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En Génova están dispuestos a dar "todas las batallas" pese a asumir desde hace tiempo que la posibilidad de que el Tribunal Constitucional avale alguno de sus múltiples recursos contra la amnistía —las comunidades del PP se unirán también a la ofensiva— es prácticamente nula. Con todo, intentarán que el órgano de garantías, de mayoría progresista, cuente con la mayor "objetividad" posible cuando llegue el momento de deliberar sobre la más de una decena de cuestiones de inconstitucionalidad, un examen que podría dilatarse hasta que la Justicia Europea se pronuncie sobre las posibles cuestiones prejudiciales de distintos tribunales.
En la dirección del PP estudian recusar a los magistrados Juan Carlos Campo y Laura Díez para que se aparten en la discusión de sus recursos contra la ley de amnistía, según avanzan varias fuentes del gabinete jurídico de los populares. El partido de Feijóo está vigilando hasta el último detalle en busca de grietas de la norma que les permita poner palos en las ruedas a su aplicación definitiva. "Se estudiarán todas las vías para lograr un mínimo de objetividad en el Constitucional que, hoy por hoy, no lo es", afirman.
La recusación se canalizaría a través del grupo parlamentario de los populares en el Congreso, y sería el propio Tribunal Constitucional el que tendría la última palabra sobre atender o no esta exigencia. No es la primera vez que el PP de Feijóo recurre a esta herramienta. Ya en febrero de 2023, el PP recusó a los mismos dos magistrados por distintos recursos de inconstitucionalidad, desde la ley Celáa a la reforma de la Ley del Poder Judicial, para limitar sus competencias. En aquel caso, el órgano de garantías inadmitió esa petición.
El exministro de Justicia, Juan Carlos Campo; y la ex alto cargo de Moncloa, Laura Díez, ya se han abstenido voluntariamente de participar en algunas deliberaciones del órgano de garantías por su vinculación con el Ejecutivo de Sánchez. Díez, por ejemplo, se apartó de los recursos contra la normativa catalana para sortear el mínimo del 25% de español en la enseñanza; y Campo, que tramitó desde el Gobierno los indultos al independentismo, se abstuvo también en las primeras deliberaciones de la ley de amnistía, cuando varios particulares presentaron recursos de amparo sobre la admisión a trámite de la norma.
Según el artículo 219 de la Ley del Poder Judicial, son causas de abstención y, en su caso de recusación la "amistad o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes"; la posibilidad de haber ocupado un "cargo público" o un "empleo o profesión" a través del cual haya participado "directa o indirectamente en el asunto objeto de la causa" o haya tenido "conocimiento del objeto del litigio" que le impida "formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad".
El PP estará atento para maniobrar cuando llegue el momento por si esa abstención no se produce. Como publicó El Confidencial, el que no tiene previsto apartarse de la deliberación es el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido. Las fuentes consultadas del PP aseguran que la posibilidad de hacer extensible la recusación al magistrado gallego no está encima de la mesa.
Las comunidades del PP responden en masa a la amnistía con recursos ante el TC
EFE
Feijóo ha puesto en duda la imparcialidad de Pumpido en más de una ocasión, aunque el ataque más desmedido contra el presidente del órgano de garantías y contra el propio tribunal no vino del líder del PP, sino de Esteban González Pons. El vicesecretario de Institucional llegó a calificar al TC de "cáncer del Estado" y dejó incluso en el aire la posibilidad de llevar la amnistía al Constitucional por su falta de "independencia". El dirigente se vio obligado a rectificar, aunque la desconfianza continúa arraigada en el seno de la dirección popular.
Génova no dará la orden de activar los recursos de inconstitucionalidad hasta haber observado la maniobra de los tribunales, incluido el Supremo, con las posibles cuestiones prejudiciales. La publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que podría dilatarse a después de las elecciones europeas, no marcará los tiempos de Feijóo para acudir al TC, que prefiere maniobrar sin prisa en busca del "momento oportuno".
El líder del PP mantendrá, en paralelo, la presión en Europa. La esperanza del PP no solo reside en el TJUE, sino también en la Comisión Europea para que active mayores herramientas de vigilancia sobre el "Estado de Derecho en España" e impedir la amnistía para casos de malversación, lo que podría dificultar precisamente el regreso de Carles Puigdemont sin arriesgarse a una detención. Este sábado, Feijóo se reunirá con Von der Leyen en Santiago para trasladarle estas inquietudes y reforzar su relación de cara a su próxima etapa al frente de la Comisión.
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