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A 24 horas de la reunión que mantendrán este miércoles en Bruselas el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el representante del PP, Esteban González Pons, mediación de Didier Reynders mediante, la nueva intentona de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) comienza a verse posible en lugar de lejana. Fuentes conocedoras de los contactos entre los dos partidos aseguran que los populares están dispuestos a ceder en un punto que ha sido su principal línea roja en los últimos meses: el cambio del sistema de elección de los 12 vocales jueces del órgano. Los populares aceptan ahora renovar ya con el anterior sistema y pactar con el PSOE de forma paralela el cambio de modelo, con la seguridad de que la presencia de un representante de la UE confirmará el cumplimiento del compromiso.
En Génova creen que la presencia de Reynders es una "garantía" que revertirá el rechazo del Ejecutivo a reformar la ley, y se muestran "optimistas" sobre la posibilidad de llegar, por fin, a un acuerdo pese al tenso contexto político. No en vano, la primera reunión sobre el Poder Judicial se celebrará solo un día después de que el Congreso de los Diputados dé luz verde, salvo sorpresa mayor, a la ley de amnistía. Los populares cuentan con zanjar la negociación con la "certeza absoluta" de que será "la última vez" que se renovará el Consejo "con el actual sistema".
El partido de Alberto Núñez Feijóo ha ido moviendo en la última etapa el momento en que debe situarse su exigencia de reforma legal, a la que no piensa renunciar en ningún caso. Durante la última ocasión en la que las conversaciones fracasaron, se abrió a aceptar que esta modificación de la forma en que se escoge a la mayoría de los vocales fuera posterior. No obstante, después de la ruptura de la negociación, volvió a insistir en que la reforma era una condición previa. Ahora, se abre de nuevo a una vía que, sobre el papel, facilitará el acuerdo.
En la decisión han intervenido dos factores fundamentales. Por una parte, la creencia de la mayor parte de la judicatura de que esa es la única opción posible cuando el recambio del Consejo acumula ya un atraso de cinco años. Impulsar un cambio de sistema previo alargaría la actual situación varios meses y contribuiría a empeorar, más aún, el actual deterioro de la institución y la situación de urgencia que acecha al Tribunal Supremo, con decenas de bajas sin suplir y gran parte de sus presidentes en funciones.
Por otra parte, una reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos vino a confirmar hace unos meses que descartar el proceso que se abrió hace años e iniciar uno nuevo desde cero violaría los derechos de los candidatos jueces ya seleccionados para acceder a puestos de vocal. El pasado junio, Estrasburgo indicó que las consecuencias derivadas de la disfunción en la renovación del Consejo General del Poder Judicial "son enormes en lo que respecta al funcionamiento ordinario del poder judicial". Concluyó que España violó el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos al no permitir a seis jueces, candidatos a formar parte del Consejo General del Poder Judicial, acceder a un proceso justo.
El PP accederá a renovar el CGPJ si logra a cambio un compromiso del PSOE "que trascienda una declaración pública", pero evita concretar el mecanismo por el que dará por buena la transacción. En Génova puntualizan que no tiene por qué ser el registro inmediato de la proposición de ley con la firma de los dos partidos, y apuntan a que confían en la fórmula que proponga Reynders para "desencallar" por fin la negociación y que en España se materialice aquello de que "los jueces eligen a los jueces".
Esteban González Pons cuenta con una ventaja respecto a Félix Bolaños en la incipiente negociación, y es que el comisario europeo comparte, en esencia, la propuesta del PP para la renovación judicial. Este mismo lunes, Reynders explicó que en su papel como mediador entre PSOE y PP aspira a que ambos partidos se comprometan a reformar el método de elección del órgano de gobierno de los jueces para cumplir con las recomendaciones que se recogen en los informes sobre la situación del Estado de derecho en España. "Reformar. No solo renovar el Consejo, sino reformarlo", zanjó.
La firma, después de las gallegas
A pesar del cierto aire de optimismo que sobrevuela la próxima cita, a nadie se le escapa que el arranque de la campaña electoral en Galicia y la inminente aprobación por parte del Congreso de la ley de amnistía no constituyen el mejor contexto para escenificar un pacto. Distintas fuentes jurídicas consultadas confían en que la ratificación final del acuerdo pueda hacerse justo después de los comicios gallegos. "O es entonces o no habrá acuerdo", indica una de las fuentes consultadas.
El timing no es el mejor, sobre todo para el PP, que deberá acoplar su discurso duro contra Sánchez por las cesiones al separatismo con un nuevo apretón de manos con Félix Bolaños. Esta misma semana, en la resaca de la tramitación de la amnistía en el Congreso, Feijóo exprimirá la baza comunitaria para poner el foco en la política nacional ante la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, en sendas reuniones del PPE y del Consejo Europeo el próximo miércoles y jueves. Solo un día después, arranca oficialmente la campaña en Galicia.
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