El fiscal general de Estado ha asegurado este lunes “de manera solemne” que defenderá "como corresponde a la más alta representación" de la institución a cualquier fiscal que pudiere verse perturbado en sus funciones, incluido "a cualquiera de los fiscales que hayan tenido o hayan intervenido en las causas relacionadas en el procés independentista de Cataluña". Álvaro García Ortiz lleva semanas siendo objeto de duras críticas por lo que muchos en la carrera consideran una falta de apoyo público y expreso a los miembros del Ministerio Público frente a las acusaciones de lawfare que parten de las formaciones independentistas catalanas.
En la inauguración de la junta de Fiscales Superiores de todas las comunidades autónomas, que se celebra en el pazo de Mariñán (A Coruña), el fiscal general ha ofrecido su apoyo "a los 2.695 fiscales que hay en España" para después añadir: "Especialmente a aquellos fiscales que han tenido en el pasado o que tienen que afrontar difíciles situaciones personales o profesionales". García Ortiz ha pedido también a los fiscales lealtad institucional “imprescindible" para contribuir "al buen funcionamiento del Ministerio Fiscal”.
Las críticas a la postura pública del fiscal general arrancaron durante el mes de noviembre y fueron arreciando según avanzaban los acontecimientos vinculados a la ley de amnistía. El primer detonante del malestar de los fiscales fue la alusión al lawfare contenida en el acuerdo político firmado por el PSOE y Junts. En distintas ocasiones durante estas semanas, García Ortiz ha realizado pronunciamientos en defensa de la independencia de los miembros de la Fiscalía que no se han considerado suficientes desde distintos ámbitos. La Asociación de Fiscales, de signo conservador, ha llegado a pedir su dimisión.
Los cuatro fiscales del procés —Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno— se unieron a las demandas cada vez más insistentes y reclamaron por escrito a García Ortiz que, "en su condición de fiscal general del Estado y presidente del Consejo Fiscal, previa audiencia de este órgano", les concediera "amparo institucional" porque, "junto con la concesión de la amnistía, un mecanismo excepcional de gracia que no está contemplado en la Constitución, han pactado la creación de comisiones de investigación en sede parlamentaria con la finalidad de evaluar las actuaciones que hayan realizado o realicen los órganos judiciales y del Ministerio Público".
Su solicitud fue respaldada por la gran mayoría de fiscales de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) que le criticaron en otra misiva por "ignorar deliberadamente" la petición de "amparo institucional" de los fiscales del procés frente a las comisiones de investigación parlamentarias pactadas por PSOE y Junts para detectar supuestos casos de guerra sucia judicial.
Expresaban su "decepción por la falta de voluntad" del fiscal general de "salir al paso de las injuriosas insinuaciones" sobre la actuación de los fiscales del procés que "se han plasmado en el acuerdo de investidura firmado por PSOE y Junts" relativas al denominado lawfare —también conocido como "guerra judicial"— contra el independentismo catalán.
Hasta ese momento, el fiscal general del Estado venía destacando que cualquier posicionamiento del Ministerio Público respecto de una futura amnistía exigía "conocer la definitiva norma que la regule una vez forme parte de nuestro ordenamiento". Así las cosas, apuntó que dicho posicionamiento, "en todo caso técnico-jurídico", se realizaría "a través de los cauces estatutarios" y en las causas en las que se demande la intervención de la Fiscalía. García Ortiz insistía en distintos momentos en que debía "mantener una posición pública" imparcial. Aseguró también varias veces, sin pronunciar la palabra procés, que velaría "siempre" por "la autonomía de quienes han ejercido y ejercen como fiscales en defensa de la legalidad, de los valores y principios constitucionales y, en definitiva, de las instituciones democráticas".
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