Las empresas industriales que planteen el cierre o la reducción de actividad tendrán que comunicarlo nueve meses antes al Ministerio de Industria, y deberán contratar a una consultora que diseñe un plan para minimizar el impacto en la actividad y el empleo, o para buscar nuevos inversores. Según la información a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el Gobierno prepara un mecanismo, inspirado en el que se usó con las plantas de Nissan en Barcelona, con el fin de amortiguar las consecuencias de las deslocalizaciones. En un momento en el que todo el sector europeo está sufriendo problemas de competitividad, España ultima una sistema legal que permita ordenar los procesos de reindustrialización. Así se recogía ya en el anteproyecto de la Ley de Industria que se presentó a finales de 2022, pero el ministerio está volviendo a redactarlo para incluir cambios que contemplan lo sucedido en las crisis de la covid, la energética y la de precios. Antes de que acabe junio, el departamento de Jordi Hereu espera lanzar de nuevo el texto a consulta pública.
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