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El presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha emitido una declaración en la que avisa de que "adoptarán todas las medidas necesarias" frente a los señalamientos de jueces por parte del partido de Carles Puigdemont: "Las personas señaladas, y cualquier otro miembro de la Carrera Judicial que pueda encontrarse en las mismas circunstancias, encontrarán en la institución que presido la más firme oposición a estos ataques".
La advertencia llega después de que la portavoz de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras, acusara este martes en el Congreso a los magistrados Pablo Llarena, Manuel Marchena, Carlos Lesmes y Carmen Lamela de ser "personajes indecentes" que, "en un país normal, serían cesados y juzgados de inmediato".
Estas palabras han provocado un profundo malestar en la judicatura, hasta el punto de que el presidente en funciones del Tribunal Supremo, Francisco Marín, ha suspendido la reunión que iba a mantener este miércoles con el ministro de Justicia, Félix Bolaños: “El ataque personal en el Parlamento al anterior presidente del Tribunal Supremo, a un presidente de Sala y a dos magistrados del tribunal carece de precedentes y no se corresponde con los requisitos mínimos de la separación de poderes en un Estado de Derecho”, ha criticado en un comunicado.
La declaración de Guilarte sigue la misma línea y denuncia que “el señalamiento —y la finalidad que de él se desprende— de varios magistrados del Tribunal Supremo resulta inadmisible en un Estado de Derecho". "Manifiesto mi apoyo expreso y la garantía de que, en el ejercicio de las competencias que la ley atribuye al CGPJ, se adoptarán todas las medidas necesarias previstas por el ordenamiento jurídico para proteger su independencia”, sostiene en la misma.
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Pablo Gabilondo
Las posibles "medidas"
En cuanto a las medidas que cabe adoptar desde el CGPJ, la primera de ellas consistiría en otorgar amparo a los jueces señalados. "Los jueces y magistrados que se consideren inquietados o perturbados en su independencia lo pondrán en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial, dando cuenta de los hechos al juez o tribunal competente para seguir el procedimiento adecuado, sin perjuicio de practicar por sí mismos las diligencias estrictamente indispensables para asegurar la acción de la justicia y restaurar el orden jurídico", establece el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El CGPJ ya optó por esta vía en agosto de 2018, cuando Carles Puigdemont demandó al instructor el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en Bélgica. El órgano de gobierno de los jueces acordó otorgarle amparo y criticó que se trataba de “un ataque planificado a las condiciones de independencia en las que desarrolla su labor jurisdiccional”. Los efectos prácticos de esta medida en principio no van más allá, pero se erige como un espaldarazo al juez frente a los ataques sufridos.
El mismo artículo 14 también abre la puerta a otra posibilidad de mayor envergadura: "El Ministerio Fiscal, por sí o a petición de aquéllos, promoverá las acciones pertinentes en defensa de la independencia judicial". Si el CGPJ considera que los ataques de Junts pueden encajar con algún delito, puede entonces remitir el caso a la Fiscalía para que abra una investigación.
El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, a cargo de la investigación sobre Tsunami Democràtic, ya sugirió activar esta vía el pasado 15 de noviembre, cuando pidió amparo al CGPJ por las acusaciones que distintos cargos públicos habían lanzado contra él después de imputar a Puigdemont: "Podrían suponer la comisión de un delito de calumnia con publicidad, susceptible de perseguirse de oficio al imputarse abiertamente a una autoridad la comisión de un hecho delictivo, prevaricación judicial", advirtió en un escrito remitido tanto al CGPJ como a la Fiscalía.
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