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La Fiscalía Superior de Andalucía se opone a la concesión del indulto a José Antonio Griñán por su condena en el caso de los ERE. El Ministerio Público defiende en su escrito, solicitado por la Audiencia de Sevilla, que la conducta del expresidente de la Junta y exlíder del PSOE no puede quedar "sin respuesta punitiva" puesto que se trata de un caso de "corrupción política". El exdirigente socialista fue condenado en 2019 a 6 años de prisión por los delitos de prevaricación y malversación por su papel como consejero de Hacienda en el reparto de los 680 millones de euros distribuidos de forma fraudulenta entre 2000 y 2008 desde la Consejería de Empleo.
Según la Fiscalía, los argumentos aportados por la defensa de Griñán y el resto de los exaltos cargos condenados por el caso ERE "no guardan relación con la naturaleza y finalidad el indulto y su norma reguladora". El Ministerio Público defiende que los hechos por los que ha sido condenado el expresidente andaluz "han sido enjuiciados con ecuanimidad", aun teniendo en cuenta que se trata de delitos que no requieren "enriquecimiento económico propio".
El despacho de José María Calero, que ejerce como defensa del expresidente de la Junta, también aludía a la trayectoria personal y profesional del también exministro de Felipe González. Y se refería al reconocimiento público de su "honestidad y honradez". "No puede ser apreciado cuando se le condena por los delitos más graves cometidos en el seno de la Administración pública", indica el escrito del Ministerio Público, que recuerda cómo la malversación parte de la "confianza de la sociedad" en el buen hacer de los funcionarios públicos para ejecutar el desvío de dinero.
Estos eran algunos de los posicionamientos de los letrados del exlíder del PSOE andaluz que han quedado rechazados por el Ministerio Público, que también descarta que la sentencia de 2019 no recoge la presencia de dilaciones dada la extensión temporal y la compleijdad de los hechos. El escrito de Fiscalía recuerda que se tratan de hechos relacionados con el diseño de presupuestos y la gestión y control de ayudas públicas en el área socioeconómica.
"En este escenario, los fines retributivos, de prevención y rehabilitación de las penas no justifican la concesión de un indulto parcial", indica la Fiscalía, según un escrito distribuído este viernes y que recuerda que insiste en que la prevaricación y la malversación son delitos de corrupción política "incompatibles con un estado democrático de derecho".
El posicionamiento de la Fiscalía llega después de que la Junta tambien emitiese el suyo a petición, en ambos casos, de la Audiencia de Sevilla, el tribunal que condenó a Griñán, a Manuel Chaves y varios altos cargos más de la Administración socialista. Cinco de ellos están en prisión ya que, como Griñán, se les imputa el delito de malversación además del de prevaricación. El expresidente y exconsejero de Hacienda no llegó a entrar en la cárcel porque a finales de 2022 informó de que padecía un cáncer y, después de casi un año y de los primeros tratamientos, su pena fue suspendida para afrontar la enfermedad en su domicilio.
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