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El abogado de Carles Puigdemont ha presentado un incidente de recusación contra el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, encargado de la instrucción del caso Voloh, en el que asegura que el juez Joaquín Aguirre debe quedar apartado por falta de imparcialidad pública y "grosería". El escrito se refiere a unas declaraciones concedidas por el magistrado a la televisión pública alemana y a unos comentarios que efectuó durante una toma de declaración y que quedaron grabados.
En opinión de Gonzalo Boye, que se ocupa de la defensa de Josep Lluis Alay, la entrevista de Aguirre y su contenido muestra que no tiene "el más mínimo viso de imparcialidad ni pudor". "Se permite, entre otras cosas, decir que se trataría de la influencia directa de Rusia en el proceso de independencia de Catalunya, apoyando el proceso de independencia, con la finalidad de que Rusia desestabilizara, primero, la democracia española y abriendo la puerta trasera a la infiltración en todas las democracias liberales de Europa Occidental".
"No es necesario mucho más para acreditar que estamos ante una pérdida absoluta de imparcialidad que, además, es de una intensidad como pocas veces se ha visto: un magistrado concediendo una entrevista sobre un caso que está instruyendo y hablando sobre cuál es su tesis persecutoria, que no investigadora. La falta de imparcialidad es evidente y debe ser apartado, al menos, de la investigación de, como mínimo, el presente procedimiento".
Además, el escrito cita el contenido de esa grabación, publicada por El Mon, en la que se escucha al juez decir que Puigdemont "se va a cagar en las bragas", que es "débil y cobarde" porque se marchó "en el maletero de un coche en estado de pánico". Las declaraciones se produjeron el 11 de mayo de 2022 y, según Boye, "le inhabilitan, como mínimo, para seguir sosteniendo que estamos ante un juez imparcial". "Pocas veces se ha contado con una prueba tan evidente de la falta de imparcialidad, pero, en este caso, unida a un nivel de grosería impropio de la función que desempeña y que, además, acude a lugares comunes del peor de los machismos atávicos".
El escrito se presenta tras conocerse un auto en el que el magistrado amplía la investigación seis meses y apunta a la práctica de nuevas diligencias para rastrear el presunto desvío de fondos públicos al proceso independentista y los contactos de Carles Puigdemont con el entorno de Vladímir Putin para tratar de sumar el apoyo de Rusia a sus planes para desestabilizar España.
El auto de prórroga supone la reactivación de esta causa e introduce más incertidumbre en los efectos de la ley de amnistía pactada por el Gobierno de Pedro Sánchez con Junts per Catalunya. El texto de la norma, que no obtuvo en apoyo de Junts en el pleno del Congreso, excluye expresamente todos los delitos “de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional”, con independencia de la fase en la que se encuentre el procedimiento.
Conexión Moscú
El instructor del caso Aguirre destaca en su auto las conexiones que el líder de Junts y su equipo establecieron con altos cargos de Moscú para intentar forjar una alianza estratégica en el corazón de la Unión Europea. También añade que se han encontrado indicios de posibles contactos del secesionismo con la extrema derecha. “Este Magistrado ha revisado otra parte importante de la abundante documentación existente en las diferentes piezas de la presente causa, habiendo encontrado datos que identifican a personas y confirmarían las estrechas relaciones personales existentes entre algunos de los investigados con individuos de nacionalidad rusa, alemana o italiana, algunos de ellos mientras ocupaban cargos diplomáticos o relaciones con los servicios secretos rusos, otros miembros influyentes de partidos políticos de la extrema derecha alemana o italiana y con intereses en establecer relaciones de influencia política y económica con el gobierno de Catalunya, si este se independizaba de forma unilateral de España”, expone la resolución ahora recurrida.
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