:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fe18%2F265%2F834%2Fe182658342a3cbf1469cf6a2c6fc3bc5.jpg)
Reunión tensa, larga y sin una conclusión clara. Las comunidades del PP no han rechazado de forma taxativa la reforma de la Ley de Extranjería para que las derivaciones de menores migrantes sea obligatoria en caso de "colapso" asistencial en Canarias, Ceuta o Melilla. Los consejeros populares han optado por no manifestar su postura y reprochan al Gobierno que enviase el borrador de la norma en la tarde del martes, sólo 24 horas antes de que arrancase la cumbre sectorial en Tenerife. La nota discordante la ha puesto también Cataluña, que se opone al reparto de menores, tanto de forma obligatoria como voluntaria.
Según fuentes presentes en la reunión, la mayoría de representantes del PP se han dado "por informados" de la propuesta del Ejecutivo, y alguno ha expresado incluso que no era "el foro adecuado" para debatir el texto. En este sentido, las comunidades del PP han emplazado en bloque al Gobierno a que convoque una Conferencia de Presidentes para consensuar la norma pactada entre el Gobierno central y el de Canarias, de la que dependen miles de menores migrantes hacinados en las islas. De este modo, el acuerdo sobre la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que se votará en el Congreso a finales de julio, ha quedado en el aire.
Las regiones del PP han acudido a la cita con una manifiesto conjunto, que incluye unas pautas clave para afrontar el debate migratorio. En base a ese documento, al que ha accedido El Confidencial, los consejeros populares han solicitado la declaración de emergencia migratoria en todo el país para agilizar la apertura de nuevas plazas o abrir nuevos centros. Además, exigen al Ejecutivo "más recursos" para las comunidades saturadas, especialmente en Canarias, Ceuta y Melilla, y medidas para frenar nuevas oleadas migratorias, como el refuerzo de la plantilla de Frontex o la actuación en los países de origen para poner coto a las mafias.
Lo que sí han apoyado de forma unánime las comunidades del PP es el acuerdo para acoger a otros 347 menores migrantes procedentes de Canarias y Ceuta, un reparto solidario que forma parte del cupo anual previsto para 2024 del Plan de Respuesta ante la Crisis Migratoria, acordado con el Gobierno hace dos años, y cuya reubicación quedó en suspenso durante la última reunión sectorial celebrada a finales de junio.
Caos migratorio: el Gobierno ignora cómo se reparten los 13.000 menores por España
Itziar Reyero
A las dudas de las comunidades del PP se ha sumado el rechazo de Cataluña a la modificación de la ley. Antes de entrar a la reunión, el conseller de Derechos Sociales de la Generalitat, Carles Campuzano, ya adelantó que "el Govern no puede avalar esta reforma. "Resolver los problemas de Canarias no es trasladar los problemas a otro sitio", aseguró. Según Campuzano, hay "vocación de acogida" pero " las cosas deben hacerse de manera ordenada" .
El conseller sostuvo que el Gobierno "no lo está haciendo bien" y destacó que entre los últimos 200 inmigrantes adultos derivados a Cataluña, nueve de ellos eran menores, como ejemplo del descontrol. De hecho, Cataluña se ha abstenido en la votación sobre el cupo de menores migrantes no acompañados acordado para 2024, 347 niños, de los que 31 debían ser acogidos por el Govern.
La posición de la Generalitat deja en el aire el voto de ERC, que forma parte de la mayoría de investidura del Ejecutivo de coalición, junto con Junts. Los de Carles Puigdemont ya habían advertido que no iban a apoyar este cambio en la ley de Extranjería porque están pendientes de la delegación de las competencias de inmigración. Eso convierte en fundamentales los votos del PP, que el Gobierno intenta conseguir, no solo por salvar la aprobación de la reforma, sino porque la implicación de los populares, al frente de la mayoría de comunidades, garantiza su ejecución.
Pero, a falta de comprobar cómo evoluciona este tema durante estas semanas -el Ejecutivo quiere que se tramite este mes-, tampoco pueden contar de entrada con los votos de los republicanos. La Moncloa, que daba por hecho el apoyo del PP, ha visto cómo este asunto se ha enredado en los últimos días con un endurecimiento del discurso de Génova y la amenaza de Vox de retirar su respaldo a los barones populares con los que comparte gobierno.
La propia conferencia sectorial debatió el cambio en la ley de Extranjería, a propuesta del PP. Fue su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, quien lo planteó en la reunión con el Ejecutivo sobre este asunto. La sorpresa este miércoles del Gobierno es que ahora sus presidentes digan que este debate corresponde al Congreso y al Senado donde, efectivamente, se debe aprobar la reforma para su entrada en vigor.
Un argumento tan incomprensible, según defendió en una comparecencia posterior el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, como mantener que no conocían el texto, cuando se entregó a los grupos y disponía de él el PP canario. Torres insistió en la saturación que sufre Canarias con 6.000 menores acogidos, cuando su capacidad era para 2.000 y subrayó que el Gobierno, que no tiene la competencia, ha puesto encima de la mesa una "solución".
"Estamos ante una emergencia", destacó, y el problema es que el PP "no se manifiesta" con claridad. "Vuelvo a apelar al PP a que dé una respuesta de Estado a un problema de Estado", añadió, La pretensión del Ejecutivo, que garantizó una financiación de 145 euros por niño y recursos para infraestructuras e integración social, es tramitar la reforma en el Congreso, a la espera de que acabe sumando el PP.
{getToc} $title={Tabla de Contenidos}