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El juez de Instrucción número 31 de Madrid, que custodia las imágenes del encuentro secreto en Barajas entre el exministro Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, emitió un auto para justificar su negativa a ceder las cintas al Senado. Además de recordar que el caso se archivó solo provisionalmente, apela al "derecho a la intimidad" de los implicados para mantener las grabaciones bajo llave en su Juzgado, donde llevan cuatro años.
"Pese al deber genérico de colaboración con las Cortes Generales que impone la Constitución, lo cierto es que la conculcación del derecho fundamental a la intimidad únicamente cabe en el seno del proceso penal mediante auto del juez o Tribunal", dice la resolución dictada el pasado 24 de mayo. Las había pedido el PP en el marco de los trabajos de la comisión parlamentaria del Senado sobre el caso Koldo.
Los populares creen que pueden arrojar luz y despejar incógnitas que, cuatro años después, todavía siguen presentes: el tiempo que duró la reunión entre Ábalos y Delcy Rodríguez, el número de maletas que portaba la delegación venezolana y qué se hizo con ellas o si realmente estuvo presente el comisionista de Air Europa detenido en el caso Koldo, Víctor de Aldama.
Sin embargo, los vídeos de aquel domingo 20 de enero de 2020 seguirán en "la caja fuerte" del Juzgado, según dice el auto al que ha tenido acceso El Confidencial. Insiste en que "la conculcación" del derecho a la intimidad no puede "trasvasarse sin más a una investigación de cualquier otra índole, como es el supuesto planteado". El Juzgado recabó la opinión de la Fiscalía, que se manifestó en el mismo sentido.
A Delcy Rodríguez se le permitió aterrizar en Madrid a pesar de que pesaba sobre ella una prohibición de acceso a territorio Schengen dictada por la UE como sanción a la vulneración de derechos humanos en su país. Ábalos accedió a la pista de aterrizaje y subió al avión, donde mantuvo un encuentro con la mandataria. Luego ella bajó del aparato con el resto de su delegación y pasó la noche en una sala Vip de la terminal ejecutiva de Barajas.
El ministro mantuvo oculta la cita en la que Koldo García estuvo presente en todo momento, menos cuando Ábalos subió al avión. Antes de que el periódico Vozpópuli desvelase la reunión, su ministerio optó por negarla. Una vez publicada la información, entonces ya sí la admitieron, pero encadenaron una sucesión de versiones erráticas para justificarla.
Se abrieron varias causas judiciales, en el Tribunal Supremo, para investigar al ministro por un presunto delito de prevaricación, y en un juzgado madrileño, para hacer lo propio con los policías que estaban esa noche en la pista de aterrizaje. Todas terminaron archivadas y nunca se llegaron a ver íntegramente las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia del aeropuerto.
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