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Ni respuestas al juez ni a los ciudadanos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha enrocado este miércoles en que la investigación judicial sobre su mujer, por un presunto tráfico de influencias es un "no caso" y, tras acogerse ayer a su derecho a no declarar, en su comparecencia en la Moncloa como testigo, ha esquivado también aclarar este asunto ante la opinión pública, en la rueda de prensa de cierre del curso político. Su argumento es que "el tiempo pondrá las cosas en su sitio".
Aunque se han conocido nuevos datos como que la propia esposa del presidente citó en la Moncloa al rector de la Universidad Complutense de Madrid para poner en marcha su máster o que Sánchez se entrevistó en su residencia con el empresario, Juan Carlos Barrabés, involucrado en esta polémica y a quién Gómez firmó cartas de interés para la obtención de contratos públicos, el jefe del Ejecutivo considera que ya ha dado explicaciones y que este tema es solo el producto de la "frustración de la oposición".
El presidente calificó de "montaje" su propia citación como testigo y justificó la presentación de una querella de la Abogacía del Estado contra el juez Juan Carlos Peinado en que "se han atropellado derechos" reconocidos a la institución de la Presidencia del Gobierno desde 1886. Fue algo "absolutamente patético y bochornoso", destacó, ver "a las asociaciones ultraderechistas pelearse por ver quién entraba" a su testifical, en alusión a que las formaciones de extrema derecha, como Vox, Hazte Oír o Manos Limpias, se "pelearan" por entrar en la Moncloa este martes.
Poco más se le pudo arrancar a Sánchez sobre este asunto en la comparecencia que tradicionalmente concede antes de comenzar sus vacaciones estivales. Además de la investigación judicial contra su esposa, el otro descomunal tema de la política española es el acuerdo entre el PSC y ERC, que establece un nuevo concierto económico para Cataluña y dinamita el actual marco de financiación autonómica. Y tampoco arrojó luz sobre esto.
"Un paso en la federalización"
En su intervención inicial, en la que el jefe del Ejecutivo intentó poner el acento en la buena marcha de la economía española, justificó este pacto en que heredó una crisis institucional en Cataluña, que tuvo consecuencias letales tanto económicas como sociales. Ahora, defendió, "España está más unida y es más próspera que cuando llegamos al Gobierno". Ese fue su mantra. La teoría de que el cupo catalán supone la contrapartida del fin del procés. Pero sin que se sepa aún el porcentaje que Cataluña dará al Estado tras recaudar, liquidar, gestionar e inspeccionar todos los impuestos estatales y su contribución a la solidaridad territorial.
El presidente está a la espera de que las bases de ERC avalen este viernes el acuerdo y mientras evita dar detalles. Ni siquiera admite la conmoción en el PSOE porque se haya pactado un concierto, que hace solo unas semanas la propia vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rechazaba. Según el líder socialista, todos en el partido quieren a Salvador Illa en la presidencia de Cataluña y así lo demuestra el apoyo de la Ejecutiva, también este martes, pese a que el verdadero órgano de representación del PSOE es el Comité Federal.
Sánchez no quiso entrar en el cambio de modelo autonómico que supone la negociación bilateral con ERC para sacar a Cataluña del sistema, pero sí reconoció "que efectivamente estamos dando un paso en la federalización de nuestro Estado" y eso, señaló, "es una buena noticia para el sistema político español".
En su empeño por poner el foco en las cuestiones económicas, el presidente anunció al comienzo de su alocución un acuerdo con los agentes sociales para completar la reforma de pensiones. En primer lugar, los incentivos al retraso de la jubilación se aplicarán por semestres (no por años, como ocurre actualmente) y tendrá una cuantía equivalente al 2%. Además, el Gobierno ampliará un año más, pasando de dos a tres, el periodo para que un trabajador se acoja a la jubilación anticipada parcial. La salida del trabajador hacia la jubilación tiene que producirse con la firma de un contrato de relevo, para que otra persona ocupe su puesto en su fase de salida.
El pacto también incluye una mejora de la jubilación demorada y la mejora de los incentivos para la jubilación activa. Los trabajadores que retrasen un año su jubilación podrán percibir un 45% de su pensión; con dos años de demora, un 55%; con tres años de demora, un 65%; con cuatro años de demora, un 80% y con cinco años de demora, el 100%.
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