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La Fiscalía se ha opuesto a la puesta en libertad del exjugador del Barça Dani Alves al entender que persiste el riesgo de huida, dada su capacidad económica y la elevada pena impuesta. Además, ha pedido que se eleve la pena hasta nueve años. Por su parte, el futbolista ha dicho a los jueces de la sección 21 de la Audiencia de Barcelona que no se fugará si le dejan en libertad a la espera de que se resuelvan los recursos sobre la sentencia que lo condenó a cuatro años y medio de prisión.
La sección 21.ª de la Audiencia de Barcelona ha celebrado este martes una vista para decidir si deja en libertad provisional al futbolista, tal y como ha pedido su defensa, a la espera de que sea firme la sentencia que lo condenó a cuatro años y medio de cárcel por violar a una mujer en una discoteca de Barcelona.
Al final de la vista, Alves ha intervenido por videoconferencia desde la cárcel Brians 2, en la que lleva más de un año en prisión provisional. "Creo en la justicia. No voy a huir", ha asegurado. Alves ha asegurado al tribunal que se quedará en España hasta que se resuelva el proceso, y ha añadido que su lugar de residencia es Barcelona.
Mantener la prisión
La Audiencia decidirá en breve si deja en libertad a Alves, mientras el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tiene sobre la mesa los recursos que la Fiscalía, la acusación particular ejercida por la víctima y la defensa han presentado contra la sentencia que lo condenó a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven en el baño de un reservado de la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de diciembre de 2022.
La Fiscalía pide a la Audiencia que eleve la pena de Alves a nueve años de cárcel al rechazar que se le aplicara una atenuante por los 150.000 euros que pagó para indemnizar a la víctima: "No hubo voluntad real de repararle el mal causado". En su recurso, la Fiscalía discute que los 150.000 euros que Alves ingresó en la cuenta del juzgado —después de que la jueza instructora le fijara esa suma como fianza— fueran para entregárselos a la víctima "sin ningún tipo de condicionante y con independencia del resultado final del procedimiento".
Una cuestión de la que discrepa la defensa, que sostiene que el futbolista pidió hasta en dos ocasiones al tribunal que el dinero se entregara a la víctima, antes de saberse el resultado del juicio, lo que la joven rechazó. Además, la Fiscalía ha solicitado al tribunal que mantenga en prisión al futbolista, argumentando que sigue existiendo riesgo de fuga, si cabe más aún después de la sentencia, puesto que la pena sigue siendo alta.
Unos argumentos que también ha esgrimido la acusación particular ejercida por la víctima, a través de su abogada, Ester García, que también ha hecho hincapié en los recursos económicos del procesado. Sin embargo, la defensa aduce que esa capacidad económica no es tal, dado que, a raíz de su detención, se rescindieron los acuerdos de patrocinio que Alves tenía firmados con varias marcas, perdió su trabajo en el club de fútbol Pumas de México y aún no ha cobrado la suma que le adeuda Hacienda por un contencioso tributario que se resolvió a su favor.
La abogada, Inés Guardiola, también argumenta que Alves cumplió el pasado 5 de marzo una cuarta parte de su condena, con lo que, de ser firme la sentencia, ya podría disfrutar de permisos e incluso acceder al tercer grado, que la pena impuesta es muy inferior a la que solicitaban las acusaciones —nueve y 12 años— y que el TSJC puede tardar hasta un año en resolver sobre el asunto.
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