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En medio del perenne debate sobre la durabilidad de la legislatura y la estabilidad de los apoyos parlamentarios del Gobierno, en particular de Junts, el Consejo de Ministros ha presentado hoy el anunciado plan de acción democrática, con medidas de regeneración y transparencia de los medios, algunas basadas en el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación. Se trata sólo de un esbozo de futuros cambios legales, que abren múltiples debates, muchos de ellos aún sin delimitar, que el Ejecutivo, por su propia debilidad parlamentaria y su incomunicación con el PP, no tiene garantías de sacar adelante. En total, una treintena de iniciativas, que se aprobarán a lo largo de los tres próximos años y que tocan áreas muy diversas.
El Gobierno pretende crear un registro de medios de comunicación, cuya gestión dependerá de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, para que sea pública tanto la información sobre su propiedad como la inversión publicitaria que reciben. Esto debería servir para distinguir entre lo que la Moncloa llama medios y pseudomedios. Una discusión que el presidente del Gobierno lanzó, tras sus cinco días de reflexión para decidir sobre su propia continuidad, que se tomó a raíz de la investigación judicial a su esposa.
Pero, apenas aún hay detalles de esta nueva regulación para "establecer los criterios que definen qué es un medio de comunicación, entre otras plataformas, cuya finalidad no es informar, aunque el compromiso es que se pactará con los grupos parlamentarios y con las asociaciones profesionales. La tesis que ha defendido públicamente Pedro Sánchez es que no puede haber medios con más financiación que lectores y que esta no puede depender de las administraciones públicas.
Por eso se impulsa también una reforma de la ley de Publicidad Institucional. A pesar de que ni siquiera el Gobierno hace públicos los datos, el Ejecutivo se compromete ahora a ser transparente y a que también lo sean las comunidades autónomas. En la Moncloa acusan veladamente a las regiones del PP de financiar a medios con líneas editoriales conservadoras para desgastar al Ejecutivo. "Se hace necesario", recoge el texto, "fijar límites a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación, para que no haya medios esencialmente impulsados por o dependientes de administraciones públicas". Esta idea va a propiciar ahora que el propio Gobierno se imponga legalmente a dar a conocer el destino de la publicidad institucional.
El reparto se debería de producir, a partir del momento en que se cambie la ley, con criterios de "transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación". Y para lograrlo, el Ejecutivo implementará un sistema de medición de audiencias, que debe impedir a los medios incurrir en prácticas "que alteran las visitas reales". El ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, y el de Cultura, Ernest Urtasun, han sido los encargados de diseñar todo este plan, que la Moncloa impulsará ahora a conveniencia. Según Urtasun, se pretende "hacer más justo el sistema de reparto de la publicidad institucional y evitar que con dinero público se estén financiando pseudomedios que promueven la intoxicación mediática y las 'fake news".
Además, se prevé cambiar las leyes que consagran el derecho al honor y a la rectificación. Aunque no se ha constatado fallos en su funcionamiento y es un asunto que genera muchos recelos entre los periodistas, el Gobierno entiende que su regulación ha quedado "obsoleta" porque responden al ecosistema de medios de comunicación que existía en los años 80 y es necesaria su actualización. Bolaños explicó que los ciudadanos que se puedan ver afectados por "bulos o mentiras" o por informaciones que lesionen su "reputación" deben obtener una "respuesta ágil y efectiva por parte de los tribunales" Fuentes del Gobierno explican que en el trasfondo de esta reforma figuran los ataques a la intimidad y a la imagen y la persecución que sufren algunos ministros y sus familias por seguidores de medios ultra o de políticos como Alvise.
El plan de acción democrática toca también aspectos vinculados a las elecciones y recoge la obligación de celebrar debates electorales entre candidatos. No ofrece mayor concreción. Sobre las encuestas apunta a que se obligará a que "en periodos cercanos" a la convocatoria electoral se incluyan los microdatos sobre los que se apoya el resultado del estudio.
En la Moncloa están convencidos de que determinadas empresas demoscópicas o quienes les encargan los trabajos "intentan influir" en las elecciones generando un clima de opinión en contra del Ejecutivo. En este punto no se hace ni una sola alusión a los efectos de los sondeos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), siempre más favorables a las formaciones de izquierda. Se desconoce aún el momento exacto del proceso electoral en que será obligatorio publicar los microdatos junto a las encuestas. Fuera de esta reflexión ha quedado el levantamiento del veto a la publicación de sondeos en la última semana de campaña.
Las medidas incluyen cambios en el Código Penal para abordar una "reforma integral" de los delitos relativos a la libertad de expresión que afecten a las instituciones del Estado y a la Corona. Pero tampoco se arroja luz de si se eliminará o cambiará el delito de injurias contra la Monarquía. Bolaños evitó confirmarlo y lo supeditó a lo que finalmente apruebe el Congreso. Pero fuentes de Sumar aseguran que está pactado y que los socialistas han aceptado retirar esta protección.
La regeneración democrática impulsada por el Gobierno alcanza al establecimiento de mayores garantías de la independencia de los medios de comunicación. El texto sostiene que "para evitar las presiones del ámbito político y empresarial sobre los profesionales de la información, es necesario adoptar nuevas medidas que protejan la independencia editorial y los derechos de los profesionales".
En este sentido, se dará impulso a la ley de secreto profesional de los periodistas como garantía jurídica para la protección de fuentes y se les reforzará ante "acosos externos". Pero, se da la circunstancia de que estos planes se han conocido a la vez que este diario ha publicado que el PSOE recopila información contra jueces, como Juan Carlos Peinado, instructor de las diligencias contra la mujer del presidente del Gobierno, o el magistrado de la Audiencia Nacional recién jubilado Manuel García-Castellón, y contra periodistas.
A continuación, un resumen con las principales iniciativas.
1. Aprobación de la nueva Estrategia de Gobierno Abierto y remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Administración Abierta para ampliar las obligaciones en materia de transparencia, reforzar los controles sobre los cargos públicos, en especial en materia de conflictos de interés y ampliar la participación ciudadana la colaboración de la sociedad civil en los asuntos públicos.
2. Celebración en la ciudad de Vitoria-Gasteiz de la novena Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto en otoño de 2025, en la que participarán más expertos en la materia y líderes gubernamentales de todo el mundo.
3. Terminar la ejecución del IV Plan de Gobierno abierto (2020-2024) y preparar el V plan en un proceso de creación conjunta con las organizaciones de la sociedad civil.
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4. Adopción del Acuerdo por el que se aprueba el Sistema de Integridad de la Administración General del Estado.
5. Establecimiento de una obligación legal de rendición de cuentas cada seis meses para todas las administraciones.
6. Aprobación de una estrategia para profundizar en transparencia y reforzar la lucha contra la corrupción contemplada en la Ley 2/2023.
7. Aprobación del Real Decreto para la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante recogida en la Ley 2/2023.
8. Aprobación del Real Decreto de ampliación de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para crear dos nuevas unidades especializadas de la Fiscalía General del Estado para avanzar en la lucha contra el fenómeno de la corrupción pública y privada.
9. Reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales.
10. Creación de un registro de medios de comunicación en el que se disponga de información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben.
11. Establecimiento de un deber de publicación anual de inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas.
12. Reforma de la Ley de Publicidad institucional para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación.
13. Reforma de la Ley de Publicidad institucional para garantizar que sistemas de medición de la audiencia y la metodología que utilicen cumplan los principios de transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad.
Asimismo, se establecerán medidas de apoyo para aquellos medios de comunicación que estén íntegramente en lenguas oficiales diferentes del castellano.
14. Impulso de la ley de secreto profesional de los periodistas como garantía jurídica para la protección de fuentes.
15. Transposición Directiva anti-SLAPP para la protección de los periodistas de acosos externos.
16. Reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, en su artículo 36, apartado 23, sobre la calificación de la sanción por el uso de imágenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
17. Refuerzo de la autorregulación de los Medios y las Plataformas digitales en el marco del Código de buenas prácticas a nivel europeo.
18. Introducción de límites a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación, para que no haya medios impulsados por o dependientes de administraciones públicas.
19. Revisión del marco regulatorio para garantizar el pluralismo evitando la concentración de los medios de comunicación.
20. Aprobación de una Estrategia Nacional de lucha contra las campañas de desinformación.
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21. Reforma de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, para mejorar el sistema para instar y lograr la rectificación de noticias falsas o abiertamente tendenciosas, con indemnizaciones y plazos adecuados.
22. Abordar una reforma integral de los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos, con el fin de darles una redacción homologable a los países de nuestro entorno y de atender a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en materia de difamaciones y su encaje legal.
23. Puesta en marcha de un programa de ayudas dotado con 100 millones de euros para promover la digitalización de los medios de comunicación a través de la creación de bases de datos, el desarrollo de herramientas de mejora de la productividad y calidad informativa, así como el refuerzo de la ciberseguridad.
24. Reforma de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que cuente con competencias en materia de servicios digitales y medios de comunicación, en consonancia con la creación a nivel comunitario del Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación.
25. Creación de una nueva comisión en el Congreso de los Diputados sobre desinformación.
26. Reforma del Reglamento del Congreso para establecer la obligación de celebrar anualmente el debate sobre el estado de la Nación.
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27. Reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para establecer la obligación de celebrar debates electorales entre candidatos y candidatas.
28. Reforma de la de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para establecer una obligación de publicación de todos los microdatos de las encuestas electorales, debidamente anonimizados.
29. Reforma del Reglamento del Congreso y del Reglamento del Senado para reforzar las sanciones por la no presentación de declaración de bienes por parte de sus miembros o la presentación de información falsa o incompleta.
30. Aprobación de la Ley de Grupos de Interés que regule su código de conducta y facilite el seguimiento del proceso legislativo.
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