El truco legislativo derogado en Valencia que enreda el lío con la tasa turística del PP andaluz

Fue Francisco de la Torre, el alcalde de Málaga, quien dio la solución al Gobierno andaluz de Juanma Moreno para intentar quitarse la presión de la tasa turística. El veterano regidor deslizó hace unos días una idea que, a priori, parece magistral. De la Torre reclamó al Ejecutivo central la creación de un impuesto estatal para gravar el alojamiento turístico. La fórmula es sencilla y pasa por una reforma de la Ley de Haciendas Locales para dar a los municipios la posibilidad de crear un impuesto turístico a aplicar en hoteles y apartamentos. Con esa solución, en San Telmo matan dos pájaros de un tiro: ponen el foco en el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero y se sacuden las peticiones recurrentes de los alcaldes de las ciudades que sufren los "inconvenientes" del turismo.

El alcalde malagueño lanzó el globo sonda y en la Consejería de Turismo y Acción Exterior se han agarrado a él rápidamente. El titular, Arturo Bernal, encarna la principal oposición a este tributo, alineado con el sector, especialmente del hotelero de la Costa del Sol. El jueves defendió la bondades del modelo propuesto por De la Torre con un argumento sencillo. El Gobierno andaluz, dentro de su autonomía fiscal, puede crear un tributo autonómico, pero los ingresos quedarían en manos de la administración regional. Y según defendió Bernal, el camino para transferir el dinero recaudado por la Junta a los ayuntamientos es tortuoso. Con ese argumento, el contestado titular de Turismo señaló al Ministerio de Hacienda para reclamar esa reforma de la ley de Haciendas Locales y crear un tributo que los municipios puedan cobrar por su cuenta, como ocurre con el impuesto de basuras o el de Bienes Inmuebles (IBI).

El problema para la Junta en este asunto es que hay un truco legislativo que desmiente las tesis de Bernal y De la Torre y que intentó ponerse en marcha en la Comunidad Valenciana en los últimos meses del Gobierno de Ximo Puig. Los socios del Botànic (PSPV-PSOE, Compromís y Podemos) optaron por armar un texto legislativo de ámbito autonómico que, en realidad, permitió sortear las limitaciones de la ley de Haciendas Locales y dejaba en manos de la autonomía municipal la aplicación o no del impuesto. Durante ese proceso hubo también conversaciones con el Ministerio de Hacienda para que modificase la ley estatal y abriese la puerta a que fuesen los ayuntamientos los que, de forma voluntaria, tuviesen la capacidad de habilitar sus tasas turísticas.

Ante la falta de respuesta del departamento de María Jesús Montero, y tras muchos meses de negociaciones internas por la resistencia de Ximo Puig y su entorno por la fuerte presión en contra de sector hotelero, especialmente del que se concentra en Benidorm y la Costa Blanca a través de la patronal Hosbec, se optó por armar un tributo autonómico que nacía ya amputado de inicio y respetaba la voluntariedad municipal a través de la creatividad legislativa. Ciudades como Valencia, entonces gobernando por Compromís y los socialistas, sí eran partidarias de poner en marcha la tasa.

Esta ciudad italiana estaba colapsada de turistas, pero encontró la solución: los impuestos

P. Cerveró

Viajar sí, pero no a cualquier precio. Cada vez son más las ciudades tensionadas por el turismo que están aplicando medidas económicas para su control

La norma fue bautizada como Ley para impulsar el turismo sostenible y suponía la creación del impuesto valenciano sobre estancias turísticas (IVET), como un tributo propio de la Generalitat Valenciana. Fue aprobada en diciembre de 2022. El texto habilitaba a los municipios para fijar un recargo sobre el impuesto autonómico como instrumento de su política turística, al mismo tiempo que la ley recogía una bonificación del 100% sobre el tramo autonómico. Así, como en un movimiento de prestidigitador, el legislador lograba dejar en manos de los ayuntamientos la decisión de aplicar o no una nueva figura fiscal de ámbito regional a través de la aprobación de una ordenanza local.

La cuota del impuesto que los municipios podían aplicar basculaba entre los dos euros por persona y noche para los hoteles de cinco y cuatro estrellas hasta los 0,5 euros en el caso de los albergues turísticos.

El organismo encargado de la recaudación, a través de los propios establecimientos turísticos mediante el sistema de autoliquidación, era la Agencia Tributaria Valenciana, dependiente de la Generalitat. La norma preveía el desarrollo de un reglamento para fijar los plazos y forma para efectuar la correspondiente liquidación en favor de los ayuntamientos que aplicaran el recargo, cuyos ingresos podían emplearse para financiar acciones ligadas a la sostenibiidad del sector turístico: accesibilidad, inteligencia turística, innovación, investigación… No contemplada ninguna referencia concreta a paliar los problemas de acceso a la vivienda, por ejemplo, debate que ahora está encima de la mesa.

La ley valenciana bonificaba la tasa autonómica al 100% y permitía a los municipios aplicar un recargo local propio

El IVET nunca llegó a materializarse en la Comunidad Valenciana. Ximo Puig, muy incómodo por la presión en contra del sector hotelero, justificó en la necesidad de dar tiempo al sector para recuperarse del impacto del covid la inclusión de una disposición que aplazaba un año la entrada en vigor de la ley. Es decir, hasta diciembre de 2023, después de las elecciones autonómicas y municipales del 28M. En aquella cita el Botànic perdió la mayoría y PP y Vox hicieron presidente al popular Carlos Mazón, feroz opositor a la tasa turística.

Una de las primeras decisiones del barón conservador fue derogar la ley valenciana y nombrar consellera de Innovación e Industria, con competencias en Turismo, a Nuria Montes, hasta la fecha secretaria general de Hosbec. Victoria clara de los hoteleros, aunque hoy, con el sector superando cifras récord y el debate abierto sobre su impacto en las ciudades, ya hay quien con la boca pequeña en el PP cree que la renuncia a una figura fiscal que se aplica en destinos de todo el mundo debería reconsiderarse. Nadie se plantea eliminarla en Baleares, por poner un ejemplo, donde la también popular Marga Prohens recuperó el poder el año pasado.

Turistas a su llegada al aeropuerto de Málaga. (EFE)

En el PP andaluz van un paso por delante de sus compañeros valencianos, ya que el debate estalló en público el pasado febrero. Fue José Luis Sanz, el alcalde de Sevilla, quien destapó la caja de los truenos cuando propuso vallar y cobrar por la entrada de la Plaza de España. La idea a la que ahora se ha sumado Roma con la Fontana de Trevi recibió un sonoro portazo social y del Gobierno central, propietario del edificio. Pero sirvió para que los alcaldes andaluces de las ciudades donde se registra más turismo comenzaran a reclamar la creación del tributo. Las elecciones de mayo de 2023, las mismas que acabaron con la ley valenciana, pintaron de azul el mapa de las capitales de Andalucía, lo que derivó en un choque (leve) entre compañeros de partido.

Juanma Moreno se vio obligado a tomar cartas en el asunto después de que José María Bellido, alcalde de Córdoba, le reclamara el impuesto y propició una reunión entre el sector turístico, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (también en manos del PP) y la Consejería de Turismo. El resultado del encuentro, celebrado en Málaga, fue una declaración contraria del Gobierno andaluz al tributo al turismo por considerarlo "prematuro", en palabras de Arturo Bernal. Unos meses después, el consejero ya no usa ese adjetivo, sino que opta por buscar una solución en el Ministerio de Hacienda, argumentando que lo que hizo, a regañadientes, Ximo Puig en Valencia es poco menos que un imposible. Un vistazo al Diario Oficial valenciano del 19 de diciembre de 2022 refleja, sin embargo, que todo es posible con un poco de azúcar y creatividad legislativa

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