El Real Decreto-Ley para reformar la protección por desempleo aprobado este martes recoge también dos perlas envenenadas que enturbian el diálogo social. La primera fue anunciada por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros: el Ejecutivo cumplía con el compromiso alcanzado con el PNV para aprobar la prioridad de los convenios colectivos autonómicos y provinciales en determinadas circunstancias. La medida que afecta a la negociación colectiva ha causado malestar entre empresarios y sindicatos porque fue aprobada sin negociarla con los agentes sociales. Pero pocas horas más tarde, la tensión aumentó especialmente en la gran patronal, CEOE-Cepyme, tras conocer a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) que la norma también introducía un cambio que abre la puerta del Consejo Económico y Social (CES) a las organizaciones empresariales autonómicas que compiten en los territorios con la CEOE-Cepyme. De esta forma, la patronal catalana Pimec, más independiente respecto a CEOE, entrará en el CES, tal y como ha adelantado este periódico.
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