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Desconcierto e incluso un punto de desesperación en el Gobierno ante la posibilidad de que el PP no acepte la reforma de la ley de Extranjería pactada con el Ejecutivo canario para acordar un mecanismo de reparto de los menores migrantes no acompañados que desbordan las islas. A solo unas horas de la reunión de la conferencia sectorial, convocada mañana en Tenerife, no hay garantías de acuerdo. Al contrario, los populares han endurecido su discurso y el Gobierno se adentra en terreno desconocido.
No es posible aplicar sin el PP el pacto alcanzado entre el Estado y Canarias para que el sistema de acogida en la Península deje de ser voluntario y se convierta en obligatorio. Y, aseguran, en el Ejecutivo: "No hay plan B". "La única solución es que lo respalden". Ni se puede ejecutar sin la colaboración de las comunidades populares ni aprobar el cambio en el Congreso sin su concurso.
El modelo actual, enormemente complejo, ha resultado un fracaso y la acogida y el compromiso en la creación de plazas ha sido totalmente arbitraria. "Las autonomías no han sido lo suficientemente solidarias para evitar que Canarias se desborde", explican en el Gobierno. Coalición Canaria aprovechó las negociaciones con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez para forzar a Moncloa a actuar y aplicar una fórmula forzosa. Después de meses de conversaciones se ha acordado un texto que el gobierno de Fernando Clavijo quiere aplicar con urgencia, pero que necesita el apoyo del PP.
El Ejecutivo daba por hecho que contaba con Alberto Núñez Feijóo. Primero porque los populares gobiernan las islas junto a CC. Y segundo, porque se acordó con Clavijo que él se ocupaba de informar al PP y el PSOE hacía de enlace con sus socios de Gobierno, tanto Sumar, como el resto de formaciones de su mayoría parlamentaria. Desde el principio, quedó claro que Junts, que exige dejar a Cataluña fuera del reparto, "no iba a ponerlo fácil". Y no se hicieron más esfuerzos con ellos, explican, porque se daba por supuesta la participación del PP.
El Gobierno prevé sancionar a las CCAA si sus menores tutelados se van a otras regiones
Itziar Reyero
Con el texto pactado entre el Ejecutivo central y el canario, comenzó la ronda con los grupos parlamentarios y ahí, aunque el portavoz popular, Miguel Tellado, no rechazó la reforma, sí apeló a la necesidad de consensuarla con las CCAA. El Gobierno se escuda en que no ha habido contactos previos porque se trata de la modificación de una ley, que las autonomías no votan y que, por lógica, contar con los partidos es hacerlo a la vez con las comunidades.
En cualquier caso, la conferencia de este miércoles es para presentar al resto de regiones los cambios en la ley de Extranjería y concienciar a todos de la "crisis humanitaria" que atraviesa Canarias. Más de 6.000 niños permanecen acogidos ahora en las islas, una cifra que, según las previsiones del propio gobierno canario, llegará a duplicarse a finales de año. El texto acordado garantiza la financiación y un pacto sobre la distribución numérica de los menores que parta de las propias comunidades.
El Ejecutivo atribuye las dudas del PP a su "carajal" interno, a que existen CCAA más sensibilizadas con el problema, como Andalucía, y otras menos, en referencia a Madrid, y a que Génova recibe a la vez la presión del partido en Canarias y de Vox, que ayer amenazó incluso con retirarle su apoyo en las autonomías donde gobiernan juntos o tienen su apoyo, si aceptan el reparto de menores inmigrantes. Pero entienden que incluso la "chulería" de Santiago Abascal, al tratar de poner a Feijóo en un brete, puede contribuir a que se sumen al acuerdo.
Es ya una marca del Ejecutivo la asimilación del PP con Vox y su demanda a Feijóo de hacer un cordón sanitario contra la ultraderecha pero en el asunto de los niños migrantes el Gobierno se ha contenido y ha moderado sus críticas. Incluso después de que Tellado copiara el discurso de Vox y pidiera la intervención de la Armada para impedir la llegada de inmigrantes a España. La primera señal de que el PP "estaba cambiando de postura". "Lo que queremos es que salga", señalan. El ministro de Política Territorial, Ángel Victor Torres, expresidente de Canarias, que es quien ha negociado con Clavijo, su sucesor en el puesto, ha exhibido la "corrección máxima para que no haya un no".
En la Moncloa aún confían en que el propio Clavijo logre sumar al PP. Para que pueda salir adelante, insisten, "tiene que convencer al PP". "Estamos ante el problema más grave que tiene Canarias".
Pero, aun así, el ministerio desconoce el desenlace de la conferencia sectorial y si podrá tramitar la reforma. Si fracasa, se continuará trabajando con "parches" y se mantendrá el sistema actual, absolutamente voluntarios que pasa por firmar convenios entre Canarias y la CCAA interesada en ayudar sobre la guardia, tutela y custodia completa de los menores en acogimiento.
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