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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya tramita la querella presentada por Begoña Gómez por prevaricación y revelación de secretos contra el instructor de la causa sobre su actividad profesional. En una diligencia de ordenación hecha pública este martes, la Sala de lo Civil y Penal del TSJ ha registrado y numerado la querella que no se resolverá hasta el próximo septiembre. Ha sido designado como ponente el magistrado José Manuel Suárez Robledano por turno de reparto de la Sala. Si la querella fuera admitida, existiría en este caso causa de recusación contra el juez dado que la mujer del presidente del Gobierno es parte.
El trámite es similar al llevado a cabo con la querella de la Abogacía del Estado en nombre de Pedro Sánchez hace solo unos días. En ese primer caso, se designó como ponente el magistrado Francisco José Goyena. El juez, que remitió recientemente al Supremo una exposición razonada contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, para que se le impute por revelación de secretos, formará también parte de la Sala que debe decidir sobre la querella de Gómez. La tercero de la Sala es la magistrada María Prado.
Suárez Robledano, el ponente de esta segunda querella, fue elegido consejero del Tribunal de Cuentas en junio de 2012 por el Congreso a propuesta del PP tras una larga trayectoria anterior en distintos juzgados. Fue portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de signo conservador.
La querella apunta a una revelación de secretos e indica que "la causa fue de conocimiento general para toda la ciudadanía desde el 24 de abril" pese a estar declarada reservada. Como consecuencia -dice- Gómez no gozó "de todas las garantías para su defensa" y se enteró "de los avatares de su proceso por los medios de comunicación mientras se la privaba de cualquier acceso al mismo", con un grave "perjuicio" para sus derechos. Agrega que el magistrado, dio traslado de documentación a varias acusaciones personadas, entre ellas el partido político Vox, cuando aún se mantenía el secreto.
La prevaricación
Respecto al delito de prevaricación, la querella señala que, a lo largo del proceso, el juez Peinado "ha adoptado decisiones judiciales arbitrarias y manifiestamente injustas mediante la emisión de resoluciones judiciales o adopción de decisiones comunicadas de forma verbal". Agrega que, haciendo uso de providencias, el magistrado "ha efectuado una aplicación del derecho incomprensible, ha forzado las normas aplicables, ha adoptado decisiones no justificadas, carentes de motivación alguna y contradictorias y, todo ello, sin pie de recurso frente a las mismas en considerables ocasiones".
Para Begoña Gómez, la instrucción en su contra es "errática y prospectiva" y "tiene por objeto una causa general" en su contra para investigar toda su vida y tratar de determinar si ha cometido algún delito "lo cual está expresamente prohibido por nuestro ordenamiento jurídico". "Para ello, se han dictado resoluciones a sabiendas, manifiestamente injustificadas y sin amparo legal, conculcando las normas procesales y causando grave perjuicio, con evidente impacto en todos los ámbitos de su vida, debido a la importantísima repercusión mediática del proceso que está instruyendo el querellado", agrega.
El escrito acusa al juez de actuar con "un desmedido afán de protagonismo mediático" e impugna una decena de resoluciones del magistrado, desde la propia apertura de las diligencias hasta la personación de distintas acusaciones populares. Se fija también en el objeto del procedimiento con el que el juez continuó adelante, a pesar de que la Fiscalía Europea asumió la competencia respecto a varios de los contratos investigados. "La investigación de los hechos va mutando de modo no argumentado ni razonado y sin la concreción de los mismos que exige el Derecho Constitucional", dice.
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