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La Comisión de Venecia ha emitido un informe preliminar sobre la ley de amnistía que ha desatado una guerra entre el Gobierno y el PP por su interpretación. El escrito, de 26 páginas y que todavía debe superar un periodo de enmiendas, avala en abstracto una hipotética amnistía para la "reconciliación política", pero al mismo tiempo afea el procedimiento de urgencia empleado, aboga por una reforma constitucional y alerta de que en ningún caso puede aplicarse a "individuos específicos". El primer borrador del organismo, que se inició a instancias del Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta, se ha trasladado ya a las presidencias del Congreso de los Diputados y de la Cámara Alta.
El Gobierno se apresuró a celebrar el dictamen bajo el argumento de que la Comisión defiende que la "reconciliación política es un objetivo legítimo para las amnistías", aunque sin entrar en el fondo del texto. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, celebró este viernes en X (antes Twitter) la supuesta victoria de la norma. "Y además cumple con los estándares internacionales. Es impecable y es positiva", subrayó el dirigente del PSOE. Génova, en cambio, salió al corte y acusó al Gobierno de "mentir" y "manipular" la resolución de la Comisión.
Fuentes socialistas destacan que el informe de la Comisión de Venecia advierte de que la futura ley, todavía en tramitación y pendiente del respaldo de Junts, no afectará a la separación de poderes, habida cuenta de que deja en manos de los jueces la amnistía de los actos concretos. "La Comisión establece una serie de criterios para asegurar la legalidad de la amnistía. La proposición española cumple con todos ellos: respeto al derecho internacional, seguridad jurídica al definir claramente los actos amnistiados y las excepciones o una tramitación que permita debate y participación", apuntan las mismas fuentes, tras indicar que las recomendaciones de la Comisión "se han cumplido ya en la tramitación parlamentaria".
El informe, no obstante, alerta de varias cuestiones que tienen que ver con la forma de la futura ley y que son esgrimidos por el PP. El borrador de la Comisión de Venecia recoge que una amnistía no puede aplicarse en ningún caso a personas concretas, como pudiera ser Carles Puigdemont o cualquiera de los acusados por el procés, y que debe delimitarse en el tiempo. "Como las amnistías son medidas impersonales que se aplican a todas las personas o a ciertas clases de personas, los criterios no deben diseñarse para cubrir a individuos específicos", dice la resolución.
La Comisión de Venecia, además, sostiene que la tramitación de urgencia empleada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez no es el cauce adecuado para una amnistía. El contexto de la norma y las repercusiones sociales que suscita, añade el escrito, requieren "el tiempo necesario para un diálogo significativo en el espíritu de una cooperación leal entre instituciones y entre la mayoría y la oposición, para lograr la reconciliación social y política". La delegación, de hecho, ni siquiera cree que es el órgano competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley, que "le corresponde decidir al Tribunal Constitucional".
Así, respecto a la reforma constitucional, los populares citan el punto 87 del escrito, que recuerda que la Constitución no regula las amnistías. "La comisión de Venecia considera que debería reformarse la Constitución antes de aprobar una ley de amnistía, por lo tanto, la ley en cuestión no es el camino", añaden en el PP.
Fuentes populares acusan al Gobierno de "retorcer" la realidad para esbozar una supuesta victoria de la ley de amnistía y advierten también de que el informe de la Comisión de Venecia defiende que una norma de ese calado debe contar con consenso y una mayoría cualificada en el Congreso, algo que no se cumple en este caso, dada la exigua mayoría parlamentaria del Ejecutivo. "Es un varapalo a la Moncloa. La Comisión no avala la ley de amnistía del Gobierno", declaran a este diario desde el equipo de Alberto Núñez Feijóo, que presentará enmiendas y matizaciones al borrador.
La norma requiere "el tiempo necesario para un diálogo significativo en el espíritu de una cooperación leal entre instituciones y entre la mayoría y la oposición"
La Moncloa contraatacó a los argumentos del PP y lanzó su propia lectura de las conclusiones. Las fuentes consultadas reiteran que la comisión ha brindado un respaldo a la ley, aunque no hace ninguna matización a la cuestión de la vía de urgencia. El foco de los socialistas está en la amnistía como instrumento y su presencia en los ordenamientos jurídicos de otros países. "A falta de disposiciones constitucionales sobre la amnistía, varios países la consideran aceptable y han previsto la amnistía en ocasiones específicas, y/o han reconocido la admisibilidad de la amnistía en su legislación", apuntan, y citan a Alemania, Bélgica, Brasil, Canadá, Costa Rica, Croacia, Dinamarca o Irlanda, entre otros.
Respecto a la amnistía a la carta, que concentra una de las críticas de los populares, en el Gobierno niegan la mayor y explican que, de hecho, ya fue un tema abordado durante la elaboración del texto. "Claro, y no lo hace. De hecho, no hay un solo apartado en el informe donde se insinúe que la ley de amnistía haga esto. Es una afirmación general. Por eso, el PSOE rechazó una amnistía propuesta por los independentistas", aseveran.
Enmiendas
El escrito de este organismo, dependiente del Consejo de Europa, no es definitivo en ningún caso y las conclusiones deben someterse aún a cambios vía enmiendas, paso previo a su debate, los próximos días 15 y 16 de marzo. El análisis se produjo tras la solicitud del Senado, a instancias del PP, para fiscalizar el proyecto del Gobierno de Pedro Sánchez. Una delegación de la Comisión se reunió con los grupos parlamentarios en el Congreso y el Senado el 8 y el 9 de febrero, así como con representantes del Gobierno, expertos constitucionales y asociaciones judiciales para recabar la información y dirimir el alcance del texto.
El PP, como ha venido informando este diario, centró su oposición a la norma en el trabajo de la Comisión, convencidos de que la UE es la última barrera para frenar el perdón a los acusados y condenados por el procés, sin ninguna esperanza en el Tribunal Constitucional por la mayoría progresista dominante ni en el Congreso de los Diputados, sometido a la "arbitrariedad" de la socialista Francina Armengol.
El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, también utilizó las redes sociales para atacar al Ejecutivo, a quien acusó de "manipular" las conclusiones. "El gobierno de Sánchez se desmorona. Los nervios le llevan a manipular y mentir en todo. Es el fin del sanchismo, un gobierno en descomposición", dijo en X.
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