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El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha atendido la postura de la Fiscalía y ha rechazado citar como testigo al ex consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, en el conocido como caso Koldo. En un auto notificado este lunes al que ha tenido acceso El Confidencial, considera que su relación con el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, "se circunscribe a día de la fecha al transporte de las mascarillas".
La decisión de Moreno choca con el informe que la Agencia Tributaria le remitió el pasado febrero, en el que apuntaba a que las negociaciones para el rescate público de Globalia (y su compañía aérea Air Europa) fueron el origen del caso Koldo. Hacienda señalaba que Aldama se convirtió en "consultor en la sombra" de la aerolínea, lo que le permitió establecer una "cercanía con determinados funcionarios" que después aprovechó para cerrar los contratos investigados. Como ha desvelado El Confidencial, ambas cuestiones se solapan con las reuniones que Aldama mantuvo con el propio Javier Hidalgo y con la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
La citación de Hidalgo como testigo había sido propuesta por la acusación popular que ejerce la asociación Liberum, pero la Fiscalía se opuso a la misma el pasado 10 de mayo. En su escrito, apuntó para ello a los mismos argumentos que ahora esgrime el magistrado: "Efectivamente, hay acreditada una relación de Globalia con Soluciones de Gestión y con Víctor de Alama, pero tal actuación, de lo que consta hasta ahora en las actuaciones, se circunscribe al transporte de las mascarillas".
Liberum también basaba su petición en el hecho de que la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo ya ha citado a Hidalgo, pero la Fiscalía y el juez señalan que esa decisión no afecta al procedimiento: "La finalidad de la investigación parlamentaria es la determinación de eventuales responsabilidades públicas y propuesta de reformas legales, mientras que la finalidad del proceso penal es la búsqueda y determinación de la verdad material dentro de los parámetros establecidos por la legislación procesal".
Además de a Hidalgo, Liberum pedía citar como testigo a la consejera delegada de Wakalua, Leticia Lauffer. Esta empresa es una filial de Globalia que patrocinó actos y foros del Instituto de Empresa (IE) África Center, una entidad sin apenas contenido ni proyección pública a la que Begoña Gómez había llegado como directora en agosto de 2018. La colaboración comenzó antes del estallido de la pandemia de covid-19 y se prolongó durante los peores meses de la crisis sanitaria.
"Toda vez que el hecho de que haya podido tener relación con el investigado D. Víctor Gonzalo de Aldama no implica su relación con los hechos objeto de investigación ni su relación con el Sr. Hidalgo, máxime teniendo en cuenta que la empresa Wakalua Hub se dedica al sector del turismo", sostiene el magistrado para rechazar su citación como testigo.
La investigación previa de Hacienda
Antes de que el caso llegara a la Audiencia Nacional, la Agencia Tributaria también investigó a Aldama y sus sociedades. Los inspectores detectaron que en 2020, de forma paralela a los contratos investigados, el empresario recibió una serie de pagos de Globalia y requirió documentación a la compañía sobre los mismos.
Globalia se escudó en un contrato que había firmado en noviembre de 2019 con una empresa de Aldama, MTM 180 Capital, y aseguró que el comisionista le había prestado distintos servicios: asesoramiento para "fomentar la innovación en el turismo", "funciones de representación" en diferentes eventos, mediación en un conflicto que mantenía con un hotel de Cancún, cooperación para "abrir una nueva ruta de Air Europa"...
La sospecha de Hacienda se centra en que Globalia en realidad buscaba aprovechar la influencia de Aldama en el Ministerio de Transportes para su rescate, tal y como recogió en el ya mencionado del pasado febrero. "El conjunto de negociaciones de Air Europa y el Ministerio, según declaró el señor Aldama, su cercanía con determinados funcionarios (del que se ha apuntado una persona) y sobre todo, la coincidencia temporal (marzo de 2020) propició el ofrecimiento de las mascarillas", sostenía en el mismo.
Los investigadores apuntan a que la comisión de Aldama por los contratos del caso Koldo ascendió a 5,5 millones de euros y, al mismo tiempo, Globalia le fue pagando 10.000 euros mensuales por su papel de "consultor en la sombra". Estos últimos pagos llegaron a su fin días después de que el Gobierno aprobara el rescate de la compañía. Su contrato con la empresa le hubiese permitido seguir cobrando por supuestos "servicios de asesoría" durante otro año, pero, tras acordarse las ayudas públicas, Aldama remitió una carta a Hidalgo: "Procedemos a declarar la extinción anticipada del referido contrato con el debido preaviso de (1) mes acordado en el mismo, sin que sea necesaria justificación alguna ni proceder al abono de indemnización".
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