Royal Manilva era una de esas urbanizaciones condenadas a languidecer por los efectos de la crisis del ladrillo. 90 viviendas con "buenas calidades" en la zona centro del último municipio de la Costa del Sol que "comenzaron a entregarse hace 16 o 17 años", comenta uno de sus residentes. Pero las dificultades de la promotora fueron cubiertas por un banco y un fondo de inversión que para los propietarios "ha sido una salvación". "Se hizo cargo de la deuda de las casas, ha instalado alarmas y ha tapiado las entradas de las que están vacías". Decisiones que podrían resultar extrañas para un grupo inversor, si se desconoce que este complejo residencial es objetivo de los okupas desde hace cuatro años.
Aproximadamente "una de cada tres" casas está okupada, explican los vecinos, que piden que se guarde el anonimato para evitar represalias. "La gran llegada se produjo a raíz de la pandemia del covid", pero el "efecto llamada" provoca que no cesen los intentos de acceder ilegalmente a las viviendas. Una dinámica que altera la convivencia y que ha escrito su episodio más surrealista con la piscina comunitaria.
A lo largo de los años, y por las circunstancias económicas de la urbanización, este equipamiento permanecía cerrado. "El agua se trataba con cloro y estaba cuidada, pero la piscina no estaba abierta". Este año "iba a ser el primero". Las personas que residen legalmente, y abonan la comunidad, decidieron destinar una partida económica para acondicionar el espacio y disfrutar en verano. Aunque no sería por mucho tiempo.
"Al día siguiente de estar en condiciones óptimas para el baño, la piscina se llenó de okupas y gente que no era de la urbanización a la que habían invitado. Tenemos videos en los que se ven a 20 o 30 niños de fuera, mujeres bañándose completamente vestidas —con el niqab—…", lamentan los residentes, que explican a El Confidencial que la situación prosiguió. "Reventaron las cerraduras de seguridad de las puertas y, cuando pusimos cadenas para cerrarlas, directamente arrancaron la valla para colarse por debajo", por lo que "a la semana tuvimos que abandonar la idea de tener piscina este verano".
Los vecinos afectados, además de por "todo el dinero perdido en acondicionar la piscina", están apesadumbrados por el trato que están recibiendo de las administraciones. "Cuando vimos a toda la gente en el agua, llamamos a la Policía Local. Nos respondieron que no podían venir porque había un incendio, pero también nos dijeron que eso era un problema de seguridad privada en el que no podían entrar. Y nos echaron la culpa de que se estuviesen colando porque las cerraduras y las vallas estaban rotas", relataron estupefactos los residentes, quienes han remitido diversos escritos pidiendo explicaciones.
En uno remitido el pasado 10 de junio a la alcaldía de Manilva (Málaga), la concejalía de Seguridad y Ciudadana y la Policía Local, se ponía en conocimiento de las autoridades el riesgo que había representado la entrada masiva de menores en unas instalaciones que entonces no estaban aptas para el baño y el hecho de que hubiesen forzado los accesos. Además de censurar que la respuesta que obtuvieron al contactar con el cuerpo policial fue que debían contratar vigilancia privada, la comunidad de propietarios exigió una justificación al hecho de que no acudiesen agentes.
Después de no obtener respuesta en plazo, y de que se volviese a requerir pasado 7 de agosto en un nuevo escrito, se recibió contestación de la Policía Local una semana después. En el documento, firmado por el oficial jefe del cuerpo, se especifica que hubo dos conversaciones con los administradores y que se entendió que "no era necesario" responder por escrito. También se da cuenta de otras gestiones por un problema con unos perros.
Los vecinos, este pasado viernes, remitieron una nueva comunicación en la que recordaban que eran los únicos interlocutores para los asuntos de la urbanización y en la que insistían en recibir una respuesta por el incidente de los "menores no acompañados" que accedieron a la piscina invitados por los okupas. "Queremos dejar constancia del aviso dado a la Policía Local sobre el riesgo de accidente o ahogamiento de menores en una piscina cerrada al uso, eximiendo de toda responsabilidad a la comunidad y haciendo responsable a las autoridades avisadas", se advierte.
Los vecinos vinculan una reciente operación de la Guardia Civil en la urbanización con un supuesto tiroteo entre okupas magrebíes y un clan
Los vecinos legales, aunque reconocen que los okupas no son agresivos con ellos, denuncian que se han registrado episodios de violencia que ponen en riesgo a sus familias. La Guardia Civil, días atrás, llevó a cabo un operativo en varios inmuebles en el curso de una investigación por tráfico de drogas que fue celebrado por los residentes. No obstante, éstos aseguran que el verdadero trasfondo de esta intervención —en la que participaron más de 50 agentes— es "un tiroteo entre un clan y okupas magrebíes que tuvo lugar el día de la final de la Eurocopa".
"Llevamos a los agentes una bala impactada que encontramos en la urbanización y nos comentaron que ellos habían encontrado seis. Los disparos fueron reales", insisten, antes de solicitar la implicación de las administraciones para atajar el problema de okupación que vienen padeciendo.
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