:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F073%2F6d8%2Fcec%2F0736d8ceccd7431055eaa50d392f7e41.jpg)
La riada que asoló parte de la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 va camino de pulverizar todos los registros españoles en impacto económico por daños materiales de una catástrofe natural. La Intervención General del Estado (IGAE) tenía registrados hasta el 31 de marzo (último mes computado) más de 8.276 millones de euros dedicados a paliar el impacto de la gota fría en sus informes de gasto de las distintas Administraciones Públicas dentro del marco de la contabilidad nacional.
Por niveles, la Administración central y los organismos estatales han sido con diferencia los que mayor desembolso económico han hecho hasta el momento. Solo en los dos meses finales del año pasado, cuando se tuvieron que atender de urgencia las labores de rescate, ayuda a las poblaciones afectadas y las primeras obras de emergencia, el gasto ascendió a 2.291 millones, repartidos entre 1.902 millones de los distintos ministerios y otros 389 de empresas públicas.
En el primer trimestre del año 2025 la cifra ha escalado en otros 5.185 millones, si bien, en este período, el grueso del gasto (4.722) procede de los organismos estatales, donde se enmarca el Consorcio de Compensación de Seguros, dependiente en su gestión del Ministerio de Economía, aunque financiado con las cuotas procedentes de las pólizas de seguros privados. En la última actualización difundida por la Moncloa, fechada este viernes, el importe abonado por el Consorcio a los afectados superaba los 3.000 millones de euros, la mayor cifra de la historia de la entidad en una catástrofe natural. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha otorgado 665,5 millones de euros en avales en 2.980 operaciones de crédito.
El Gobierno trocea en seis lotes el megacontrato de 1.961 millones para obras municipales de la dana
Víctor Romero. ValenciaNo obstante, no todo el dinero que la Intervención computa como gasto de la Administración central tiene todavía efectos visibles en las labores de reconstrucción. El Gobierno ha trasferido a los ayuntamientos afectados algo más de 1.700 millones de euros que todavía no se han transformado en obras ejecutadas. Están depositados en las cuentas bancarias locales, pero los municipios, que según la Intervención han gastado ya 60 millones de sus propios recursos, tienen problemas de capacidad administrativa para tramitar los contratos de reconstrucción de equipamientos públicos (bibliotecas, polideportivos, centros de cultura, etc) y redes de saneamiento que se financian con esos fondos.
El Ministerio de Política Territorial ha encomendado a la empresa estatal Tragsa la licitación de un acuerdo marco para canalizar la redacción y ejecución de proyectos de aquellos ayuntamientos que quieran recurrir a este mecanismo. El megacontrato se ha troceado en seis lotes y está en tramitación. La lentitud de los plazos burocráticos es uno de los aspectos que más desazón genera en las poblaciones afectadas.
Por su parte, la Generalitat valenciana, según la Intervención, ha dedicado a partidas enmarcadas en la respuesta a la dana 676 millones de euros, diez veces menos que la Administración central. El Consell de Carlos Mazón ha concentrado los desembolsos en obras de emergencia en Metrovalencia, viales autonómicos o infraestructuras sanitarias y educativas de competencia de la Generalitat, además de paquetes de ayuda para los afectados que acreditaron, tras haber tramitado el siniestro total a través del Consorcio, la pérdida de su vehículo. Para 2025, ha presupuestado en el capítulo de gasto dedicado a la dana 2.364 millones de euros. Pero las cuentas pasaron el filtro definitivo de las Cortes Valencianas hace apenas dos semanas, en el sexto mes del ejercicio, por lo que difícilmente podrán cumplirse en plazo los objetivos anuales de ejecución de proyectos.