Las eternas guerras del agua en España: por qué van a seguir vivas más allá de PSOE y PP

Ocurrió el pasado 13 de mayo en el Congreso de los Diputados. Se votaba por la tarde una proposición de ley aprobada por la Asamblea de la Región de Murcia en 2023 que, haciendo uso de su capacidad de promoción legislativa, pretendía que la Cámara Baja "blindase" el trasvase Tajo-Segura. Los populares perdieron por un solo voto su iniciativa, 171 contra 170 escaños. La ausencia del líder conservador Alberto Núñez Feijóo por una "descoordinación" interna impidió el empate. La propuesta de ley no hubiera salido adelante de todas formas, pero el episodio es revelador de un asunto que marca agenda política en Murcia, el sur de la Comunidad Valenciana o Almería, pero puede provocar un despiste en el orden de prioridades de Génova, donde las cosas se ven de otra manera. O, al menos, de forma mucho más ambigua.

El PP del Mediterráneo es tan defensor de los trasvases como contrario el presidente de Aragón, el también convserador Jorge Azcón, a estudiar ni siquiera una intervención trasvasista en el Ebro. Esa contradicción no es exclusiva de los populares y enseña cómo en materia de gestión de recursos hídricos el factor territorial pesa más que el orgánico, lo que augura nuevas guerras del agua en un contexto de mayores periodos de sequía y muchos intereses económicos y políticos creados alrededor de esos recursos. El agua riega campos y nutre explotaciones agrarias, pero también mueve los molinos que alimentan los discursos de agravio territorial y desgaste del adversario institucional.

En las filas del PSPV-PSOE, especialmente en el que era el equipo del expresident de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, todavía se acuerdan del cambio legislativo en el Plan Hidrológico del Tajo que introdujo la exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ahora vicepresidenta de la Comisión Europea, a pocos meses de las elecciones autonómicas y municipales de 2023. No fue el único motivo que llevó a los socialistas valencianos a perder el poder en la Comunidad Valenciana, pero influyó. En Valencia siempre hubo la percepción de falta de empatía y sentido de la oportunidad de los compañeros del PSOE instalados en Madrid.

El Gobierno justificó entonces su posición por el mandato del Tribunal Supremo de fijar caudales ecológicos. Un mandato renovado en una nueva resolución del alto tribunal de este mismo mes de mayo, que pone en entredicho la aplicación escalonada de parte de los caudales ecológicos y obliga a fijar esos umbrales mínimos de forma inmediata en el tramo comprendido desde el embalse de Bolarque en Guadalajara hasta el de Valdecañas entre las provincias de Toledo y Cáceres.

El Congreso rechaza la propuesta de ley de Murcia para blindar el trasvase Tajo-Segura

EFE

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha llamado a una posición de “consenso” y “diálogo” respecto al trasvase Tajo-Segura

El fallo ha llegado en el momento en el que la Comisión Central de Explotación ha arrancado el proceso para fijar las normas que regirán el trasvase de agua desde la cuenca del Tajo al Segura. El Ministerio esgrime como documento base de trabajo un informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) que propone un sistema de nivelación de los embalses de Buendía y Entrepeñas para fijar el volumen de los aportes de agua hacia la cuenca del Segura en función de cuatro umbrales en los pantanos, con el fin de asegurar los caudales ecológicos aguas abajo.

Los pueblos ribereños de Castilla-La Mancha creen necesario ese mayor control. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, asegura que los cambios normativos buscan "trasladar certidumbre" y "mantener las aportaciones de agua sin que los embalses de cabecera entren en colapso". El Gobierno habla de "ganar estabilidad".

Pero los regantes de Murcia, Alicante y Almería estiman que implicará recortes de hasta el 40% en los aportes actuales de agua en 2027 y ven en la nueva regulación que viene la "sentencia de muerte" del trasvase. Organizaciones agrarias como el Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura (Scrats) y los gobiernos populares de las tres autonomías se han movilizado en las últimas semanas contra la propuesta de reglas de explotación. Los consejeros de Agricultura, Miguel Barrachina (Generalitat valenciana), Sara Rubira (Junta de Andalucía) y Ramón Fernández-Pacheco (Murcia), han solicitado formalmente por carta una reunión urgente con la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, así como con los máximos responsables del Cedex, para acceder al informe técnico completo y a toda la documentación utilizada en la elaboración de esta revisión de la regla de explotación.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. (EFE/Ángeles Visdómine)

"No se ha contado con las comunidades autónomas implicadas, ni se nos ha facilitado el estudio técnico que supuestamente avala su decisión. Esto es una vulneración de la transparencia y del respeto institucional", señalaba Barrachina.

Juan Valero de Palma, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), criticaba esta semana en la televisión valenciana À Punt con dureza los efectos de la nueva normativa del trasvase Tajo-Segura, que defienden en la Junta de Castilla-La Mancha que preside el socialista Emiliano García-Page. Para Valero de Palma, la nueva regulación del Tajo pondrá en riesgo la viabilidad de los regadíos del sureste peninsular. A su juicio, no se están aplicando criterios técnicos, sino excesivamente conservacionistas e "ideológicos" sin tener en cuenta el impacto sobre el tejido agrícola de los territorios receptores del trasvase. "El aumento de los caudales ecológicos obliga a desembalsar más agua en el propio Tajo y, por tanto, limita los envíos hacia el sureste de España: hacia Alicante, Murcia y Almería", señalaba el dirigente agrario, que insiste en que esta decisión carece de fundamento técnico o ambiental sólido.

"No hay ninguna demanda, ni agrícola ni ambiental, en el Tajo que se haya visto perjudicada por culpa del trasvase", afirma, no sin mostrarse crítico también con autonomías como Madrid o Castilla-La Mancha, que tienen pendiente hacer obras de depuración y modernización para evitar que tenga que desembalsarse agua para diluir residuos y espumas y ganar calidad en las aguas de la cuenca del Tajo y sus afluentes a su paso por Madrid, Guadalajara o Toledo.

Page: "El trasvase es historia"

La postura de la Junta de Castilla-La Mancha se mantiene inamovible desde hace años: su máxima premisa es "que se respeten las sentencias del Tribunal Supremo" que marcan caudales ecológicos en el Tajo. Además, la Administración regional aboga porque en la Región de Murcia y en la Comunidad Valenciana se apueste por las desalinizadoras para abastecer a los regantes del sureste de España, que consideran esas aguas demasiado caras.

Emiliano García-Page nunca ha desperdiciado la oportunidad de celebrar la jurisprudencia. "El trasvase es historia tal y como se concibe hoy", señaló sobre la sentencia de Supremo. Esta misma semana, en la Comisión de Recursos Naturales del Comité Europeo de las Regiones, y ante la atenta mirada del presidente murciano, Fernando López Miras, celebró que la política del agua en Europa esté alineada con la de su región. "Vamos a favor de la corriente europea", subrayó el líder socialista, quien preguntó posteriormente "cuál sería el drama al que estaría abocado el Levante español" en el caso de que "desapareciera, de repente, el trasvase".

Desde el Ejecutivo castellano-manchego ponen el foco en los caudales ecológicos, recogidos por la Ley de Aguas desde 2001. Estos caudales son "los que mantiene como mínimo la vida piscícola que de manera natural habitaría o pudiera habitar en el río, así como su vegetación de ribera", según se desprende de la propia normativa. El plan elaborado por la propia cuenca del Tajo permitía aplicar los caudales ecológicos paulatinamente hasta 2027.

La propuesta del Ministerio de Transición Ecológica para las reglas de explotación ha sido motivo de celebración en el Gobierno de Page, pero advierten de que seguirán "luchando con el mismo nivel de exigencia para que se cumplan las sentencias judiciales ganadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha".

"Pretender sustituir a un transvase que funciona muy bien por el agua desalada yo creo que es un gravísimo error"

Fuentes de la Consejería de Desarrollo Sostenible señalan que dentro de las nuevas normas debería recogerse un "aumento de la lámina estable de 400 hectómetros cúbicos, por debajo de la cual no se puede trasvasar" porque "el trasvase no puede responder a las demandas ilimitadas". También, exigen "aumentar el nivel medio de llenado de los embalses, guardando agua para los periodos secos". En este sentido, recuerdan que en este año hidrólogico hay previsto un trasvase de agua que abastecería a "ocho comunidades como Castilla-La Mancha".

"No vamos a permitir más retrocesos, ni más cesiones a costa del desarrollo de nuestros municipios, ni más retrasos en la modificación de las reglas de explotación del trasvase", señalan sobre la jurisprudencia que va marcando el Tribunal Supremo. La solución de esta Consejería ante la falta de agua de las autonomías del Mediterrñaneo sur pasa por producirla a través de desalinizadoras. "Castilla-La Mancha no puede, no debe y no va a ser siempre la que pague el precio del desequilibrio hídrico, precisamente cuando existen otras alternativas tanto en la Comunidad Valenciana como en Murcia", explican.

Fenacore y las desaladoras

Desde Fenacore no lo ven igual: "El agua desalada está teniendo temporalmente unas ayudas del gobierno, pero esto no puede durar permanentemente. El agua desalada es una buena solución, pero fundamentalmente para el abastecimiento de población. Para los regadíos que tienen una alta capacidad de producción, unos mercados y precios muy buenos y unas rentabilidades más altas, pues también es un complemento a la desalación", señala Valero de Palma. "Pero pretender sustituir a un transvase que funciona muy bien por el agua desalada yo creo que es un gravísimo error", afirma.

De trasfondo está el eterno debate sobre el crecimiento en territorios que se miran de reojo. Desde Castilla-La Mancha se ve en parte el proceso de despoblación de una parte de su autonomía como una consecuencia del mayor desarrollo del litoral con recursos hídricos de sus cuencas. Pero Valero de Palma defiende que los regadíos hace tiempo que han frenado su expansión. "El agua genera una gran riqueza y es cierto que sí ha habido ampliaciones en estas zonas como consecuencia de la posibilidad de regar. Pero ya desde hace mucho tiempo, en el plano hidrológico, se ha limitado la expansión de regadío. Está totalmente aceptado para los propios usuarios de allí y hay unos controles muy claros. No se están dando concesiones ni está habiendo ampliaciones de regadío", insiste.

En un contexto de mayor presión sobre los recursos, fuerte polarización política y cruce de intereses económicos, las guerras del agua no cesan en España. Y es probable que regresen de una forma u otra de forma periódica, en cada actualización de norma o en cada periodo de escasez.

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