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La Fiscalía Anticorrupción ha rebajado de 22 años a 2 años y 7 meses de cárcel la petición de condena para Serafín Castellano, exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana y exconsejero del PP, después de que éste haya reconocido los hechos que se le imputan en el juicio por el conocido como cártel del fuego.
El representante del Ministerio Público ha explicado que las conversaciones previas con la defensa de los acusados se han saldado con el reconocimiento de los hechos por parte tanto de Castellano como de otros 11 acusados.
Durante su declaración en el juicio, el fiscal le ha recordado a Castellano que "ha reconocido, con la asistencia de su letrado, todos los hechos del escrito de acusación del Ministerio Fiscal". "Sí, ratifico todos los escritos", ha apuntado.
Los únicos acusados que han descartado reconocer los hechos imputados y negociar una rebaja de las penas han sido Rubén Mariano García; el exgerente de la empresa Avialsa Francisco Antonio Alandí; el ex coordinador del servicio contra incendios Vicente Bosca; y el responsable de la División Operativa de la Dirección General de Emergencias y Seguridad de la Generalitat de Cataluña Manuel Bosch.
Cabe destacar que, a pesar de que el instructor propuso juzgar a 17 personas, tan solo 16 se sientan en el banquillo de los acusados tras la muerte de Fernando Espejo el pasado año.
Estas conformidades han supuesto la rebaja de la petición de condena por parte de la Fiscalía para Castellano, entre otros, de los 21 años iniciales hasta los dos años y siete meses de prisión. La Fiscalía le imputaba inicialmente la comisión de delitos de falsedad en documento público, delito continuado de cohecho, prevaricación, malversación y asociación ilícita.
Contratos para extinguir incendios
"La defensa de este acusado, casi inminente, prácticamente en el juicio, casi no, con el juicio encima, ha sido la que ha manifestado al Ministerio Fiscal la voluntad de reconocimiento concluyente", ha detallado el fiscal.
Cabe recordar que el juez instructor propuso juzgar en 2022 al cártel del fuego por los presuntos amaños en contratos para la extinción de incendios.
En el auto por el que la Sala de lo Penal confirmó el procesamiento de los encausados, en noviembre de 2022, recordaba que el juez instructor, al procesar a un conjunto de personas entre empresarios de la navegación aérea, autoridades o funcionarios, describió prácticas "con ánimo de lucro" para "alterar los términos de la normal concurrencia en los procesos de contratación y adjudicación pública", corrompiendo mediante presuntos sobornos.
El fiscal subrayaba en su escrito que los acusados, en el periodo comprendido entre 1999 y, al menos, 2018, en relación con la actividad de contratación del sector público en el ámbito de la navegación aérea, fundamentalmente en el de la extinción de incendios forestales afectante a los intereses generales, desarrollaron múltiples conductas ilícitas.
Regalos vinculados a la caza
Fue en junio de 2022 cuando el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, ya jubilado, explicó que los integrantes del cártel del fuego habrían actuado indebidamente incrementando el gasto en favor de las personas y empresas concertadas; permitiendo prórrogas o modificaciones contractuales; aprobando facturaciones, o favoreciendo a determinadas personas y entidades.
Solo al ex alto cargo valenciano, y sin que eso agote todas las dádivas entregadas, se le realizaron, según concretó el juez y tomando únicamente en cuenta el ámbito de las actividades cinegéticas, regalos por importe no inferior a 163.736,02 euros.
Los empresarios y sus compañías se habrían repartido geográficamente el mercado de la contratación pública en el sector, así como los procedimientos concretos de contratación, incluso mediante progresivas reuniones en las que preestablecían qué sociedades concurrirían, en qué zonas de influencia y las sucesivas compensaciones y liquidaciones económicas dentro del propio cártel.
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Isabel Morillo. Sevilla
García Castellón destacó que estos presuntos amaños se habrían producido no solo en España sino también en otros países, así como que en ocasiones habrían propiciado que algún concurso quedara desierto, generándose así un incremento posterior del precio de licitación en el procedimiento negociado sin publicidad.
Y precisó que, según los informes de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), solo en la Comunidad Valenciana, donde se han constatado las principales infracciones, con sujeción a la exclusiva concurrencia de AVIALSA —vinculada al investigado principal, Vicente Huerta Domínguez— y ocasionalmente UTES en las que se integraban otros investigados, entre 1999 y 2017 se concertaron contratos por un total de 151.585.386,22 euros.
La presunta corrupción de los funcionarios y autoridades intervinientes en estos procesos de contratación se hacía con la entrega de dádivas o regalos, lo que habría derivado en "una sistemática actuación de generación de actitudes clientelares en el ámbito de la administración interviniente en el sector".
Red clientelar
En concreto, según el juez, se ha comprobado que, en el ámbito contractual de la Comunidad Valenciana y Cataluña, el grupo de entidades o sociedades vinculadas con AVIALSA realizó por diversos medios, en favor de funcionarios o autoridades, entregas de metálico o regalos como vehículos, cacerías, armas de fuego y accesorios, relojes y joyas o estancias en establecimientos hoteleros.
Para el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, los hechos podrían constituir delitos de cohecho; organización criminal; alteración de precios en concursos o contratación pública; falsedad documental; malversación de caudales públicos; prevaricación; asociación ilícita, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos; y tráfico de influencias y exacciones ilegales.
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