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Transporte terrestre, alojamiento y manutención. Son las tres variables que incluye el concepto dieta en el Parlamento de Canarias. Hasta el pasado mes de agosto los ingresos medios de los representantes de la Mesa de la Cámara regional por las dietas eran de 904 euros al mes. En pleno julio, mientras media España se iba de vacaciones y la administración colgaba el cartel de cerrado, los miembros del Parlamento movieron ficha. Decidieron subir los sueldos base cerca de un 10% y actualizaron las cuantías destinadas a las dietas, que llevaban congeladas más de diez años. La decisión estaba justificada por las continuas subidas de los precios. El problema fue que las partidas se duplicaron y la información que desde 2017 se recopilaba, desapareció de la web. A día de hoy, siguen sin publicarse las retribuciones que están exentas de IRPF.
Las dietas pasaron a superar los 2.080 euros de media. Mientras que los complementos de la presidenta de la Mesa alcanzaron por primera vez los 6.500 euros. Los datos crearon malestar en el archipiélago. “Los políticos se asustaron y unos días después se eliminaron los datos de la web de Canarias”, señala Miquel Prat, el presidente de la Asociación por la Transparencia en Canarias. Era la primera vez, desde que se publican los datos, que alguien los eliminaba.
Desde entonces, la polémica está servida en el archipiélago. Después de que en noviembre se borraran las cuantías, un periodista de la agencia EFE hizo una solicitud formal de transparencia a la Mesa del Congreso para pedir la información. Sin embargo, la respuesta fue desestimar la petición. Este hecho propició que la Asociación por la Transparencia en Canarias interpusiera a mediados de enero una denuncia contra el Parlamento autonómico en la Comisión de Transparencia de la región. “Si algo cabrea a la gente son los sueldos de los políticos”, advierte Miquel Prat a El Confidencial y recalca que “es solo la punta de algo más complejo”.
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Borja Negrete
La Comisión, que depende del propio Parlamento, no pudo hacer mucho más porque no tiene competencias fiscalizadoras sobre la Cámara canaria. “El problema es que no se puede ser juez y parte implicada”, matiza Prat. En su respuesta, la comisionada Noelia García Leal -exalcaldesa de Los Llanos de Aridane por el PP- aseguró que no está entre sus funciones obligar a que se publique esta información, que realmente los datos sí se encuentran en la web y que la verdadera labor de la Comisión es velar para que el lenguaje empleado sea claro y accesible. “La Comisión explica que las cifras sí que están, pero es una verdad a medias”, subraya Prat. Los conceptos sí que están publicados, pero no lo que percibe en concreto cada miembro del Parlamento. “Para saber las dietas específicas, tendríamos que abrirnos un Excel y empezar a sumar conceptos en función de las labores que tenga cada uno”, incide y zanja: "Eso es de todo menos lenguaje claro".
Los datos que deben publicarse están recogidos tanto en la ley de Transparencia nacional como en sus homónimas autonómicas. “En concreto, el Reglamento del Parlamento de Canarias que en su art. 18.2 establece que las retribuciones que perciban los diputados, cualquiera que sea su naturaleza, serán publicadas en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias y en el Portal de Transparencia del Parlamento”, explica Joaquín Meseguer, experto y miembro de varios grupos de trabajo sobre Transparencia en el Ministerio de Función Pública.
El problema reside en la generalidad y amplitud del concepto “retribuciones”, explica Meseguer a este medio. El experto puntualiza que, aunque pudieran incluirse las dietas dentro de las retribuciones, el artículo 18.2 también establece que “los parlamentarios podrán percibir otras cantidades de naturaleza no retributiva sino indemnizatoria”. Unas partidas que podrían englobar también a las dietas. “Esa mención a las dietas como una cantidad de naturaleza no retributiva, podría permitir, en una interpretación muy restrictiva, dejar esas cuantías al margen de la obligación de publicar que enuncia el art. 18.2 antes citado”, puntualiza el experto.
Los falta de concreción de la ley es el subterfugio que en muchas ocasiones emplean las administraciones para negar los datos. Meseguer señala que en este caso “lo criticable es el cambio de criterio: ¿Por qué lo hacían sin estar aparentemente obligados y ahora dejan de hacerlo sin una explicación?”
Miquel Prat, por su parte, apunta que la Mesa, formada por políticos de Coalición Canaria, el PSOE y el PP, ha concretado que los datos publicados eran erróneos y que podrían provocar un problema con la Relación de Puestos de Trabajo -el documento en el que se concretan los puestos de los trabajadores públicos y sus correspondientes retribuciones-. Sin embargo, seis meses después de aquel “error” aún no hay más información al respecto ni se ha indicado cuándo se solventará el problema. Además, Prat añade que este nuevo obstáculo se suma a la falta de información sobre las agendas y los gastos que van aparejados a esta. "Si la Comisionada no tiene capacidad coercitiva y el ciudadano ante la falta de respuesta se tiene que ir al Contencioso, la ley pierde mucho valor", señala y cuestiona: "¿Qué ciudadano va a hacer todo esto?".
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