Derecho a Morir Dignamente lamenta la desigualdad entre comunidades autónomas a la hora de desplegar la ley.
Cuatro años después de entrar en vigor de la Ley de Eutanasia en España, solo el 40% de las personas que la han solicitado han podido ejercerla, unas 1.300 de las 3.000 que la solicitaron. Es el balance que ha hecho hoy la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) en rueda de prensa, donde también ha lamentado la desigualdad en el despliegue de la ley entre autonomías. La asociación ha detallado que a una cuarta parte de las personas que solicitan la eutanasia se les deniega la ayuda para morir, y otra cuarta parte de los interesados fallece durante su tramitación.
Según los datos recogidos, Catalunya es el territorio que más prestaciones ha registrado, con 358 solicitudes y 142 eutanasias realizadas en 2024. Unas cifras que cada año van en aumento, pero que representan datos "demasiado dispares" respecto a otras comunidades. Además, hasta junio de 2025, "menos de la mitad de las CCAA han publicado el informe anual, obligatorio por ley, con los datos de 2024" e incluso algunas, como Canarias o la Comunidad Valenciana, no han publicado datos desde 2022.
A falta de conocer el total con más detalle, el Ministerio de Sanidad detalla que el año pasado se registraron 960 solicitudes y se prestaron 427 prestaciones. Y, en el caso de los últimos cuatro años, 2.475 solicitudes y 1.034 prestaciones, lo que supone la aplicación de un 42% del total. Unas cantidades que, según DMD, "no constituyen una cantidad ingente de datos". Por lo que han pedido al ministerio y a las comunidades que publiquen sus informes el primer trimestre del año que viene.
"Estuve batallando la muerte de mi madre"
Los números no son la única diferencia entre comunidades. También lo son las maneras de aplicar la ley, ya que para los familiares de Teresa y Lucas saber que tenían esta opción fue un descanso, aunque conseguir que se aplicase fue una experiencia muy diferente debido a dónde residían. En el caso de Lucas, de Andalucía, ha lamentado que tuvo que pasar los últimos meses de vida de su madre -enferma con atrofia multisistémica-, "batallando" para que tuviese una muerte digna y que durante el proceso para solicitarla solo encontró "trabas y más trabas": "La doctora referente nos decía que eso era antinatural", ha relatado.
En cambio, el proceso en Catalunya para que el marido de Teresa tuviese una muerte digna fue más sencillo. Tras años enfermo con Parkinson y una demencia asociada al diagnóstico, Josep decidió que quería morir y cuando se aprobó la ley, pusieron en marcha la solicitud. Al acudir al Hospital de Vic, Teresa ha explicado que se encontraron con "mucha predisposición" y apoyo, por lo que su marido pudo irse "de la manera más digna, sin sufrimiento". "Todo se hizo como él deseaba, fue una experiencia llena de amor, dignidad y serenidad", ha añadido.
Cambios legislativos para evitar casos judiciales
La asociación estudia reclamar una reforma en la ley para evitar que haya casos que se judicialicen, como el de Noelia y Francesc, solicitantes de la eutanasia que llevan meses esperando porque sus padres denunciaron la aplicación de la ley. El objetivo es que los cambios legislativos consigan que los recursos tengan que resolverse en plazos "muy breves". La asociación pide que la resolución "no tarde más de 30 días", ya que en la actualidad la media es de 7 semanas (49 días), un plazo que, según la entidad, es "inasumible" para personas en situación terminal.
Según han dicho, "obligar a una persona a continuar viviendo en esta situación, en contra de su voluntad, atenta contra su integridad física y dignidad, y equivale a un trato inhumano y degradante, una tortura". "Son personas que están sufriendo", ha añadido Ramón Riu, jurista experto en derecho sanitario.
En el caso de la joven, un juzgado de Barcelona dictó sentencia el 14 de marzo de 2025, considerando que el padre no tenía interés legítimo para recurrir y que la resolución de la Comisión de Garantías cumplía los requisitos de la ley. Sin embargo, los abogados del padre presentaron un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluyna (TSJC) que mantiene la aplicación paralizada.
Fue también el padre de Fransesc el que solicitó que no se llevase a cabo la eutanasia a su hijo. El juzgado 5 de Barcelona inadmitió en noviembre esta petición, no obstante, el auto fue recurrido por el fiscal y el padre y el TSJC devolvió el caso al juzgado, admitiendo el recurso. Por lo que este proceso tambié... {getToc} $title={Tabla de Contenidos}