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Tres magistrados de Madrid han acordado de forma conjunta protestar ante el Ministerio del Interior por el hacimiento de los solicitantes de asilo en el aeropuerto de Barajas. Los titulares de los Juzgados de Instrucción 6, 19 y 20, a los que compete el control de los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros) de la comunidad, han decidido pedir explicaciones al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska y demandar que adopte con carácter urgente medidas para aliviar la situación.
En un acuerdo que también se ha remitido a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, los tres explican que las Salas de Inadmitidos de las Terminales T1 y T4 del aeropuerto no están habilitadas con condiciones adecuadas como consecuencia del exceso de solicitantes de asilo ingresados en ellas. Entre los que esperan allí se encuentran 19 menores de edad y familias cuya intimidad se está viendo vulnerada.
El acuerdo parte de la queja formulada por la coordinadora Estatal del Servicio Jurídico CEAR en la que exponía que, en el verano de 2023, se ha producido un aumento exponencial del número de solicitantes de protección internacional en el citado aeropuerto, existiendo, además, retrasos en la formalización de las solicitudes, provocando todo ello una situación de sobreocupación de las salas de solicitantes de protección internacional ubicadas en la T1, teniendo que habilitarse para el mismo efecto las salas de inadmitidos de la T1 y T4.
Como consecuencia de todo ello —recogía el escrito de queja—, las salas de protección internacional e inadmitidos, destinadas a la acogida de solicitantes de protección internacional, están sobreocupadas, con alrededor de 250 personas en la actualidad, con el consiguiente deterioro de las condiciones higiénicas de las instalaciones y escasez de comida.
Los jueces han comprobado por sí mismos el estado de las salas en una visita girada a la Sala de Inadmitidos del aeropuerto. Entre otras circunstancias, apreciaron que muchos de los ingresados allí están durmiendo en colchones instalados en el suelo, sin las más mínimas condiciones de salubridad, higiene e intimidad, que permitan proteger sus derechos básicos en las circunstancias en las que se encuentran, tratándose en algunos casos de familias y menores de edad.
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