:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F915%2Fccb%2Fc92%2F915ccbc92009c74f6486c4d4c9deddd8.jpg)
El Tribunal Constitucional (TC) tiene previsto asumir parte de las tesis de los condenados en el caso de los ERE fraudulentos, lo que abre la puerta a una revisión de las penas a los ex altos cargos socialistas implicados, encabezados por Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Es lo que se destila de la ponencia de Inmaculada Montalbán, responsable del recurso presentado por Magdalena Álvarez, que aboga por aceptar parcialmente el recurso de la exministra de Fomento y reclamar a la Audiencia de Sevilla que elabore una nueva sentencia sobre la política malagueña en lo que se refiere al delito de prevaricación.
Si las tesis de Montalbán salen adelante en el pleno de esta semana, el TC dará la razón a Álvarez al rechazar que incurriese en este delito por la elaboración de los Presupuestos autonómicos que dieron carta de naturaleza al sistema fraudulento de reparto de fondos diseñado en la Consejería de Empleo. Este sistema, el de las transferencias de financiación, desembocó en la distribución ilegal de 680 millones de euros entre 2000 y 2008. Esta decisión no afectaría a las condenas por malversación, que van aparejadas a penas de cárcel, ya que el estudio de esos recursos no ha comenzado todavía después de que el recurso de José Antonio Viera fuera rechazado por defectos de forma.
La argumentación de la ponente, encuadrada entre los magistrados progresistas del TC, recabará previsiblemente el respaldo de la mayoría por un resultado de 7 votos a favor y 4 en contra. No está previsto que Juan Carlos Campo vaya a abstenerse por su condición de exministro de Justicia de Pedro Sánchez y con pasado en la Administración andaluza bajo mandato de Susana Díaz.
Esto significaría que el Constitucional asumiría las tesis del recurso de Álvarez al aceptar que el diseño de las cuentas autonómicas no puede derivar en una condena por prevaricación porque la redacción de un proyecto o un anteproyecto de ley queda encuadrado en la acción legislativa que tiene un gobierno, pero no puede considerarse una "acción administrativa" ni una "resolución", ya que no es "definitiva". Con este argumento, el TC asegura que el derecho fundamental a la legalidad penal de la exministra de Fomento se ha visto vulnerado tanto en el fallo de la Audiencia Provincial de Sevilla de noviembre de 2019 como en la confirmación del mismo que el Tribunal Supremo hizo pública en julio de 2022.
En el escrito defiende que el "autor único" de unos presupuestos es la asamblea que los aprueba, una tesis que muchos condenados por los ERE vienen defendiendo desde el inicio del proceso. Es ahí donde debe encuadrarse la célebre expresión del expresidente Griñán durante el proceso, cuando defendió que "el crédito nunca delinque", en relación con la disposición de los fondos que acabaron repartidos de forma ilegal como consecuencia del sistema irregular diseñado en la Consejería de Empleo.
La posible revisión de la condena del expresidente por malversación, en principio, no debe tener consecuencias con el castigo a prisión, a pesar de que el exdirigente socialista no ha llegado a ingresar en la cárcel por el cáncer que padece. Esto es así porque el recurso de Álvarez solo alude al delito de prevaricación, mientras que Griñán suma también el de malversación. Fuentes jurídicas consultadas por este medio descartan efectos derivados de este primer fallo, aunque la condena es por los dos delitos en concurso medial.
Caso ERE, anticipo de un atropello judicial
Javier Caraballo
El fallo sí tendrá consecuencias políticas, dado que el TC asume las tesis de los condenados cuando contradice al Supremo y la Audiencia de Sevilla. El escrito considera que la labor de dilucidar si hubo delito de prevaricación no corresponde a "los órganos judiciales", sino al Tribunal Constitucional. "Los proyectos y anteproyectos de ley, en cuanto meras propuestas normativas, no pueden ser objeto de control jurídico", reza el escrito, que defiende que el debate debe darse en "términos de constitucionalidad, nunca de legalidad".
"No puede ser ilegal un proyecto de ley idéntico al aprobado por el Parlamento", reza el escrito de Montalbán, que también afea al Supremo y la Audiencia de Sevilla que considerase una "prueba de cargo" la documentación remitida por la Junta sobre el sistema de los ERE para fundamentar la condena por prevaricación a Álvarez. Sobre todo cuando, al mismo tiempo, considera esa información "escasa, confusa y errónea" para poder afirmar que la Cámara autonómica avaló el modelo irregular de reparto de fondos ideado en la Consejería de Empleo.
Las reacciones han llegado antes incluso de conocerse la decisión final del Constitucional, ya que el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, relacionó la posible estimación del recurso de Álvarez con su presencia en un mitin del PSOE en el último tramo de la campaña de las europeas. Este lunes el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, fue más allá al asegurar que el Tribunal Constitucional es "una víctima más de la superación de los límites" que lleva a cabo, en su opinión, Pedro Sánchez.
{getToc} $title={Tabla de Contenidos}