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Esta legislatura se estrenó con dos percepciones asumidas casi por todo el arco parlamentario. Las dos eran malas. La primera, que la dependencia de Junts iba a hacer sufrir de manera inmisericorde al Ejecutivo. La segunda, que no se iba a poder gobernar con 11 autonomías del PP enfrente. De que Carles Puigdemont lleva de cabeza a la Moncloa, hasta el punto de tumbar la ley de amnistía y plantear una exigencia tras otra, no hay ni una sola duda.
Pero la supuesta ingobernabilidad de España con la mayoría de las comunidades en manos del PP, a día de hoy, es un vaticinio erróneo. Empezó la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, con Andalucía con el acuerdo de Doñana. Prosiguió en Murcia, con el entendimiento para la regeneración del Mar Menor. Se sumó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con el caramelo de la condonación de deuda, diseñada previamente a la medida de Cataluña.
En la Comunidad Valenciana, la Generalitat está tentada de premiar al ministro de Transportes, Óscar Puente, no muy querido precisamente en el PP, por desbloquear la ampliación del puerto de Valencia. Y todo ello en un ambiente más que cordial. Con fotos, de charla y sonrisas, entre Ribera y Juanma Moreno, con el parque natural de fondo, y en la costa murciana con Fernando López Miras. En Valencia, el pacto se selló con cava. Como fue el presidente andaluz quien inauguró con la vicepresidenta el acercamiento, al margen de las consignas de oposición de Génova, a esta actitud en el Gobierno se la denomina el "espíritu de Doñana".
Nada es casual, al margen de la habilidad de cada ministro de solucionar los frentes abiertos en su área. La Moncloa quiere poner en valor el talante dialogante del Gobierno (no solo con Junts, claro) para mantener sus acusaciones contra Alberto Núñez Feijóo y su discurso "radicalizado" y aislarlo de sus barones. El propósito fue claro ayer en la comparecencia del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que convocó una rueda de prensa para hacer balance de sus tres meses de gestión y transmitir la voluntad de negociación del Ejecutivo.
Solo en este tiempo se ha llegado a 25 acuerdos con las autonomías: con las lslas Baleares (5), País Vasco (4), Aragón (3), Extremadura (2), Comunidad Valenciana (3), La Rioja (2), Castilla-La Mancha (2), Andalucía (2), Canarias (1), Madrid (1) y Asturias (1). Obviamente, no tienen la relevancia de los anteriores, se trata de las habituales discrepancias entre el Estado y las comunidades, sobre leyes nacionales o autonómicas, que se han resuelto satisfactoriamente para evitar que una de las partes presente recurso de inconstitucionalidad.
El Ejecutivo socialista ya presumía en la anterior legislatura de la disminución de conflictos, comparando sobre todo con la Administración popular anterior. Pero es que antes el mapa electoral era bastante más rojo. El PP arrasó en las elecciones autonómicas y municipales y los socialistas solo conservan Navarra, Asturias y Castilla-La Mancha.
Y de lo que ayer sacó pecho el ministro es de que esta labor de arbitraje, que le corresponde ahora a él como titular de Política Territorial, se mantiene, a pesar del "cambio de color político" de muchas regiones. "En los últimos meses, hemos llegado a muchísimos acuerdos, cuando realmente lo que se percibe es que estamos en una etapa de crispación". Torres no citó al PP ni a Feijóo, pero se sobrentiende.
"Es un mensaje positivo a la ciudadanía que creo que era importante que pudiéramos remarcar en una comparecencia pública", añadió. "Frente al ruido permanente, reivindicamos estos datos" porque, "cuando se consiguen acuerdos, estamos mejorando la vida de las personas".
La sensación en el Gobierno es que Feijóo tiene que "lidiar" con unos barones que poseen "un poder del que él carece" y la "posibilidad de dar soluciones a una población que se muestra cansada de la confrontación". Y justo eso lo ha puesto de manifiesto una de las últimas encuestas del CIS.
Según se desprende de la Encuesta de hábitos democráticos, que se dio a conocer en enero, nueve de cada 10 españoles opinan que existe mucha crispación en España y reclaman a los políticos que lleguen a pactos. Con esta preocupación de fondos, igual las imágenes entre ministros y presidentes autonómicos en parajes naturales o descorchando cava no han hecho más que empezar.
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