El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha presentado un recurso en el que acusa al magistrado que investiga Tsunami Democràtic, Manuel García-Castellón, de forzar la causa. "¿Qué se ha estado haciendo estos últimos cuatro años?", critica en su escrito, apuntando para ello a que desde que se conocieron las negociaciones sobre la ley de amnistía ha acordado toda una batería de diligencias. "¿Qué hechos nuevos —nos referimos a hechos dentro del procedimiento— se han descubierto recientemente para generar la actual dinámica procesal que estamos viendo?".
El recurso de Boye se dirige en concreto contra un auto del pasado 27 de noviembre y lo interpone en nombre del considerado mano derecha del expresidente catalán, Josep Lluís Alay. En aquella resolución, García-Castellón acordó pedir a Francia que localice a la familia del hombre que falleció durante el bloqueo del aeropuerto de El Prat y se dirigió a la OTAN para recabar las incidencias aéreas que se registraron durante la protesta:
"Causa rubor ver cómo se están malgastando los recursos públicos en una prospección que no tiene como finalidad esclarecer hechos y atribuir responsabilidades, sino simplemente investigar a personas por lo que son o representan, no por lo que hayan podido hacer o dejar de hacer", denuncia el abogado. "Más de cuatro años sin practicar ninguna de las diligencias que ahora se acuerdan e, insólitamente, se presentan como absolutamente necesarias a efectos de determinar unos hechos que todos sabemos que no han sucedido".
Según destaca en su escrito, diversas defensas ya han pedido apartar al magistrado del procedimiento, por lo que considera inaceptable que García-Castellón siga acordando nuevas diligencias y exige que sea "sustituido" de inmediato. "El juez que sustituya al recusado —mientras se tramita la recusación— es quien continuará con la tramitación de la causa", argumenta. "Hasta la fecha eso no ha sucedido y solicitamos expresamente que así sea respecto de este recurso y del resto de actuaciones que deban continuar su tramitación en el presente procedimiento mientras se resuelven las recusaciones pendientes".
García-Castellón investiga Tsunami como posible terrorismo y, en las últimas semanas, ha ordenado varias diligencias para aclarar la muerte de un ciudadano francés durante el bloqueo de El Prat en 2019. Boye crica que, aquel mismo año, un juzgado de instrucción ya "determinó que era una muerte por causas naturales y decretó el sobreseimiento libre de dicho procedimiento", por lo que considera que se está llevando a cabo una investigación prospectiva: "¿Se está planteando que esa familia tendría derecho a unas compensaciones económicas como víctima del terrorismo cuando todos sabemos que no son víctimas del terrorismo?".
Boye considera que, "si esto no es una dilación indebida y una vulneración de la tutela judicial efectiva", entonces desconoce "qué lo sería". "Esperar más de cuatro años para acordar diligencias que se pudieron acordar en 2019 es, francamente, una clara denegación de justicia y desatención de las funciones propias de cualquier órgano judicial".
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