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El Juzgado de Instrucción número 19 de Barcelona que dirige María Pilar Rovira ha dictado un auto de apertura de juicio oral por el que manda al banquillo de los acusados por un delito de falso testimonio a Juan Soteras Vigo. Se trata de un veterano directivo del fútbol catalán investigado por corrupción y, pese a ello, elegido por el actual presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, para integrar su junta como vicepresidente. Soteras se enfrenta ahora a un nuevo caso en el que la Fiscalía le pide dos años de cárcel.
Soteras, de 77 años de edad, es también el presidente de la Federación Catalana de Fútbol. Los Mossos d’Esquadra entraron hace ahora un año en la sede de esta entidad autonómica en el marco de una investigación que tiene a Soteras como uno de los principales protagonistas. El apoyo de las federaciones territoriales es clave para llegar a presidir la RFEF. Soteras es uno de los cinco vicepresidentes de Louzán, recientemente absuelto por el Tribunal Supremo en un caso de prevaricación que acarreaba inhabilitación.
Los nuevos hechos que afectan a Soteras tienen que ver con un contencioso mantenido con un ex directivo de la Federación Catalana de Fútbol (FCF) al que cesó en 2021. Su nombre es Manuel Duran Ventura y ejercía como delegado de Vilafranca. Pleiteó contra su cese y el caso se estudió en otro juzgado de Barcelona. Según el auto dictado el 26 de febrero al que ha tenido acceso El Confidencial, “existen indicios racionales” de que Soteras mintió en sede judicial sobre lo que pasó en la junta en la que fue destituido el directivo afectado.
Soteras acudió a declarar en el juicio celebrado en marzo de 2023 en calidad de testigo, es decir, con la obligación de decir la verdad. Pero la Fiscalía cree que mintió. Dijo que el día de la junta día no hizo ningún nombramiento, pero el ministerio público indica que se acordaron los nombramientos de dos delegados territoriales, uno de ellos el de Vilafranca, precisamente. Soteras también sostuvo en el juicio que a Ventura se le permitió hablar y no poco antes de la votación “cuando lo cierto es que no fue así”, según la Fiscalía.
El ministerio público acusa también a Soteras de haber mentido cuando dijo que en la junta todas las destituciones se votaron de forma separada, como marca la legislación vigente, “cuando lo cierto es que se votaron en bloque”. El fiscal, en un escrito firmado el 8 de enero al que también ha tenido acceso este periódico, incluye entrecomillados del encontronazo verbal durante la junta en la que el directivo cesado pidió la palabra y Soteras le relegó al final, en el turno de ruegos y preguntas.
El ministerio público solicita que en el juicio por falso testimonio, que se seguirá en un juzgado de lo Penal, se tengan en cuenta como prueba las grabaciones de la junta de la Federación Catalana del 11 de febrero de 2021 y del juicio celebrado el 3 de marzo en el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona número 21. En el banquillo de los acusados se sentarán además otros dos directivos de la federación catalana para los que el fiscal pide la misma pena.
Pero en el mismo escrito de la Fiscalía se indica además que Soteras cuenta ya con una condena firme a sus espaldas de 2003 por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. En la web de la Real Federación Española de fútbol le presentan como una persona cuya “vida ha estado vinculada al mundo del fútbol, siempre en la vertiente directiva”, que “ha dedicado gran parte de su carrera de gestión futbolística al club de su ciudad, el CE Sabadell y que es “miembro de la Junta Directiva asignado para el desarrollo de la Comisión Económica”.
En la investigación en torno a la Federación Catalana que instruye un juzgado de Sabadell, los Mossos d’Esquadra se incautaron de su teléfono móvil y de otro directivo. Del análisis de esas comunicaciones, los investigadores extrajeron que el expresidente de la RFEF Luis Rubiales, pactó con dirigentes de la regional catalana destinar 600.000 euros por un programa informático para el fútbol español pese a reconocer que lo podía conseguir gratis por otras vías. El Juzgado de Sabadell remitió esta información a la jueza de Majadahonda que investiga a Rubiales y a Gerard Piqué por las presuntas irregularidades de su gestión en el marco de los Supercopa Files.
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