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La futura tasa de basuras, obligatoria en toda España tras una transposición del Gobierno de Pedro Sánchez, inquieta ya a ayuntamientos de distinto signo. Las administraciones locales deben implantar antes de abril de 2025 el nuevo tributo para sufragar los gastos derivados de la gestión de residuos, pero de momento todo son dudas y en los consistorios cunde cierta inquietud por la factura política de la medida en el ecuador de la legislatura. Subir impuestos nunca es buena carta de presentación. "Es muy impopular y lo peor de todo es que no ha salido de nosotros", explican fuentes municipales consultadas por El Confidencial.
El impuesto, bautizado como 'tasazo' entre los gobiernos del PP, es una obligación para todos los ayuntamientos, sea cual sea su tamaño, marcada en la Ley 7/2022 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que desarrolla una directiva de la UE. La norma, según recoge en su artículo 11, aplica el principio de "quien contamina paga" y establece el marco para los costes relativos a la gestión de residuos.
Así, el tercer apartado señala quién será el responsable el caso de las competencias municipales. "(...) las entidades locales establecerán, en el plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor de esta ley, una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos". El texto alude también a la "vigilancia y el mantenimiento posterior al cierre de los vertederos, las campañas de concienciación y comunicación, así como los ingresos derivados de la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor, de la venta de materiales y de energía".
La Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local señala la tasa como uno de los principales problemas que enfrentan las administraciones a corto plazo. La entidad, que el viernes celebrará una jornada de debate en torno a esta cuestión, destaca que la obligatoriedad de que el impuesto no sea deficitario supondrá un contratiempo importante para usuarios y consistorios. "La tasa media, que está en torno a 92 euros por vivienda, solo cubre el 60% del coste total. Y la estimación es que la gestión de residuos llega a 3.800 millones de euros en toda España. Es una barbaridad y nadie sabe muy bien cómo abordarlo. Tal y como está planteada, es caótica", explican fuentes de la asociación, que subraya que la ley del Ejecutivo desarrolla una directiva europea.
La obligación, no obstante, es un problema para todos. Y el juego político es clave. Los ayuntamientos consultados critican que serán ellos quienes tengan que dar las explicaciones por una tasa que en muchos casos ni siquiera existe. Y están seguros de que tendrá un coste. En el caso del PP, además, creen que rompe su discurso político de bajos impuestos. "Esto una cosa de Sánchez, una imposición de las suyas, que va a parecer que es nuestra", apuntan en otra de las administraciones.
La preocupación también existe en los gobiernos del PSOE. Ayuntamientos del sur de la Comunidad de Madrid, precisamente, han llevado esta cuestión a la Junta de Gobierno de la Federación Madrileña de Municipios (FMM). Alcorcón, Ciempozuelos, Fuentidueña de Tajo y Parla quieren homogeneizar la futura tasa de basuras y establecer una postura común de todos los ayuntamientos. "Los vecinos y vecinas no entenderían que en cada municipio se planteara de una manera diferente la carga impositiva de este impuesto. Los socialistas creemos que la FMM debe servir para este tipo de proyectos comunes a todos los municipios", declaró al respecto Ramón Jurado, regidor de Parla, según recoge EP.
"Vamos a ver a lo que están dispuestos esos alcaldes y vamos a ver cómo quieren justificar ante sus vecinos algo de su propio gobierno"
La propuesta ha provocado una reacción contundente de la presidenta de la FMM, Judith Piquet, del PP y también alcaldesa de Alcalá de Henares. "No vamos a aceptar que los alcaldes del PSOE endosen a la FMM una tarea que nunca le han encomendado. Vamos a ver a lo que están dispuestos esos alcaldes y vamos a ver cómo lo que quieren es justificar ante sus vecinos algo que su propio gobierno nos quiere imponer", defiende Piquet, que habla de una maniobra para "blanquear" a Sánchez.
Parte de los afectados espera articular una respuesta común y ordenada a través de las federaciones de municipios. También en el organismo de alcance nacional, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), aunque el horizonte no está nada claro. La única certeza hasta la fecha es que nadie quiere asumir la firma del gravamen.
Falta de regulación
La tasa de basuras plantea un nuevo choque político, pero también algunas dudas jurídicas. Las fuentes consultadas defienden podría contravenir la autonomía que la Constitución Española brinda a los municipios para su gobierno, administración y gestión, además de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, que también reconoce a los ayuntamientos libertad para establecer sus propios tributos. En la práctica, además, puede suponer un problema importante para los ayuntamientos e incluso provocar un aluvión de litigios en los tribunales. Así lo advierte la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local.
Los inspectores consideran que la regulación sobre la tasa es mínima, habida cuenta de que solo viene recogida en un artículo de la ley 7/2022, y que el Ministerio de Hacienda debería poner orden. "Va a pasar como con la plusvalía. Habrá cientos de ordenanzas por toda España, donde cada ayuntamiento hará lo que quiera o pueda, sin una normativa clara. Y después habrá cientos de recursos y cada Tribunal Superior de Justicia dictará resoluciones distintas", apuntan fuentes de la entidad, que además creen que será muy complicado aplicar el principio de que "quien contamina paga". "¿Cómo se mide eso en Madrid o Barcelona?".
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