La Fiscalía del Supremo investigará a Alvise por su relación con el Madeira Invest Club

La Fiscalía del Supremo investigará a Alvise por su relación con el Madeira Invest Club

La Fiscalía General del Estado ha remitido a los fiscales del Tribunal Supremo una denuncia que sostiene que el eurodiputado de Se Acabó la Fiesta, Alvise Pérez, recibió 100.000 euros en metálico durante la campaña de las elecciones europeas por parte del chiringuito financiero Madeira Invest Club. La Fiscalía considera que Pérez pudo incurrir en un delito de financiación ilegal y remite el caso al alto tribunal porque sería el único competente para investigarle por su condición de eurodiputado.

Como desveló El Confidencial el pasado 13 de septiembre, Alvise Pérez desvió parte de las donaciones que recibió para financiar su campaña a través de criptomonedas a dos cuentas opacas que también albergaban dinero de este negocio. La conexión entre el empresario y el eurodiputado no queda ahí, pues el pasado abril, Pérez participó a su vez en un evento organizado por Madeira Invest Club en el hipódromo de la Zarzuela.

Seis días después de la publicación de estas informaciones y de anunciar el cierre del Madeira Invest Club, el propio creador del chiringuito financiero, Álvaro Romillo, presentó la denuncia que la Fiscalía remite ahora al Supremo. "Se recibió en la Fiscalía General del Estado el pasado día 19 y ayer fue presentada una ampliación de la misma", apuntan desde el Ministerio Público. "Se ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo, que es la competente para investigar si puede existir un delito de financiación ilegal".

Según avanzó este martes Eldiario.es, Romillo sostiene que él mismo le entregó los 100.000 euros en efectivo a Alvise y ha aportado documentación para probar su relación con el eurodiputado. La ley sobre financiación de los partidos políticos prohíbe "donaciones procedentes de una misma persona superiores a 50.000 euros", así como las "procedentes de personas jurídicas y de entes sin personalidad jurídica".

Guillermo Cid

La denuncia de Romillo probaría una relación económica que el político negó desde la publicación del artículo por parte de El Confidencial. Ante la pregunta sobre los contactos, el equipo de Alvise aseguró que tenían una "sencilla y ridícula explicación", pero que no la daban a este medio por no haberle entrevistado tras las elecciones europeas. A día de hoy sigue sin dar una explicación a este asunto, aunque en sus distintos canales de comunicación dejó caer que al evento le invitaron sin nada de dinero de por medio y él aceptó con tal de llegar a un mayor número de posibles votantes.

Otra denuncia contra Madeira

El propio entramado de Madeira Invest Club ha sido denunciado a su vez en la Audiencia Nacional por un presunto delito de estafa. Este tribunal ya ha abierto diligencias y ha solicitado informe a la Fiscalía, que ahora deberá decidir si también pide que se envíe la causa al Supremo o considera que se trata de hechos distintos. En ese caso, cabría mantener dos causas abiertas en paralelo: una por estafa en la Audiencia Nacional y otra centrada en Alvise Pérez por un posible delito de financiación ilegal.

Guillermo Cid

En la Audiencia hay al menos tres denuncias colectivas de distintos afectados que hablan de un total de 30.000 personas relacionadas con el caso y más de 300 millones de euros comprometidos. Todos serían inversores de este supuesto club que prometía rentabilidades superiores al 60% en inversiones como yates, coches de lujo u oro y que su gran atractivo es que no pedía datos personales para realizar las inversiones.

El sistema fue cayendo hasta su cierre. Con todo el dinero recaudado habían abierto varios negocios abiertos en el barrio de Salamanca como concesionarios de lujo, tiendas gourmet o restaurantes de postín. También gestionaban un gran festival de música en Málaga y hoteles en distintas ciudades.

Madeira Invest Club anunció su cierre el pasado 16 de septiembre, tras las noticias desveladas por El Confidencial. En un vídeo compartido en un grupo privado de Telegram, apuntaron a una investigación judicial en curso por la que se les habían bloqueado todas las cuentas. En el clip, Romillo, cuya identidad no se conocía públicamente hasta que fue desvelada por este medio, ya señalaba al político como culpable de esta situación. Días después llevó la denuncia a la Fiscalía.



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