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A toda máquina para intentar desmontar la acusación de terrorismo contra Carles Puigdemont. El Gobierno ya está pensando en el siguiente paso, después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo haya cambiado de criterio y apoye la tesis del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, de que existen indicios por este delito contra el expresidente catalán.
Fuentes del Ejecutivo recuerdan que la última palabra "la tiene quien la tiene", en referencia a la Fiscalía General del Estado, porque se trata de un órgano "jerárquico". Es decir, que técnicamente la opinión de la Junta de Fiscales aún puede variar. En Moncloa aseguran que esperaban este pronunciamiento, que colisiona de pleno con la opinión política del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre que "el independentismo catalán no es terrorismo". Pero la sensación que transmiten, en plenas negociaciones con Junts para salvar la ley de amnistía, es que la partida aún no ha terminado.
La propia portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, apuntó a que la postura de los fiscales del Supremo se puede ver alterada. Alegría aseguró que no conocían los detalles -la noticia ha saltado en plena comparecencia- pero que "de acuerdo con los estatutos orgánicos del Ministerio Fiscal, la decisión definitiva, como saben, habrá de adoptarse por los órganos que establece la normativa", en alusión a la Fiscalía General que, según sugirió Sánchez en una ocasión, depende del Ejecutivo.
Al haber existido una discrepancia entre los dos fiscales jefes, la encargada de redactar el nuevo informe será la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, que es la número dos del fiscal general, Álvaro García Ortiz. La Junta de Fiscales, explicó la portavoz, "ha analizado la ponencia del fiscal encargado del caso, que entiende que no concurre terrorismo en la causa del Tsunami Democrático, y que como es lógico y normal se ha producido un debate jurídico". En cualquier caso, añadió Pilar Alegría, "nuestro respeto" a los criterios jurídicos que se han expuesto en esta Junta de Fiscales, al igual, remarcó, "que respetaremos la decisión final que adopte el Ministerio Fiscal y, por supuesto, los tribunales de nuestro país".
Aunque fuentes gubernamentales aseguran que no les ha "sorprendido" la resolución de la Fiscalía del Supremo, la impresión en la Moncloa es que complica aún más poder llegar a un acuerdo con Junts sobre la amnistía, después de que el partido de Puigdemont tumbara la semana pasada el dictamen de la ley y obligara a que se redacte uno nuevo en la comisión de Justicia. Precisamente la negativa a que los delitos de terrorismo sean también amnistiables, es lo que motivó que el expresidente de la Generalitat impusiera a su grupo parlamentario el voto en contra.
El ex jefe del Govern catalán, huido de la justicia, teme que a él no se le pueda aplicar la ley por la investigación de García-Castellón o la que se sigue por la denominada trama rusa. Para tratar de convencerle de que apoye la amnistía, además de los mensajes políticos de apoyo a Junts, con la consideraciones de que no son terroristas, el Gobierno se ha sacado de la manga una posible reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para tratar de acortar las posibles prórrogas de las instrucciones judiciales que siguen vivas contra Puigdemont.
La portavoz confirmó que un cambio de la LECrim "está sobre la mesa" porque, "se incardina" en las últimas medidas impulsadas por el Gobierno y el Congreso de mayor eficiencia de la justicia. Alegría obvió que se plantea como una fórmula de frenar los sumarios contra el expresidente y que así se pueda beneficiar de la amnistía. Moncloa no ofrece aún detalles de su alcance y ni siquiera ratifica que se vaya a hacer. La ministra se parapetó en que la iniciativa le corresponde a los grupos parlamentarios. Sin embargo, ERC dijo esta misma mañana que está en contra.
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