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El Juzgado de Instrucción Número 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha archivado la investigación contra Shakira Isabel Mebarak Ripoll por un presunto delito contra la Hacienda Pública. "No existe indicio alguno que pueda acreditar que de manera consciente y voluntaria hubiera omitido información y documentación con trascendencia tributaria a los efectos de las declaraciones de IRPF e IP del ejercicio 2018", sostiene en su resolución.
La jueza Ana Duro atiende así la posición de la Fiscalía, que en su último escrito apuntaba a que ya "no existen indicios suficientes" para seguir investigando si Shakira defraudó más de seis millones de euros en 2018 a través de un entramado societario que supuestamente se extendía a paraísos fiscales. Esta decisión no quita que la Agencia Tributaria pueda seguir reclamándole el correspondiente IRPF e IP por la vía administrativa.
"No basta para la comisión del delito contra la Hacienda Pública que se hayan producido irregularidades en las declaraciones tributarias presentadas y que estas irregularidades conlleven el dejar de ingresar una cantidad superior a los 120.000 euros (...), sino que también se precisa que dicha conducta se haya llevado a cabo con el ánimo de defraudar a la Hacienda Pública", advierte la jueza.
Su pacto previo con la Fiscalía
Esta segunda causa se sumaba a la investigación sobre el fraude fiscal que Shakira cometió entre 2012 y 2014 al simular que no residía en España y ocultar ingresos mediante un entramado en paraísos fiscales. En ese primer caso, la cantidad defraudada alcanzó los 14,5 millones de euros y la Fiscalía pedía inicialmente ocho años y dos meses de cárcel para ella, pero finalmente su defensa logró alcanzar un pacto para reducir la pena a tres años.
A cambio de reconocer los hechos y de pagar la cuota defraudada junto a una multa, esta reducción de pena permitió a Shakira evitar el ingreso en prisión, pero aún se enfrentaba a este otro procedimiento. "Al no mediar acusación ni por el Ministerio Fiscal ni por la Abogacía del Estado ni la letrada de la Generalitat de Catalunya, solo cabe dictar auto de sobreseimiento y el archivo de las presentes actuaciones", concluye ahora la jueza. "Una vez firme esta resolución, se remita copia de dicho auto a la Administración Estatal de la Agencia Tributaria (AET) y a la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) a los efectos de que puedan realizar las actuaciones procedentes".
La querella que ahora se archiva
La querella de la Fiscalía que dio lugar a esta segunda causa destacaba que Shakira "vivía en este país en una vivienda sita en Esplugues de Llobregat (Barcelona), junto con su compañero sentimental y sus dos hijos". Esta situación le obligaba a tributar en 2018 "por la totalidad de su renta mundial" en España "con independencia del lugar donde se hubiese producido", pero, según sostenía Fiscalía, se valió de sociedades instrumentales en "Islas Vírgenes Británicas, Malta, Panamá, Holanda, Luxemburgo y Liechtenstein" para esquivar a Hacienda.
"Todas estas sociedades y entidades carecieron de medios materiales y personales para realizar actividad alguna y los gastos que generaron fueron los puramente administrativos, relativos a la llevanza y gestión de las propias sociedades y entidades por despachos especializados en este tipo de estructuras", argumentaba la querella. "Estas sociedades y entidades fueron interpuestas con el único objetivo de tributar por una cantidad inferior".
La Fiscalía ponía a su vez el foco en su gira El Dorado, que se realizó entre el 3 de junio y el 3 de noviembre de 2018 e incluyó 53 conciertos en 22 países. La cantante recibió en 2011 un anticipo de más de 9,5 millones por esta gira en 2011 y sus asesores aplicaron el "criterio de imputación temporal de devengo" para no incluirlo hasta la declaración de IRPF de 2018. Según la Fiscalía, este hecho era "perfectamente conocido por la querellada", pero, llegado ese año, "omitió declarar" los rendimientos.
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