La ley de amnistía no arrancará oficialmente su tramitación en el Congreso de los Diputados antes del 12 de diciembre, pero cada paso que va dando la norma genera nuevos choques entre el PP y los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar. La Mesa del Congreso, en la que los socios de la coalición tienen mayoría, ha rechazado recabar un informe no vinculante sobre la proposición de ley de amnistía por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Fiscal. El PP también ha reclamado recabar estos informes en el Senado, donde cuenta con mayoría absoluta.
Al tramitarse como proposición de ley, una iniciativa elaborada por los grupos (en este caso, el socialista), la norma avanzará mucho más rápido, sin necesidad de recabar los informes de estos organismos o del Consejo de Estado, que sí serían preceptivos si se hubiera registrado como proyecto de ley (iniciativa del Ejecutivo). Además, la amnistía a los implicados en el procés catalán será tramitada por la vía de urgencia, que reduce a la mitad los plazos.
La Mesa del Congreso tramita la ley de amnistía con apoyo de PSOE y Sumar
Europa Press
En el sector de la mayoría en la Mesa entienden que el precepto al que alude el PP, el artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no es de aplicación, toda vez que se refiere a "anteproyectos de ley y disposiciones generales", y no a proposiciones de ley. Por su parte, en el PP se aferran a unas declaraciones proferidas por el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, de las que entienden que el Ejecutivo "asume su autoría", y no así el Grupo Socialista. Y que, por tanto, queda "contaminado" por la norma.
"Se llama proyecto de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Y se va a vehiculizar a través de una proposición de ley que ha presentado el Grupo Socialista", afirmó Bolaños el 13 de noviembre, tras el registro de la iniciativa. Aquí entienden que el ministro, entonces en funciones, "asume la autoría" sobre la norma, e insisten en reclamar informes sobre la misma. "Nada lo impide"; "el Estatuto del Ministerio Fiscal no objeta nada en contra" de la presentación de un informe, abundan fuentes populares, ante "una de las iniciativas más controvertidas" registradas en la Cámara Baja. "¿Qué temor tienen quienes lo han impedido?", plantean. El CGPJ ya se pronunció con contundencia sobre la norma cuando aún no se conocía el texto, y Sumar ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo por un posible delito de prevaricación administrativa.
Es una más de las batallas abiertas en el órgano de gobierno del Palacio de la carrera de San Jerónimo a cuenta de la amnistía, calificada en la anterior reunión de la Mesa, y ya en el carril de lanzamiento para llegar a la Junta de Portavoces, previsiblemente la próxima semana. A juicio del PP, debería haber sido inadmitida, toda vez que entienden que la norma es casi idéntica a la presentada en 2021 por ERC y Junts, cuando se impidió su tramitación al amparo del informe de los letrados que así lo recomendaban.
El informe que sí avala la calificación de esta norma —tampoco es vinculante— diferencia entre la ley actual y la anterior, que considera un indulto general encubierto, una figura expresamente prohibida en la Constitución. En esta batalla, el PP ha recusado al letrado mayor, Fernando Galindo —ex alto cargo del Gobierno— último responsable de este informe, y amaga con acudir a la vía judicial para intentar frenarla.
Las fricciones sobre la norma llegan al punto de que los conservadores acusan al PSOE y Sumar de utilizar una "doble vara de medir", toda vez que han bloqueado una nueva ley ELA por su impacto presupuestario, pero asumen la tramitación de la amnistía que supone un "perjuicio" de 10 millones de euros a las arcas públicas, en referencia a la cantidad que el Tribunal de Cuentas considera malversada. Cada reunión de la Mesa evidencia el tono y el fondo que ambas partes van a imprimir a esta legislatura.
El PP se ha opuesto también a la creación de una nueva comisión de investigación sobre el espionaje con el software Pegasus, al entender que supone un paso más para fiscalizar el supuesto lawfare, y critica que el PSOE ha reaccionado con un "silencio" como única respuesta. La comisión ya tiene luz verde de la Mesa, así como otras dos ya pactadas con Junts.
Previsiblemente, estas tensiones se dejarán ver en el día a día de las comisiones ordinarias: las siete mixtas estarán presididas por el PP, gracias a su mayoría en el Senado. Este martes se celebra el pleno en el que se aprobará la modificación del Reglamento que permite la creación de estas comisiones (23 de ellas legislativas), y hasta el jueves los grupos podrán proponer nombres para presidirlas. Con ellas empezará a rodar el engranaje del Congreso al completo, más de tres meses y medio después de la constitución de las Cortes Generales, tras dos sesiones de investidura y fuego cruzado entre los dos grandes partidos, a cuenta del funcionamiento a medio gas de la Cámara.
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