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El PP ha encontrado en el Gobierno de Canarias un aliado para presionar a Sánchez, forzar a que acepte sus postulados en materia migratoria y resolver la delicada situación por la que atraviesan las islas, con unos servicios asistenciales colapsados por el estancamiento de un pacto a nivel nacional. El giro en el discurso del presidente del Gobierno, que en su gira africana calificó por primera vez de "imprescindible" el retorno de irregulares a sus países de origen demostró que, más allá del ruido político, socialistas y populares están más cerca de lo que parece.
Los canales de comunicación han permanecido abiertos durante el mes de agosto, y tanto el PP como Coalición Canaria esperan a que el Gobierno mueva ficha y se abra a aceptar sus condiciones para aprobar juntos una reforma de la Ley de Extranjería que permita agilizar el reparto de menores migrantes por las comunidades autónomas. La ausencia de una respuesta por parte del Ejecutivo ha llevado al PP a mover ficha y a intentar que el PSOE valide en el Congreso el giro de Sánchez en materia migratoria y comprobar, con ello, las opciones de fraguar un acuerdo en el corto plazo.
El PP registró el pasado 28 de agosto una proposición no de ley en la que instan al Gobierno a desplegar medidas que permita incrementar las deportaciones de irregulares a sus países de origen. Según los últimos datos de Eurostat, España fue el quinto país de la UE que más expulsiones de migrantes extracomunitarios ejecutó en el primer trimestre de 2024, con más de 2.500 devoluciones y otras 1.505 órdenes de abandonar el país. En el PP consideran que estas cifras son insuficientes, atendiendo a la ingente crisis migratoria y las pesimistas previsiones de cara a los próximos meses.
La propuesta, a la que ha tenido acceso El Confidencial, habla de aumentar el personal administrativo para agilizar "la tramitación de los expedientes de devolución", así como revisar los acuerdos de colaboración con países como Marruecos, Mauritania o Senegal para que colaboren de forma efectiva en el control de los flujos migratorios y garanticen a España una respuesta en la ejecución de los retornos de ilegales que tramitan las autoridades españolas, "mejorando los recursos humanos y el personal administrativo para ello".
Aunque con matices, el PP está de acuerdo en la propuesta de "migración circular" que Sánchez anunció precisamente en su gira por África, y defienden incentivar la llegada de extranjeros siempre y cuando esté ligada al mercado de trabajo. Fuentes de la dirección del PP insisten en tender una mano a Sánchez y ven incluso una rendija para el acuerdo, pero buscan que el Gobierno se 'moje' con una votación en el Congreso y que pase por encima de las críticas de sus socios. El discurso del presidente del Gobierno sobre el retorno de ilegales generó enorme malestar en algunos de sus socios parlamentarios, como Sumar, Podemos o Bildu.
Despliegue del Frontex
La iniciativa parlamentaria del PP incluye otras de sus reivindicaciones para gestar de forma conjunta una política migratoria que ponga freno a las continuas oleadas de cayucos a la frontera sur. Una de ellas es la insistencia en solicitar a las autoridades europeas el despliegue de Frontex y de la Agencia Europea de Asilo para ayudar a las fuerzas de seguridad españolas en la vigilancia de las costas, mejorar las dotaciones y los medios técnicos de los Servicios Marítimos y Aéreos de la Guardia Civil y de los equipos del Servicio Integral de Vigilancia Exterior (SIVE).
Como publicó El Confidencial, el Gobierno ha rechazado por el momento pedir ayuda al Frontex para apoyar a Canarias, una "dejación de funciones" que critican desde el ejecutivo de Fernando Clavijo, y que ha llevado a Coalición Canaria a amenazar con acciones legales contra el Ejecutivo. Las islas piden desesperadamente ayuda para poner coto a la peor crisis migratoria que vive el archipiélago, con la llegada de 25.554 personas en lo que va de año, un 123% más que en 2023.
En su proposición no de ley, el PP recuerda también que, solo en lo que va de año, ya han entrado en España 12.140 irregulares más que en el mismo período del año pasado, un 66% más. "Lo más dramático", reiteran, es que estas cifras solo referencian a las personas que consiguen llegar con vida a las costas, ya que según un informe de Caminando Fronteras, más de 6.000 personas murieron el año pasado intentando llegar a territorio nacional, 300 de ellas menores de edad.
Por este motivo, desde Génova insisten en la necesidad de declarar la emergencia migratoria nacional y activar un fondo de contingencia para agilizar el despliegue de recursos e infraestructuras nacionales o autonómicas y responder con mayor agilidad a las peticiones de asilo y a la reubicación de migrantes especialmente desde Canarias, Ceuta y Melilla. Se trata de una reivindicación que Fernando Clavijo ve también con buenos ojos, por lo que tanto Coalición Canaria como PP hacen causa común para presionar al Gobierno y forzarle a que atienda estas peticiones.
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