El pleno del Consejo concluye que el derecho a este tipo de convocatorias no están reguladas para los jueces.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves, en un pleno extraordinario, que la huelga de jueces convocada para la próxima semana por cinco asociaciones judiciales y fiscales carece de soporte legal. El órgano de gobierno de los jueces ha concluido por unanimidad que el derecho a huelga no está regulado para los jueces y, por tanto, "no procede tener por anunciada" dicha convocatoria ni establecer servicios mínimos.
En este sentido, el Poder Judicial insiste en que, aunque el derecho a huelga está reconocido en la Constitución, no está regulado para los jueces. No obstante, fuentes del órgano sostienen que no se prevén sanciones disciplinarias a los jueces que participen en la huelga.
La decisión responde a una solicitud formal del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que había pedido al CGPJ que se pronunciara sobre la legalidad de la convocatoria, tal y como ya fijó en febrero de 2009, 2012 y 2013.
Con todo, el CGPJ declara que la convocatoria de huelga no debería afectar al reparto de asuntos, a los servicios de guardia, a las decisiones urgentes de instrucción, a los procedimientos para la tutela de derechos fundamentales, a los procesos o incidentes en que intervengan personas vulnerables, a las medidas cautelarísimas, y, en general, a cualquier otra decisión judicial inaplazable o cuya demora resulte inconciliable con los derechos fundamentales o con la dignidad de un poder del Estado como es el Poder Judicial.
Por su parte, las asociaciones judiciales y fiscales —todas salvo las de perfil progresista— habían anunciado su intención de cesar la actividad los días 1, 2 y 3 de julio para mostrar su rechazo a los proyectos legislativos que reforman el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal.
"Reparos" a la reforma de acceso a la carrera
En el marco del acuerdo, los vocales incluyen un punto en el que recuerdan que el CGPJ en su informe al anteproyecto de ley que modifica el acceso a la carrera judicial y fiscal "opuso, por unanimidad, varios reparos" al proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal en ambas carreras.
En particular, el órgano reitera el "carácter injustificado" de esta medida al considerar que no es "una exigencia derivada de la carta de emplazamiento que la Comisión Europea dirigió al Reino de España el 3 de octubre de 2024" en el marco de un procedimiento de infracción.
El CGPJ avisa de que "el proceso extraordinario de estabilización rebaja considerablemente los requisitos ordinarios para acceder a las carreras judicial y fiscal por el turno libre o por el denominado 'cuarto turno', menoscabando con ello el derecho fundamental a la igualdad en el acceso a las funciones públicas". Asimismo, recalca que la estabilización de cientos de jueces y fiscales sustitutos "no pone fin a la denominada justicia interina (...) en la redacción dada a estos preceptos por el anteproyecto de ley".
En otro punto del acuerdo fijado este jueves, el CPGJ reconoce a los integrantes del Poder Judicial "los años de dedicación y esfuerzo invertidos en la superación de las pruebas de acceso a la carrera judicial, así como su profesionalidad en el ejercicio de la función jurisdiccional en situaciones no siempre favorables".
El bloque progresista, en contra de la huelga
Durante el Pleno extraordinario de este jueves, todos los vocales del bloque progresista del CGPJ —a excepción de Carlos Preciado— han defendido que "no es admisible" que "el Poder Judicial, otorgado a título individual a jueces y magistrados, se auto erija en garante de la defensa del Estado de Derecho y reclame, sin apoyo orgánico alguno, la retirada de dos procesos legislativos en tramitación".
Así consta en un documento en el que se recogen todos los argumentos que han planteado sobre la convocatoria de huelga. Los nueve vocales insisten en que los jueces deben respetar el proceso legislativo de la reforma impulsa por el Gobierno estén o no de acuerdo con su contenido, "sin que sea factible" que "promuevan un movimiento de protesta que ha desbordado ampliamente los límites establecidos en su estatuto".
En este sentido, consideran que el CGPJ "ni puede mostrar su respeto por la movilización convocada, ni mucho menos su solidaridad o simpatía por esa llamada al enfrentamiento". Y reiteran que "los miembros de la carrera judicial, como integrantes de uno de los poderes del Estado, no tie... {getToc} $title={Tabla de Contenidos}