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El joven sudanés que logró salvar la vida en la tragedia de la valla de Melilla ya está en España después de año y medio esperando en Marruecos una orden de asilo. Estaba el 24 de junio de 2022 en el puesto fronterizo en el que murieron al menos 23 compañeros suyos migrantes en una avalancha cuando trataban de entrar en territorio europeo. La Audiencia Nacional ordenó el pasado febrero acoger a esta persona en contra del criterio del Gobierno, que hasta esta semana no hizo efectiva la resolución. Hace días, los jueces advirtieron personalmente al embajador español en Rabat que se enfrentaba a una multa económica o incluso una condena penal si lo seguía demorando.
A la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional se le agotó la paciencia la semana pasada “visto el tiempo transcurrido y dado que no consta que haya adoptado medida alguna”. En una providencia le daba al embajador de España en Marruecos un “plazo improrrogable” de diez días para conceder al migrante “de forma urgente el visado que le permita poder viajar a España”. Ordenaba además hacerse cargo de los gastos del billete de avión.
“Se advierte expresamente al embajador —dijeron los jueces— que, de no dar cuenta a la Sala en el plazo de cinco días de la realización de actuaciones tendentes a la efectividad de la medida que hemos acordado, la Sala podrá proceder e imponer al embajador multas coercitivas hasta la completa ejecución de lo ordenado, sin perjuicio de, en su caso, deducir testimonio para depurar la existencia de responsabilidad penal”.
En los mismos términos se había pronunciado en otra providencia dictada días antes. Los jueces se remiten al artículo 112 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que contempla multas coercitivas de 150 a 1.500 euros a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos.
En "tierra de nadie", según Marlaska
Todavía hoy, dos años después, no hay consenso sobre cuántas personas murieron aquel día aplastadas. Las ONG elevan la cifra a 37 y no coinciden con las oficiales de Rabat, que se quedó con los cuerpos. Las víctimas trataban de huir de la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes, que se emplearon violentamente y usaron gases en un espacio que se convirtió en una ratonera. Parte de la avalancha cayó sobre territorio español al ceder la valla por el peso de la gente y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ubicó la tragedia en una “tierra de nadie”.
El titular de Interior también negó que hubiera muertos en España, una versión que cuestionaron testigos presenciales en una investigación de un consorcio internacional de periodistas llamado Lighthouse Reports. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de conocer el alcance de la tragedia, llegó a decir que el intento de entrada estaba “bien resuelto” por parte de Marruecos. Al día siguiente, cuando ya crecía la cifra de muertos, Sánchez insistió y calificó de “violentos” a los migrantes y culpó a las mafias que trafican con personas. Solo días después cambió el discurso en una entrevista en la Cadena Ser. “Yo conocí esas imágenes después de hacer esa declaración”, se excusó.
Qué es la "tierra de nadie" donde según Marlaska tuvo lugar la tragedia de Melilla
Alejandro Requeijo
Solo unas semanas antes de esta tragedia, España y Marruecos habían restablecido relaciones diplomáticas gracias a que el Gobierno reconoció la autonomía de Rabat sobre el Sáhara Occidental, virando la postura tradicional en la cuestión. Fue el resultado de meses de tensiones derivados de la decisión de acoger en un hospital de Logroño al líder del Frente Polisario, contestado por Marruecos con la entrada masiva de 10.000 personas en Ceuta de manera ilegal.
La tragedia de la valla de Melilla es uno de los puntos más oscuros de la política migratoria de los últimos años. El defensor del Pueblo acusó a Interior de incumplir la Ley. "Se efectuó un rechazo en frontera de 470 personas sin contemplarse las previsiones legales", dijo la institución que dirige el socialista Ángel Gabilondo. Uno de esos migrantes que fueron devueltos en frontera a Marruecos fue el joven sudanés al que ahora la Justicia ordena acoger. Sus abogados ocultan su identidad real bajo el nombre ficticio de Basir.
La lucha de Basir
Su caso lo asumió el despacho Demos, Estudio Legal de Derechos Humanos, que ya ha pasado las primeras horas con Basir en España. Según dicen, “a pesar de un año y medio de intentos del Gobierno para evitar su traslado, el refugiado sudanés Basir ya está en España” y denuncian que las autoridades españolas hayan “tardado casi tres meses para el cumplimiento de una medida cautelar de carácter urgente”. Los servicios jurídicos del Gobierno, representado por la Abogacía del Estado, se oponían al traslado.
Basir huyó por razones religiosas de su país, donde se enfrenta a la muerte en caso de regresar, según dice. Acudió a la embajada de España en Marruecos en diciembre de 2022, meses después de sobrevivir a la valla de Melilla. En la delegación diplomática pidió protección internacional en virtud de la Ley de Asilo y sus abogados han pleiteado desde entonces hasta lograrlo.
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Basir durante sus primeras horas en España. (Diego Ramadés) Con motivo del primer aniversario de la tragedia, Basir concedió una entrevista a El Confidencial donde relató su experiencia: "Por suerte, logré ocultarme bajo los migrantes que estaban tirados en el suelo allí. Así que fui herido, pero no gravemente, gracias a Dios (…) Las autoridades marroquíes nos recibieron de las fuerzas españolas golpeándonos salvajemente, amenazándonos. Otros fueron también apaleados hasta que perdieron la vida. Fue muy, muy terrible. Vi mucha gente morir, allí en el suelo. Cuando fui devuelto del territorio español, fui arrojado sobre el resto de los migrantes que estaban tirados en el suelo, sobre aquellos que ya estaban muertos. Fue una auténtica tragedia".
Los jueces de la Audiencia Nacional corrigieron en febrero una resolución anterior del 15 de enero en la que le denegaron la medida cautelar de traslado a España al entender que Basir no corre riesgo en Marruecos. El cambio de parecer, según el auto judicial, se debió a una sentencia del Tribunal Supremo del 6 de febrero. El alto tribunal estableció que, para valorar el peligro al que se enfrenta un solicitante de asilo, hay que tener en cuenta las circunstancias en su país de origen y no del lugar en el que realiza los trámites para llegar a España.
Basir: "Logré ocultarme bajo los migrantes que estaban tirados"
Este sudanés es cristiano. A los 15 años perdió a su padre y a su hermano, que fueron asesinados. Él sobrevivió al ataque en Durban, su aldea, e intentó refugiarse a cientos de kilómetros, en la casa de familiares, pero estos intentaron forzarle a convertirse al islam. Basir ha pasado ya por cinco países (Egipto, Libia, Argelia y Marruecos) en los que ha sido víctima de privaciones de libertad, tortura y tratos inhumanos. Tras la tragedia de Melilla, las fuerzas de seguridad de Marruecos le trasladaron forzosamente a más de 600 kilómetros de la frontera.
"Espero que se reconozcan los mismos derechos y el mismo respeto para los inmigrantes negros que para el resto de seres humanos. Quiero vivir libre, seguro, lejos del racismo", ha dicho el propio Basir al llegar a España en un testimonio facilitado por sus abogados. Habla así después de pasar una mala experiencia donde dice que los policías le hicieron pasar un mal rato, ya que le bajaron del avión sin darle más explicaciones ni la posibilidad de llamar a sus abogados. Dice haber recordado su paso por otros países africanos como Marruecos o Algeria en su largo viaje hasta Europa.
A juicio de sus letrados Arsenio G. Cores y Adilia de las Mercedes, “la victoria de Basir, sin duda, es un precedente importantísimo para las personas refugiadas que solicitan protección internacional en las representaciones diplomáticas de España. Pero también demuestra que, a día de hoy, la existencia de vías legales, para acceder al derecho de asilo, como ha reiterado el ministro Grande-Marlaska no es real. Y no lo es muy especialmente para las personas negras, lo cual es reflejo del lamentable e ilegal racismo institucional de nuestra Administración”.
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