible participación de tres individuos en la fuga, los informes no reflejan impedimentos para que el dispositivo policial pudiera abordar la detección del procesado rebelde en su tránsito hasta el lugar donde se unió a esa aglomeración de personas que le esperaban, ni la imposibilidad de abordar con efectividad su posterior seguimiento y alcance", advierte.
Al hablar de "tres individuos", Llarena se refiere a los tres agentes de los Mossos d'Esquadra que ya fueron detenidos por supuestamente ayudar al expresidente catalán, pero a continuación abre la puerta a la posible "participación de otros responsables" y añade la coletilla de "no aparentes".
Todo lo que Interior pudo hacer para detener a Puigdemont y no hizo
Alejandro Requeijo
Como desveló El Confidencial el pasado 18 de agosto, el Ministerio del Interior también eludió identificar a los responsables del operativo sobre Puigdemont. Su informe despachaba en apenas cinco folios las explicaciones solicitadas por el magistrado, pero sin responder a sus preguntas de quién ordenó las actuaciones después de la fuga ni quién las aprobó.
"Durante la tarde del mismo día 8 de agosto, ante la hipótesis de que el expresident intentara acceder al Parlament para participar en la parte restante del acto de investidura y votación al candidato (Salvador Illa), Policía Nacional y Guardia Civil establecieron un dispositivo conjunto, suficiente, en el entorno del Parlament, con resultado negativo, ya que no se localizó al prófugo", se limitaba a decir el informe. "Por los servicios de información e inteligencia del Ministerio del Interior, durante toda la jornada del jueves 8 se realizaron innumerables comprobaciones de diferentes informaciones que se manejaban".
El documento de Interior enumeraba también los puntos exactos en los que dispusieron controles en carretera para tratar de interceptar al líder independentista en su fuga. Detallaba hasta 15 puntos entre Lleida y Girona, pero sin aclarar el cuerpo policial que se encargó de ellos.
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