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El caso de los ERE fraudulentos no es uno, son muchos. El principal, el más mediático, alude al "procedimiento específico" que, en román paladino se refiere a la pieza política, la investigación orientada a dilucidar si los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán diseñaron un sistema de reparto de ayudas para eludir controles y repartir ilegalmente 680 millones de euros entre 2000 y 2008. La Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal Supremo respondieron a esa pregunta en 2019 y 2022 respectivamente. Y lo hicieron de forma afirmativa. El Tribunal Constitucional dice ahora que no fue del todo así. Pero cuando acabe el culebrón de la pieza política, todavía quedará mucha tela por cortar en el caso de los ERE. En los juzgados de la capital andaluza, dentro de los despachos de ese edificio gris plomizo, hay todavía 117 piezas que todavía tardarán años en resolverse.
Esta proliferación de causas separadas fue una decisión de María Núñez Bolaños, la juez que sustituyó a Mercedes Alaya en la instrucción, que optó por dividir el caso en cada una de las ayudas concedidas. Esto es así porque la pieza política no abunda en la ejecución de las subvenciones y su concesión, sino en el origen del reparto. Esa división dio además primacía al proceso del procedimiento específico, que sentó a la cúpula del PSOE andaluz entre 1991 y 2013 en el banquillo y culminó con una sentencia en noviembre de 2019, más de ocho años después de que Alaya comenzase a indagar en el caso, en enero de 2011, a raíz de una investigación en Mercasevilla, el mercado de mayoristas de la capital andaluza.
Según informan desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), a fecha de 6 de junio había todavía 73 procedimientos en instrucción en el juzgado número 6, ahora en manos del magistrado José Ignacio Vilaplana. Más de la mitad, 42 piezas, están en la fase de las diligencias previas; mientras que las 31 restantes están en fase intermedia después de que el magistrado haya dictado el acto de transformación en el procedimiento abreviado. Hay otros 61 procedimientos ya con la fase de instrucción acabada, 17 de los cuales ya cuentan con sentencia, entre ellas la pieza política, y otros 4 están pendientes del fallo. Son los más recientes, sobre las empresas Surcolor y Tartessos Car, el Ayuntamiento de Los Palacios y las pólizas individuales.
El devenir de las 16 piezas separadas, que ya cuentan con sentencia, da algunas pistas. En el primer juicio posterior al caso ERE, el de la empresa Acyco, dos ex altos cargos de la Consejería de Empleo fueron condenados después de haber hecho lo propio en la pieza política. No obstante, hay otras piezas en las que la Audiencia de Sevilla optó por sacar a los altos cargos del juicio porque ya habían sido juzgados en el procedimiento específico. Se trata de la aplicación del principio non bis in idem, que establece que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos asuntos.
Lo que ocurrirá con los ex altos cargos de Empleo es una de las principales incógnitas que resultan de los movimientos del Tribunal Constitucional, que ha dado amparo parcial a los 6 ex altos cargos sobre los que ha deliberado. Ese amparo parcial también afecta, por el momento, al único responsable de ese departamento sobre el cual ha resuelto el TC, Antonio Fernández, ya que su antecesor, José Antonio Viera, no tuvo éxito en el recurso de amparo por defectos de forma. ¿Qué ocurrirá ahora con las piezas separadas en las que este exdirigente del PSOE sigue implicado?
Las sentencias del tribunal de garantías limitan la malversación en los fondos públicos que no se dedicaron a su fin original, es decir, las ayudas sociolaborales a empresas en crisis. Ahí hay que incluir a las empresas que recibieron los fondos sin cumplir las condiciones, la presencia de intrusos que nunca habían trabajado en las compañías que se acogieron a las prejubilaciones y el dinero que cobraron los comisionistas. Y también las cantidades que se utilizaron, por ejemplo, para la compra de cocaína, como ocurrió en el caso de Juan Francisco Trujillo, el chófer de Francisco Javier Guerrero.
El dinero recuperado
En varias de las piezas ya juzgadas, los condenados, en su mayoría empresarios receptores de las ayudas, llegaron a un acuerdo y aceptaron penas menores, como ocurrió con Plantas y Flores Castejón, Elaborados Cárnicos Andaluces o Aerosur. En la citada empresa cárnica, los empresarios fueron también condenados a devolver a las arcas públicas 2 millones de euros de una ayuda que, ahora sí, puede considerarse fraudulenta.
En total, la Junta tiene ya reconocidos 62 millones de euros en sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal de Cuentas, pero solo ha ingresado 27 de esos millones. Y hay otros 135 millones de euros pendientes de las 117 causas que todavía siguen abiertas, lo que podría elevar hasta 170 millones la cantidad defraudada del total de 680 millones de euros que salieron de la partida 31L, la que el fallecido Francisco Javier Guerrero bautizó como el "fondo de reptiles".
Lo que no está claro es el número de investigados que siguen a la espera de juicio en el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla o en la Audiencia Provincial. El TSJA alude a la "complejidad" para realizar este cálculo, aunque recuerdan en el Alto Tribunal que inicialmente superó el medio millar. Desde 2011 los números han ido cambiados, algunos por el fallecimiento de los implicados, como ocurrió con Guerrero, o por el sobreseimiento o archivo de piezas separadas.
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