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La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido cinco años y siete meses de cárcel para seis personas, en su mayoría antiguos etarras y miembros de Sortu, a las que acusa de organización criminal y delito continuado de enaltecimiento del terrorismo por la organización de 120 actos de homenaje a presos de ETA entre 2016 y 2020.
En un escrito hecho público este jueves, el fiscal Carlos García Berro pide a la Sala de lo Penal que abra juicio oral a los miembros de la Comisión de Presos de Sortu Oihana Garmendia Marín, Haymar Altuna, Oihana San Vicente Saez de Cerain, y a los históricos exmiembros de ETA Carlos Saez de Egilaz, José Antonio López Ruiz 'Kubati' y Felipe San Epifanio San Pedro.
Lo hace después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón dictara en abril el procesamiento de estos seis investigados a raíz de la operación Aurresku-Carmen, en la que alguno de ellos, como Kubati, fue detenido en febrero de 2018.
Además de las penas de prisión, el Ministerio Fiscal pide que se decomisen de los efectos utilizados para organizar los homenajes a presos, así como el cierre definitivo de la revista 'KaleraInfo', la página web correspondiente y los siete perfiles de Facebook, cinco de Twitter y cuatro canales de YouTube empleados para esos fines.
Al abrirse esta causa en 2018, el juzgado decretó el cierre de 'KaleraInfo', editada por la comisión a favor de los presos de ETA de Sortu, y de la página web al considerarlas un instrumento de enaltecimiento del terrorismo.
Según relata el fiscal, la denominada dinámica Kalera Kalera, dirigida por los acusados, "se encargó de organizar de forma reiterada y sistemática 'ongi etorris' (bienvenidas) y otros actos de homenaje dispensados a miembros de la banda terrorista ETA en el momento de su excarcelación, del regreso a España y de su fallecimiento".
¿Por qué es tan difícil impedir los 'ongi etorri' de homenaje a presos de ETA?
Alejandro Requeijo
"La organización reiterada y sistemática de tales actos de indudable contenido laudatorio a todos y cada uno de los miembros de la banda terrorista ETA encuadrados en el EPPK o colectivo de presos produjo una constante humillación a las víctimas y un impacto psicológico negativo", lamenta García-Berro.
Según indica, la organización de los 'ongi etorris' y demás actos de homenaje a los presos de ETA "se realizó a través de normas estrictas tanto en lo referente a qué presos se rendía tributo como en lo concerniente a cómo se debía desarrollar el homenaje".
Solo fueron tributarios de homenaje, explica, aquellos que se habían mantenido dentro de la disciplina del colectivo de presos. Ninguno de los presos de ETA que se acogieron a la denominada 'vía Nanclares' fue objeto de homenaje al ser excarcelado, ni tampoco los que se desvincularon del EPPK por ser contrarios al abandono de la lucha armada.
La dinámica Kalera Kalera contaba con una estructura de comunicación consistente en siete perfiles de Facebook, cinco en Twitter y cuatro canales en Youtube, y tenía enlace propio en las páginas oficiales de Sortu, del sindicato LAB y la organización juvenil ERNAI.
La dirección efectiva de la revista recaía en Ohiana Garmendia y Carlos Saez De Egilaz, quienes compartían el grupo de WhatsApp llamado 'Kalerainfo taldea', mientras que Kubati se hacía cargo de dirigir la organización de los homenajes.
A lo largo del escrito, de 67 páginas, el fiscal detalla las pruebas e indicios recabados sobre la presunta participación de los investigados en esos 120 homenajes.
Antes de decretar el procesamiento, García Castellón acordó prorrogar la instrucción de esta causa para investigar quién había detrás de dos chats de Sortu y de uno de la red ciudadana Sare en los que se habrían impartido "directrices e instrucciones sobre diversas cuestiones y ámbitos relacionados con los presos y fugados". Lo hizo en contra del fiscal, que recurrió esta decisión ante la Sala de lo Penal, que le dio la razón y dejó sin efecto esa prórroga y la petición del juez a Telegram para que informase de la titularidad de los canales administrados por Sortu y por Sare.
García-Berro se opuso a la prórroga al no ver, en contra de las acusaciones populares -Dignidad y Justicia y el PP-, delitos de prevaricación o de revelación de secretos en las comunicaciones entre el exconsejero vasco Joseba Azkarraga y abogados de presos etarras, en las que mencionaban gestiones ante el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz.
"No es delito ser vasco, no es delito ser preso, no es delito conversar, no es delito actuar políticamente en la dirección que a cada cual le plazca. Y, por supuesto, no es delito que los abogados realicen cuantas gestiones consideren oportunas para tratar de favorecer la situación penitenciaria de sus clientes", expuso en su recurso.
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