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El Tribunal Supremo ha rechazado la querella que un grupo de juristas presentó el pasado noviembre contra el rey emérito por cinco delitos fiscales. Entre los firmantes figuraban magistrados retirados y antiguos miembros de Anticorrupción, pero el alto tribunal les recuerda que la Fiscalía ya abrió una investigación contra Juan Carlos I en 2020 y que archivó la misma dos años después.
"El relato fáctico se limita a una glosa crítica de las decisiones de la Fiscalía, sin contrarrestar los argumentos que fundamentaron el archivo con algún apoyo documental de contraste”, advierte el Supremo. “No rebaten ninguna de estas razones, se limitan a instar de esta Sala que repita la investigación, que reclame todos los documentos que han dado apoyo a la decisión de archivo del Fiscal y que, a partir de ahí, recalculemos los plazos de prescripción o del expediente de regulación”.
Entre los querellantes figuraban el magistrado jubilado del Supremo José Antonio Martín Pallín y los fiscales anticorrupción retirados Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena. También el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo y el profesor de esta misma materia Joaquín Urías.
El Supremo explica que admitir su querella supondría convertirlos en "entusiastas valedores de unos intereses tributarios" que, según confirmó Hacienda, "ya han sido satisfechos". A esto se suma que han realizado una "selección fragmentada e interesada" del decreto de archivo que dictó la Fiscalía en 2022, y todo ello sin justificar los motivos por los que debería abrirse una investigación tres años después.
La Fiscalía archiva las tres investigaciones sobre Juan Carlos I
Beatriz Parera"En términos jurídicos, nada ha cambiado", advierten los magistrados. "Un decreto de archivo no puede ser reformateado para hacerle decir lo que no dice, para transmutar las razones del cierre de una exhaustiva investigación en motivos para la apertura de una causa penal".
El archivo de la FiscalíaLa Fiscalía abrió hasta tres líneas de investigación paralelas sobre la fortuna oculta de Juan Carlos I. Algunas de ellas se basaron en las exclusivas del El Confidencial sobre las comisiones por la obra del AVE a La Meca, los abonos del millonario mexicano Allen Sanginés-Krause y el trust de la isla de Jersey, pero el Ministerio Público dio carpetazo a todas ellas en 2022 al concluir que el monarca había gozado de inviolabilidad hasta junio de 2014, que determinados hechos habían preescrito y que ya había regularizado su situación con Hacienda.
El error que delató a Juan Carlos I: regularizó más dinero del descubierto por la Fiscalía
José María OlmoEn lo que se refiere a este último punto, Juan Carlos I reconoció en 2021 una deuda tributaria por importe de 4.395.901,96 euros, incluyendo intereses de demora y recargos. Meses antes, había realizado a su vez otra regularización por 678.393 euros.
Respecto a la posibilidad de que estas regularizaciones se presentaran gracias al conocimiento que su defensa tenía ya de la investigación, la Fiscalía defendió en sus decretos que ni en la incoación de las diligencias ni en las respectivas notificaciones "se hacía referencia a los hechos" a los que apuntaba en estas declaraciones. En opinión del Ministerio Público, esa circunstancia evitó "un conocimiento formal del inicio de diligencias que activara el bloqueo temporal a la regularización".