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El independentismo alienta otro episodio de guerra de las banderas para hacerse notar, para levantar la moral de una ciudadanía que ya no cree las promesas vanas de los líderes del procés, y para crear tensión. "Haz sentir tu voz. ¡Cuelga la estelada!" es el lema que los círculos más radicales (y no tan radicales) del soberanismo han difundido por correo, redes sociales o en pequeños foros: visualizar un aumento de esteladas en las fachadas de los edificios, sean públicos o privados, así como en cualquier zona.
En los Ayuntamientos, esa guerra se libra desde hace meses, pese a que las sentencias de los tribunales enmendando la plana a los independentistas se acumulan en los juzgados. De hecho, entre 2024 y 2025 la entidad Impulso Ciudadano, la más activa en denunciar la vulneración de la ley de Banderas, envió cerca de 500 requerimientos por incumplir la norma.
El independentismo se creía intocable hasta ahora. Los oídos sordos a las sentencias judiciales no solo han sido cosa normal durante los duros años del procés: se jaleaba la desobediencia y se ufanaban los consistorios de incumplir las sentencias. Pero las cosas van volviendo a la normalidad democrática. La jueza Montserrat Raga Marimon, decana de lo contencioso-administrativo, ha condenado ya a dos ayuntamientos independentistas por incumplir la ley de Banderas. La cosa no tendría mayor importancia si no fuese por el hecho de que esta carismática magistrada fue una de las fundadoras de la plataforma soberanista Àgora Judicial, un foro que pedía la liberación de los "presos políticos" mientras esperaban sentencia, y que se es partidario del "derecho a decidir".
Una jueza imparcial
Pero la justicia es la justicia. Los dos casos en los que la magistrada dictaminó en contra de la actuación del ayuntamiento fue en los pleitos de Cardedeu y La Garriga. Esta última población tiene como alcaldesa a Meritxell Budó, que había sido consejera de Presidencia y portavoz del Govern con Quim Torra y Pere Aragonès. La Garriga fue denunciada y puso la bandera española, pero enrollada, por lo que no se veía. En Cardedeu, la jueza condenó al consistorio en una sentencia que ya es firme (hasta el año pasado era alcalde Enric Olivé, de ERC, y ahora el consistorio está en manos del socialista Josep Quesada). Son dos casos paradigmáticos de esta singular guerra que se alienta desde hace años y que, cíclicamente, vuelve a cobrar virulencia.
En Molins de Rei, localidad rayana con Barcelona, la situación es similar a la de los anteriores. El alcalde socialista, Xavier Paz, fue obligado a poner la bandera española en la fachada. Según se denunció posteriormente por parte de Impulso Ciudadano, una vez restablecida, se hizo una foto, se envió al juzgado dando cuenta de sentencia cumplida, y se volvió a descolgar. "Incluso se ufanó en un programa de radio de lo que había hecho -relata a El Confidencial José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano-. En el recurso que interpusimos contra el consistorio, la jueza nos lo inadmitió en un primer momento aduciendo que no tenemos legitimación. Recurrimos al Tribunal Superior y nos dio la razón. Tras la burla del alcalde, el propio TSJC advirtió a los responsables municipales que la bandera española debía ondear permanentemente en el consistorio y debe ser repuesta de inmediato. No vale la excusa de que está en la lavandería".
En Seva, en la Cataluña profunda, también hay unas medidas cautelares del juzgado número 9 en las que solicita la ejecución de la sentencia que obliga a reponer la española. "En el caso de Seva, estudiamos la vía criminal, ya que ha incumplido el auto de medidas cautelares y la sacó de la fachada. Incluso sus abogados y procuradores han dimitido", explica Domingo. En esta localidad, al mismo tiempo que eliminaban la bandera española de la fachada (tras hacer la foto de rigor para enviar al juzgado), ponían una estelada en la ventana de un lateral.
El truco del edificio de al lado
En Centelles hay otra sentencia. Aquí hay una bandera catalana gigante y una europea. La titular del juzgado 6 obliga a poner también la española. El consistorio se inventó un procedimiento y colocó varias minibanderas en una fachada de un edificio anexo, diciendo que ya ha cumplido. Según el consistorio, la española se pone en otro edificio porque si se pone en el Ayuntamiento, la quitan. La jueza se dio por satisfecha, pero el TSJC le enmendó la plana y cargó las costas al Ayuntamiento.
Illa recupera la bandera española al lado de la 'senyera' en el Palau de la Generalitat
EFE
Los casos de incumplimiento se multiplican. En Taradell, figura la estelada, una bandera partidista y no oficial en el edificio; en Vic, donde pusieron una pequeña bandera (en el tejado) que no se veía desde la calle, los tribunales obligaron a poner la española en la fachada; en Santa Eulàlia de Riuprimer (que retiró la española y colgó la estelada) hay un auto del juzgado número 2 con medidas cautelares de septiembre de 2022, que aún no se ha cumplido; en Cabrils, hay dos pleitos, uno con sentencia obligando a poner la española en la fachada, y otro que obliga a retirar una estelada en una rotonda (que se sacó en su momento y se ha vuelto a colocar); en Igualada (que tiene las banderas correctas en su fachada), los tribunales han obligado al consistorio a retirar las esteladas que hay en la rotonda de la Avenida Catalunya y en otros lugares; en Montblanch, gobernada por ERC desde 2023, se han retirado las banderas sobre el tejado alegando un déficit estructural...
Hay, asimismo, ayuntamientos que a la primera de cambio se adaptaron a las normas legales, como el caso de Ripoll, gobernado por Sílvia Orriols, Abrera, El Papiol o Collbató.
Denuncia contra la Generalitat
Impulso Ciudadano también interpuso el pasado 23 de abril una denuncia en el TSJC contra la Generalitat de Cataluña por no ajustarse a la Ley de Banderas. Entre otras cosas, retiró las enseñas españolas de todo lugar público del interior de sus dependencias. "La bandera española sólo se puso dos veces mientras Pere Aragonès fue president: las dos fueron durante las visitas de Pedro Sánchez. Pero en la última visita, en diciembre de 2023, cuando Aragonès compareció ante la prensa, retiró la española. La entidad constitucionalista pide que se obligue a la Generalitat a "colocar de manera permanente la bandera de España junto a la bandera de Cataluña en los lugares de mayor relevancia del Palau de la Generalitat, sin que pueda exhibirse la bandera de Cataluña en solitario; y a exhibir la bandera de España junto a la de Cataluña en todos los actos oficiales que se celebren en el Palau de la Generalitat".
En su contestación al TSJC el pasado 26 de junio, el Govern arguye que la bandera de España ondea permanentemente junto a la catalana en la fachada del Palau de la Generalitat y respecto al interior del edificio, señala que en ninguna ley se prevé "que tenga que haber más de una bandera de España en el exterior de los edificios públicos o en su interior". Asegura que ocupa un lugar preeminente cuando se utiliza con otras banderas y reconoce que "la bandera de España también ha de estar presente en los actos oficiales por mandato expreso del articulo 4.2 de la Constitución, pero ni este precepto constitucional ni la Ley 39/1981 definen qué se entiende por actos oficiales". También niega que la bandera de España haya de estar presente las ruedas de prensa porque estas no se consideran acto oficial.
José Domingo señala que recordó por carta al nuevo president, Salvador Illa, que había presentado esta denuncia, aunque el socialista ha hecho gala de la presencia de las dos banderas en los actos públicos que realiza desde las dependencias oficiales. Pero el debate y la polémica están encima de la mesa.
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