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El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha pedido a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y al resto de investigados en la causa de Tsunami Democràtic que faciliten sus “direcciones inequívocas” para poder citarles como imputados por delitos de terrorismo.
García Castellón da este paso después de que la magistrada del Tribunal Supremo Susana Polo citara este mismo lunes a Carles Puigdemont para ofrecerle la posibilidad de declarar como investigado de forma voluntaria y por videoconferencia el próximo junio en la causa de Tsunami. Al tratarse de un eurodiputado, el expresidente catalán goza de inmunidad parlamentaria, lo que ha obligado a García-Castellón a dejar la investigación contra él en manos del Supremo.
Esta especial protección parlamentaria no se extiende a Rovira, cuya dirección ha terminado por convertirse en un quebradero de cabeza para la Audiencia Nacional y la Fiscalía. Como ya informó El Confidencial el pasado febrero, la secretaria general de ERC se niega a aclarar cuál es su actual domicilio en Suiza, donde se encuentra huida de la Justicia desde marzo de 2018.
Rovira lleva varios meses personada en el procedimiento de Tsunami para tener acceso a la documentación de la causa. Pero, según apuntan fuentes jurídicas, solo ha facilitado como dirección de contacto la de la sede de ERC en Barcelona. "No se comprende (...) el empeño en la representación de la investigada de no dar el domicilio real", criticó el fiscal Miguel Ángel Carballo en un escrito del 19 de febrero. "Si se dice que se encuentra en Suiza, notoriamente el domicilio ofrecido para notificaciones, no es el real de la investigada".
García-Castellón envió en noviembre una comisión rogatoria a Suiza para que le facilitaran una serie de "datos que permitan la localización" de Rovira, pero las autoridades helvéticas se negaron a colaborar. Según recogen en la respuesta remitida al magistrado, la investigación parece tener un "carácter político", no encaja con indicios de terrorismo y necesitan más información sobre el efecto que tendría en la causa una hipotética ley de amnistía.
Frente a esta negativa, García-Castellón respondió el pasado febrero a Suiza que los tratados internacionales le prohíben rechazar la solicitud de asistencia judicial en la causa de Tsunami: "La explicación resulta manifiestamente inadmisible". El magistrado les ha ofrecido celebrar "una reunión de coordinación" para aclarar sus dudas, pero, sea cual sea el resultado de este posible encuentro, ha dejado claro que no cambia su obligación de colaborar.
A falta de ver la respuesta de las autoridades helvéticas a esta nueva solicitud, el magistrado ya ha movido ficha para tratar de averiguar las direcciones de Rovira y el resto de investigados por su cuenta: "Se acuerda requerir a dichos investigados, a través de sus defensas letradas, para que en el plazo de una audiencia faciliten a este juzgado direcciones inequívocas en las que recibirán las citaciones", sostiene en una providencia notificada este lunes. García-Castellón pide a su vez a la policía que averigüe el domicilio y el paradero de tres investigados concretos: el periodista Jesús Rodríguez Sellés, el banquero Nicola Flavio Guiulio y Jaume Cabani, al que relaciona con la financiación de la plataforma.
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