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Cientos de jueces y fiscales se han echado a la calle este miércoles durante diez minutos en contra de las medidas legislativas lanzadas por el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Ante los juzgados de toda España han alertado de los riesgos de retroceso para la independencia judicial que aprecian en dos leyes que impulsa el Ejecutivo. "Quieren un poder judicial en minúscula", han alertado. Togas negras y un aviso común, están hartos de los permanentes ataques a la judicatura desde el Gobierno. Hartos del "descrédito" del Ministerio Público. Hartos del pretendido manoseo de sus funciones.
En muchos de esos lugares se ha repetido una escena que ha tenido lugar a las puertas del Tribunal Supremo. Mientras en la puerta principal un centenar de magistrados y fiscales paraba, ciudadanos que se encontraban en la zona aplaudían su iniciativa. "Gracias", "valientes", se ha escuchado. Mientras tanto, en Plaza Castilla se agolpaba una multitud en respaldo de la magistratura. Hubo gritos aislados a favor del juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña Gómez. "Juez Peinado, estamos a tu lado", podía escucharse.
Con la advertencia de que su protesta es ajena a ideologías políticas, han explicado sus motivos con la lectura de un manifiesto en el que explican que actúan, simplemente, "en defensa de un poder judicial fuerte e independiente". Creen que está amenazado por recientes iniciativas como el proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal y el anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.
La primera de ellas, tramitada "injustificadamente" por vía de urgencia, rebaja —en su opinión— la excelencia de conocimientos actual para el acceso a las carreras judicial y fiscal, y elimina contenido esencial para su formación, "introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración".
Entre otras medidas (como la de meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces), se pretende crear un centro de preparación de opositores "dependiente directamente del Gobierno y, por ello, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país".
"Pero, sobre todo, poniendo falsamente a Europa como excusa, se quiere modificar la base de ambas carreras convirtiendo en jueces y fiscales a 1.300 jueces y fiscales sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud para ello y, consecuentemente, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con grave perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal", avisan.
El paro pretende ser un aviso a la ciudadanía. Este proyecto se combina con un segundo que reforma la figura del fiscal general. “Como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo, lo que, sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción”, advierten.
Clima de ataqueTodo esto sucede en un clima de continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía, “con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice el Gobierno y que, por todo ello, minan la confianza de los ciudadanos en su Justicia, lo que facilita los abusos de poder contra esos mismos ciudadanos”.
"No quepa duda de que estas reformas, van encaminadas a convertir al poder judicial en un poder con minúscula, un poder más débil"
"No quepa duda de que estas reformas de que hablamos, enmarcadas entre otras que se han ido produciendo, van encaminadas a convertir al poder judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder, en la senda de las democracias iliberales que, por eso, no lo son realmente. Por todas estas razones, y con este paro, pedimos la retirada de ambos proyectos. Y para el caso que no sea así, no descartamos la adopción de medidas de conflicto más intensas, como la huelga", concluyen.
En relación con estos ataques, la presidenta del Supremo, Isabel Perelló, ha expresado este mismo miércoles su apoyo a todos los magistrados del alto tribunal y a los jueces que soportan "descalificaciones constantes de quienes discrepan de sus decisiones" y ha hecho un llamamiento a autoridades y particulares a que recuperen el respeto que merecen los tribunales y quienes los sirven. Las críticas contra el juez Ángel Hurtado han ido subiendo de nivel en las últimas horas hasta el punto de que, desde el Ejecutivo, se le acusa incluso de forma velada de prevaricar tras el procesamiento del fiscal general.
"Lamento que la pérdida del respeto que merecen personas e instituciones y, especialmente, los tribunales de justicia y quienes los sirven, haya llegado a niveles que nunca debería haber alcanzado. Desde aquí quiero hacer un llamamiento a autoridades y particulares a recuperar ese respeto y reclamo el cese de cualquier presión o interferencia en la labor judicial", ha dicho durante su intervención en el acto de inauguración de las XXXIII Jornadas de Magistrados/as Jueces/zas Decanos/as de España.
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