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El pleno del Tribunal Constitucional aborda los recursos de amparo de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán por los ERE justo cuando todos los exaltos cargos condenados a penas de prisión han sido excarcelados por la revisión del caso que comenzó hace justo un mes, a mediados de junio. El pleno del tribunal de garantías comenzará deliberando este martes sobre el primero, condenado a 9 años de inhabilitación por el delito de prevaricación. El debate se produce cuando no se han cumplido ni 24 horas de la orden de excarcelación que la Audiencia Provincial de Sevilla ha emitido para el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, y Jesús María Rodríguez, exviceconsejero de Innovación.
La salida de prisión de estos últimos dos exdirigentes es un símbolo del nuevo relato jurídico que el Constitucional ha elaborado sobre este caso, que estalló en 2011 y desembocó en la condena de casi una veintena de exaltos cargos del PSOE en los gobiernos de Andalucía entre 1991 y 2013. Pero el punto álgido de esta revisión llegará con los recursos de Chaves y Griñán, que estaban en la "cúspide de la pirámide", según defendió la instructora del caso, Mercedes Alaya, hace ahora una década. La concesión de amparo parcial a seis exaltos cargos condenados, entre ellos cuatro exconsejeros, rechaza esa tesis y devuelve el peso del fraude a la concesión de las ayudas y su uso fraudulento, no al sistema de reparto de fondos que facilitó el reparto de 680 millones de euros entre 2000 y 2008.
Las ponencias de ambos expresidentes siguen el camino de las sentencias ya conocidas e inauguradas por el fallo sobre Magdalena Álvarez. El TC anuló la pena de la exministra de Fomento y exconsejera de Hacienda por su papel en la elaboración de los presupuestos autonómicos de donde salieron los fondos, así como las modificaciones presupuestarias derivadas. Por el mismo delito está condenado Manuel Chaves, por lo que se espera que el tribunal de garantías conceda amparo parcial al expresidente y reclame a la Audiencia de Sevilla una pena de inhabilitación mucho más limitada.
El caso de José Antonio Griñán, que según fuentes jurídicas se abordará el miércoles, es muy similar al de Carmen Martínez Aguayo, su mano derecha. El exmandatario socialista está condenado a 6 años de prisión y 16 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y malversación. Sobre la prevaricación, el posicionamiento es muy similar al de Álvarez y respecto a la malversación, la tesis queda englobada en la célebre frase de Griñán que defendía que "el crédito no delinque". Con esas palabras, el exlíder del PSOE andaluz defendía que la elaboración de las cuentas no puede equipararse a la ejecución de las partidas, algo que quedaba en manos de Empleo. El TC concedió amparo a Martínez Aguayo por falta de pruebas en la comisión de la malversación y la lógica dice que en el caso de Griñán debe ir por el mismo camino.
El expresidente no llegó a entrar en prisión por el difícil tratamiento del cáncer de próstata que se le diagnosticó a finales de 2022, pero era uno de los condenados con penas de prisión. El TC priorizó la revisión de la situación del resto de exaltos cargos con penas de prisión y la colocó en su pleno del 2 de julio. Todos, incluido Antonio Fernández, vieron cómo el tribunal de garantías anulaba sus penas, si bien es cierto que en su caso y el de Jesús María Rodríguez se retrasó la notificación y eso ha provocado que hayan tardado más en salir de prisión. Carmen Martínez Aguayo durmió en el centro de inserción social por última vez el pasado 2 de julio y Miguel Ángel Serrano Aguilar y Francisco Vallejo abandonaron la prisión de Sevilla I en horas posteriores.
Ahora todos esperan la nueva sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, que sólo debe tener en cuenta un porcentaje muy pequeño de los hechos probados en la sentencia que condenó a una generación de socialistas en noviembre de 2019. Algunos de ellos esperan la absolución total, aunque hay dudas de lo que pueda ocurrir con Fernández, ya que el foco está en la concesión de las ayudas, competencia de la Consejería. Hay que tener en cuenta que hay 117 piezas abiertas todavía que abundan precisamente en esa gestión, por lo que la pieza política que ahora se está revisando no alude a esa concesión de forma estricta y no está claro cómo actuará el tribunal sevillano.
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Protesta de Vox en la sede del PSOE andaluz por el caso de los ERE. (Cedida) El Pleno de este martes comenzará con el análisis de las recusaciones que solicitaron los populares contra María Luisa Segoviano e Inmaculada Montalbán, que es además la ponente de los recursos sobre el caso. Elías Bendodo explicó el pasado jueves que ambas magistradas habían emitido sentencias previas relacionadas con el caso, además de reclamar a Cándido Conde-Pumpido su abstención, como ya hizo cuando era miembro del Supremo porque era fiscal general del Estado durante la instrucción del caso. Fuentes jurídicas indican a esta redacción que el intento del PP no tiene visos de prosperar, aunque de hacerlo pondría en riesgo la mayoría de 7 a 4 que ha concedido amparo de forma sistemática a todos los ex altos cargos.
La decisión del Tribunal Constitucional se produce en medio de un estallido de crispación en la política andaluza a cuenta de la revisión del caso ERE. PP y PSOE han elevado los decibelios y es más que probable que la situación se endurezca una vez se conozca la decisión del TC. Además, Vox convocó para este lunes una manifestación frente a la sede del PSOE andaluz con el lema "devolved lo robado". La protesta ha reunido a varias decenas de personas frente a la casa solariega donde los socialistas tienen su sede, en la céntrica calle San Vicente de la capital. "No estamos dispuestos a blanquear a un partido corrupto hasta el tuétano", ha dicho Ana Ruiz, parlamentaria andaluza de Vox y número dos del partido en Sevilla.
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