Durante su última reunión, el Consejo de la Unión Europea ha recomendado a España un sistema fiscal sostenible. Lo hace en un momento en que la sociedad española se enfrenta a retos de envergadura: la transición digital plantea enormes esfuerzos difíciles de cuantificar, puesto que dependen de la evolución de la tecnología y sus aplicaciones; la transición medioambiental, con una brecha de inversión anual que el Informe País 2024 para España de la Comisión Europea cifra en 11.500 millones de euros; unas perspectivas sobre envejecimiento de la población que hacen que la tasa de dependencia de la vejez se incremente del 33,3% en 2022 al 63,9% en 2050, esto es, en 2050 habrá 1,6 personas en edad de trabajar por cada persona mayor de 65 años, cuando la ratio ha sido de 3 en 2022, lo que indica los altos costes en pensiones y sanidad a que se tendrá que hacer frente. Se plantean asimismo acuciantes problemas de convergencia territorial y social: mientras que la renta per cápita en Madrid estuvo en el 117% de la media europea, Andalucía estuvo en el 65% en 2022, con enormes disparidades en cuanto a la población en riesgo de pobreza, situada en el 26% para el conjunto del país, uno de los peores datos de la UE, pero que diverge entre el 14,5% de Navarra y el 36,9% de Extremadura.
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