El senador del PP José Manuel Baltar Blanco lo ha vuelto a hacer. El expresidente de la Diputación de Ourense ha plantado este martes al Supremo tras remitir un escrito en el que alegaba que su abogado está enfermo. La magistrada Ana María Ferrer tenía previsto interrogarle de forma voluntaria antes de decidir si continúa el procedimiento en su contra y reclama, para ello, un suplicatorio a la Cámara Alta. Tras la incomparecencia, Ferrer ha aplazado la cita para el martes de la próxima semana.
El Tribunal Supremo abrió una causa contra Baltar, expresidente de la Diputación de Ourense, al apreciar que pudo incurrir en un delito contra la seguridad vial cuando el pasado mes de abril circulaba a 215 kilómetros por hora en un tramo de la autovía A-52, a la altura de la comarca zamorana de Sanabria, limitado a 120. La Sala de lo Penal recibió el pasado 27 de septiembre testimonio de juicio rápido y diligencias urgentes remitidas por juzgados de Zamora y Puebla de Sanabria por el aforamiento de Baltar al ser nombrado senador.
Ya en esa primera fase de la investigación judicial, la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puebla de Sanabria se vio obligada en repetidas ocasiones a retrasar su declaración por varios motivos. Su defensa solicitó dos aplazamientos y el popular no compareció en la vista. El juzgado se vio obligado a efectuar nuevos señalamientos e incluso amenazó con imponerle sanciones.
A Baltar se le atribuye la comisión de un delito contra la seguridad vial. Todo sucedió el 23 de abril a las seis de la tarde, cuando un radar de la Guardia Civil detectó que superaba en más de 95 kilómetros la velocidad permitida. Como adelantó El Diario, fue interceptado por los agentes del Subsector de Tráfico de Zamora. Iba al volante de un coche oficial. Durante ese fin de semana, los agentes habían desplegado una campaña especial de tráfico que permitió detectar a decenas de infractores.
El Supremo abre causa penal a José Manuel Baltar por circular a 215 kilómetros por hora
EFE
Baltar detuvo el vehículo cuando se le dio el alto y no se identificó como cargo público. Ocupa también la presidencia de la Diputación de Ourense. No se detectaron en el examen efectuado signos de embriaguez, por lo que la Guardia Civil se abstuvo de realizar test. Viajaba hacia la capital, donde tenía previstas distintas reuniones a lo largo de la jornada del lunes.
El delito contra la seguridad vial se castiga con penas de prisión de tres a seis meses para aquellos conductores que superen en 80 kilómetros por hora la velocidad permitida en el tramo. Durante el juicio rápido, se examinará si la medición del radar es correcta. En caso de que se considere probado que el infractor puso en riesgo la vida de otros, la pena de cárcel puede llegar hasta los dos años.
Tras conocerse lo sucedido, Baltar pidió públicamente disculpas. Lamentó las consecuencias de una situación "dolorosa" para él, que atribuyó a un despiste producido en una larga recta de la A-52 "en la que no hay referencias de ningún tipo". Descartó dimitir y comunicó que ya ha abonado la multa que se le impuso. "Estoy a disposición para colaborar en cualquier diligencia posterior", añadió.
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