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La Generalitat que preside el popular Carlos Mazón ha hecho de la ausencia de información suficiente por parte de organismos estatales el eje de su defensa, hasta ahora política, sobre la gestión de la trágica DANA que azotó parte de la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre y se cobró más de doscientos muertos. Tanto el barón alicantino como cargos de su Consell, incluida la ya cesada exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, llevan desde los días posteriores a la catástrofe argumentando que ni la AEMET ni la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) avisaron con suficiente antelación del impacto del volumen de las lluvias y del crecimiento de los caudales, con incidencia constante en el barranco del Poyo.
También han descargado sobre los técnicos la responsabilidad del contenido de los mensajes que se mandaron a la población, especialmente del aviso masivo ES-Alert que los teléfonos móviles geolocalizados en Valencia recibieron a las 20:11 horas de aquella fatídica jornada, cuando ya se habían producido el grueso de los fallecimientos, tal como han quedado en evidencia los relatos de los familiares incorporados la causa por homicidio y lesiones por imprudencia grave, que se instruye en el Juzgado número 3 de Catarroja.
Todo ese discurso, alimentado y propagado por las populares, recibe una severa enmienda en el auto que la instructora Nuria Ruiz Tobarra notificó ayer a las partes personadas en el proceso. Un escrito en el que llama a declarar como investigados a la exconsellera Pradas y al secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. La magistrada, que insiste en que se tomaron decisiones con retraso, empezando por la propia constitución "con una gran demora" del Cecopi a las 17 horas, sostiene tras haber recabado documentación e información de los distintos organismos que "los anuncios de la gravedad de la situación se produjeron en diversos ámbitos y con una antelación suficiente".
La instructora cita cuatro elementos claves para sostener su afirmación: los avisos de AEMET los días previos y el mismo día 29 de octubre; las casi 20.000 llamadas de afectados al teléfono 112 de Emergencias de la Generalitat que se produjeron aquella jornada; los medios de comunicación, "que fueron informando de manera clarísima de la evolución de la DANA"; y el acceso a la información que "se podía efectuar a través del sistema integrado SAIH, así como los correos electrónicos" de la Confederación Hidrográfica del Júcar, a cuyo presidente, Miguel Polo, descarta citar como investigado al liberarlo de responsabilidad penal.
La referencia a los datos proporcionados por la CHJ es relevante porque tanto Polo como el organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica están en la diana de los populares desde hace cuatro meses. Sin embargo, la jueza cree que la entidad proporcionó información suficiente y descarga sobre los altos cargos de Emergencia de la Generalitat la responsabilidad de haber interpretado tarde o no haber estado atentos a esos datos, incluso de no haber sabido hacerlo, "lo que resultaría igualmente grave", dentro de sus competencias como encargados de la protección civil.
"No se puede alegar un desconocimiento de los responsables de emergencias de la Generalitat Valenciana del SAIH ni de la posibilidad de acceso al mismo, ni de forma paralela atribuir responsabilidad penal al presidente de la Confederación Hidrográfica, ni a prácticamente todos los cargos directivos o no de dicho organismo. Más allá de la remisión de correos electrónicos entre las 16:13 horas y las 18:43 horas que informaban sobre el caudal ha de atenderse a la información que se proporcionaba por el SAIH", señala la magistrada sobre el sistema de información en tiempo real, de la que hace un repaso de los trece avisos registrados desde las 18 horas, cuando comenzó a registrarse en el Poyo una crecida fuerte del caudal, hasta las 19.20 horas, cuando el sensor saltó por los aires como consecuencia de la fuerza del agua.
La magistrada da por bueno el informe remitido por la CHJ y señala que el Centro de Emergencias de la Generalitat habría tenido acceso a esos datos, no solo a través de la web, sino de la aplicación SAIHWIN y del visor de la Red de Alertas Nacional. "Cuestión distinta es que se desconociera por los responsables las localidades donde discurría el barranco del Poyo, algo que no desconocían los periodistas como se ha señalado, y que podían verse afectadas por un caudal ascendente, por posibles desbordamientos. Para ello nuevamente no serían necesarios especiales conocimientos técnicos", señala poniendo en duda las capacidades de gestión del equipo de Emergencias del Consell de Mazón.
"El problema residiría no en la ausencia de información, la había sobrada, y por innumerables medios, en tiempo real, al alcance de los responsables, ni si la información venía de órganos dependientes de la administración central (CHJ o AEMET) o autonómica (el 112 Comunitat Valenciana) sino en el hecho de que ante dicha información, o bien se ignorara la misma, no se comprendiera su alcance (lo que resultaría igualmente grave), no se supieran por donde discurría el barranco del Poyo, la situación del resto de poblaciones no relacionadas con dicho barranco, o no se tomaran las decisiones pertinentes por quien tenía el poder de decisión", escribe la magistrada Nuria Ruiz. "Las circunstancias del retraso deberán ser averiguadas", añade.
"Ha de señalarse que la DANA no fue un fenómeno meteorológico imprevisto, su avance y desarrollo ya fue anunciado por la AEMET, hasta el punto de que la Universitat de València, acordó la suspensión completa de sus actividades, medida que afectó afortunadamente a cerca de 50.000 personas, entre estudiantes, trabajadores y profesorado. Las previsiones meteorológicas debieron llevar a una convocatoria en la mañana del 29 de octubre de 2024 del Cecopi, al objeto cuanto menos de avisar a la población. En las previsiones meteorológicas, expresadas por todos los medios y aportadas al procedimiento, cobra especial transcendencia las que se llevaron a cabo por Apunt, pero no solo en los días previos, sino el mismo día", argumenta también en el apartado de razonamientos jurídicos.
La jueza insiste en que el aviso que se mandó a las 20:11 horas fue "tardío y erróneo". "La instrucción habrá de determinar las causas, que hasta el momento no resultan explicables, no solo para los familiares de los fallecidos, sino para esta juez instructora, de por qué no se indicó a la población de que se resguardara subiendo a zonas altas, más allá del doloroso, por su tardanza, e incompleto, por su contenido, mensaje que se ceñía a evitar desplazamientos".
Y cuestiona la versión de que fuese responsabilidad de los técnicos su contenido. "Resulta nuevamente extraño que se pretenda descargar en los técnicos el contenido del mensaje, no se dice cuáles, en el informe remitido en el que se informara sobre un eventual receso, así como el conocimiento y operatividad del sistema ES-Alert, que constituye un medio, no el único, para alertar a la población", dice para justificar la citación como investigados de Pradas y Argüeso.
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