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El nuevo movimiento del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, para forzar la renovación de este órgano ha facilitado este martes al Gobierno incrementar la presión sobre el PP para intentar llegar a un acuerdo, que no ha sido posible alcanzar a lo largo de cinco años. Guilarte ha remitido al Congreso y al Senado una propuesta de elección de los miembros del CGPJ y de los magistrados del Tribunal Supremo que ha enviado tan bien al ministro de Justicia, Félix Bolaños.
El Ejecutivo, que siempre se ha mostrado reticente a un cambio de modelo, no se ha pronunciado aún sobre su propuesta, pero Bolaños le ha agradecido públicamente su "aportación" al debate y su "compromiso" con la actualización del CGPJ. "Lo voy a leer con mucho interés", señaló en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
Tras un bloqueo tan prolongado, el Ejecutivo se siente respaldado por la carrera judicial, el sector conservador y el progresista en la demanda de renovación, pese a la distancia que en muchos asuntos como la amnistía o los indultos mantiene con los jueces. Por eso, el ministro apuntó este martes a la existencia de un "clamor nacional e internacional" en el que incluye a la propia Comisión Europea. "Ya conocían la realidad, pero ahora de primerísima mano saben de la descomposición del CGPJ", aseguró sobre las labores de mediación que ha ejercido el comisario de Justicia, Didier Reynders.
Bolaños defendió que el PP se encuentra ante el "dilema" de cumplir la Constitución o provocar la "descomposición total" del órgano de los jueces, que tiene efectos directos en el Poder Judicial, ya que el Gobierno, para forzar el acuerdo con el PP, cambió la ley para que el CGPJ no pueda hacer nombramientos.
A principios de diciembre, después de la investidura de Pedro Sánchez, se produjo una reunión entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, en la que Alberto Núñez Feijóo propuso buscar la mediación de Bruselas para llegar a un pacto, tras un primer intento que él mismo hizo naufragar en el último minuto. Durante estos meses Bolaños se ha reunido con Reynders y Esteban González Pons pero el PP, en medio del supertrimestre electoral, ha puesto el freno a las negociaciones. Las conversaciones están ahora a expensas de lo que decida Génova.
El Gobierno asegura que aún confía en poder alcanzar un acuerdo en abril, que es la nueva prórroga dada por la Comisión Europea para su mediación. Pero la opción más realista, a la que han apuntado en los últimos meses tanto el Ejecutivo como el PP, es que el pacto culmine tras las elecciones europeas.
Si eso no sucede, es cuando la Moncloa podría valorar la propuesta de Guilarte, que plantea limitar el papel la potestad de hacer nombramientos a dedo y profesionalizar la designación de las vacantes del Tribunal Supremo. Así los partidos ya no tendrían tanto interés en controlar el CGPJ. El actual presidente de este órgano, que ha amenazado con renunciar este verano si no hay avances, también propone fórmulas para un nuevo sistema de elección de los miembros del propio Consejo.
Abusos sexuales en la Iglesia
En el Consejo de Ministros de este martes se ha aprobado el plan para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica, cuyos casos son muy antiguos, han prescrito o no han aportado pruebas suficientes. Las compensaciones las establecería un órgano independiente. Pero el encargado de pagarlas sería la Conferencia Episcopal.
El ministro de Justicia, que la semana pasada se reunió con su presidente, el cardenal Juan José Omella, defendió que "desde el Gobierno hemos iniciado esas conversaciones con la Iglesia Católica para que sufrague el coste de las indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia". Según Bolaños, su impresión es que "tiene voluntad de colaborar". "Así me lo trasladaron", dijo. Nadie entendería, añadió, que la Iglesia española no actuara como han hecho países como Irlanda, Francia, Bélgica o Estados Unidos.
Desde la Conferencia Episcopal se ha respondido esta mañana al plan del Gobierno que ya trabaja en la misma la línea de acogida, la atención y la reparación de las víctimas, la prevención de los abusos, la formación de las personas y la sensibilización de la sociedad. Pero discrepa en que toda su atención se centre en los abusos cometidos en el seno de la Iglesia. "Es un análisis parcial y oculta un problema social de enormes dimensiones", consideran.
En cualquiera caso, destacan que ya se manifestó a Bolaños su disposición a colaborar en los ámbitos de su responsabilidad y competencia, pero siempre en la medida en que aborde el problema en su conjunto.
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