Los abogados del exprocurador general Jean Alain Rodríguez acusaron al Ministerio Público y a la Cancillería de evadir la recomendación del grupo de trabajo de la ONU, de que se disponga la libertad del exfuncionario, que está en prisión (primero en una cárcel y ahora en arresto domiciliario) desde hace casi 900 días.
Los abogados Gustavo Biaggi, Carlos Balcácer y Nelys Rivas, afirman que la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, y el canciller Roberto Álvarez, procuran “sembrar odio y encono” contra el exfuncionario y que por eso evaden tratar el arresto “ilegal” pronunciado por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria hacia otros temas.
Insisten en que la intención de Reynoso y Álvarez es no “forzar al Estado” a que ejecute la opinión del organismo internacional, a pesar de la Cancillería dominicana entiende que el organismo no es uno internacionalmente vinculante.
“La decisión de la ONU enfoca la arbitraria, ilegal e innecesaria prisión preventiva, más no el fondo del caso que se ventila en sede de justicia, donde nos hemos defendido con peticiones de fondo e incidentales que han conminado al juez a tener que ordenar la lectura íntegra y completa del glosario acusatorio que supera las doce mil páginas”, explican los togados en una nota de prensa.
Recordaron que, además de recomendar la “inmediata libertad” del exprocurador, el Grupo de Trabajo solicitó al Gobierno dominicano desplegar una investigación independiente en torno al tema y, por consecuencia, tomar las medidas pertinentes contra los responsables de tal conculcación de derechos en contra de su defendido.
“En cuanto a la rueda de prensa de la Cancillería y la PGR, en modo alguno se atrevieron a enfocar la decisión y solicitud formal en sede de la ONU, todo porque ambos entes públicos no quieren forzar al Estado Dominicano”, agregaron los abogados.
Jean Alain Rodríguez cumple actualmente arresto domiciliario, con dos permisos a la semana para salir a trabajar a su oficina, de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. Previo a la vigente coerción que pesa sobre él, había cumplido 18 meses en prisión en el centro correccional Najayo-Hombres.
El exprocurador es el principal acusado del caso de corrupción Operación Medusa, en el que, además de estafar al Estado con más de 6,000 millones de pesos, se le imputa haber eliminado de manera intencional la base de datos, los sistemas informáticos, telemáticos y telecomunicaciones de la Procuraduría General.
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